El Consejo Asesor Institucional de AEDAF, sobre las reacciones ante la sentencia del 1 de octubre de 2020 de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

Publicado el viernes, 16 octubre 2020

Con el ánimo de ilustrar a la opinión pública, el Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) se ve en la necesidad de emitir este comunicado ante las reacciones que ha provocado la sentencia dictada el 1 de octubre de 2020 por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (recurso de casación 2966/2019) en el colectivo de los Inspectores de Hacienda del Estado, tanto en el seno de su Asociación Profesional (IHE), que ha difundido unos comentarios a la sentencia, como a título individual, mediante algunas desmedidas opiniones en las redes sociales.

La legítima crítica a las decisiones de los órganos judiciales, que, como la dirigida a todo poder público es el oxígeno que se ha de respirar en toda democracia avanzada, no justifica la descalificación institucional (“como siempre la justicia a favor del delincuente” -tuit de un Inspector de Hacienda-), la manipulación informativa (la sentencia “priva a la Inspección fiscal de la facultad esencial para el descubrimiento del fraude fiscal” -nota de la IHE-), ni mucho menos el señalamiento ad personam (referencias indirectas al ponente de la sentencia en otro tuit individual), sobre todo cuando proceden de servidores del Estado, que han de atender con objetividad a los intereses generales (según reza el artículo 103.1 de nuestra Constitución -CE-), o de las estructuras en las que se organizan profesionalmente tales servidores.

Estas salidas de tono obligan a este Consejo Asesor a realizar las siguientes puntualizaciones:

1º) El Tribunal Supremo, en el ejercicio de la función constitucional que le atribuye el  artículo 117 CE y en su condición de máximo órgano jurisdiccional de nuestro Poder Judicial (artículo 123 CE), ha fijado, a través del instrumento previsto por el legislador (el recurso de casación regulado en la Ley 29/1998 tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015), la interpretación de los preceptos legales que disciplinan las facultades de la Inspección de los Tributos para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de los contribuyentes, así como de aquellos otros que regulan el contenido de la imprescindible autorización judicial. En este contexto, ha negado que la entrada domiciliaria pueda justificarse de manera principal en el dato de que un contribuyente satisfaga una cuota tributaria inferior a la que resulta de la media de rentabilidad del sector en el que opera tal contribuyente.

2º) Lo ha hecho tutelando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE) para satisfacer el derecho, también fundamental, de una compañía mercantil a obtener la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), ambos pilares de nuestro sistema de convivencia, tanto aquí en España, como en el seno de la Unión Europea y en el Consejo de Europa, siguiendo como no podía ser de otra forma las pautas interpretativas fijadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

3º) La lucha contra el fraude fiscal, en la que los miembros de la AEDAF cumplen un papel imprescindible asesorando a los contribuyentes, constituye una herramienta irrenunciable para hacer real y efectivo el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo (artículo 31.1 CE). En esa lucha, la Inspección de Hacienda del Estado y los empleados públicos que en ella sirven desarrollan un papel encomiable, que la AEDAF reconoce. Pero en todo Estado de Derecho deben cumplirse las reglas del juego. Si en ese afán se constatan excesos por quien está llamado a corregirlos su deber es ponerles coto, máxime si lesionan derechos fundamentales. No hay en nuestro sistema constitucional poderes exentos de control (artículo 106.1 CE), mucho menos si se trata de una organización que, como toda Administración Pública, está plenamente sometida a la Ley y al Derecho (artículo 103.1 CE) y, en primer lugar, a la propia Constitución (artículo 9.1 CE).

4º) La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional de nuestro sistema jurídico en el ámbito tributario, cumpliendo con prudencia y mesura el papel que le encomienda nuestro ordenamiento jurídico a través del recurso de casación, lleva años sembrando seguridad jurídica en un ámbito como el tributario necesitado de mayores dosis de certidumbre, y lo está haciendo con pronunciamientos de una altísima calidad técnica, que evidencian un cabal conocimiento de la realidad a la que se aplican. En tiempos procelosos, desafueros como los que provocan la publicación de este comunicado ayudan poco al buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho.

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