El Observatorio Gonzalo Jiménez-Blanco analiza la nueva regulación de los derechos del accionista

Publicado el jueves, 22 octubre 2020
Observatorio Gonzalo Jiménez-Blanco

Jorge Vázquez Orgaz (socio director de Ashurst en España) y Pablo García-Manzano (socio de Derecho Público en Ashurst y Codirector del Observatorio Gonzalo Jiménez-Blanco)

Sebastián Albella, Presidente de la CNMV, y Jaime Pérez Renovales, Secretario General y del Consejo del Grupo Santander, han analizado ayer,  miércoles, el proyecto de ley que incorpora la nueva Directiva SRD II (sobre los derechos del accionista) en un encuentro virtual y con presencia de los ponentes celebrado en Ashurst. El acto se encuadra en el marco del Observatorio Gonzalo Jiménez-Blanco, en el que colaboran la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y Ashurst, despacho internacional de abogados líder en el asesoramiento a empresas e instituciones financieras, nacionales e internacionales.

Durante el evento, el presidente de la CNMV ha destacado, entre otros aspectos, el relativo a las diferentes novedades que esta nueva regulación introduce respecto a las denominadas acciones de lealtad (loyalty shares). Esta directriz, muy debatida por alterar “el sacrosanto principio de una acción, un voto”, según indicaba Albella, introduce la posibilidad de conceder valor doble por cada acción en las votaciones a aquellos accionistas que hayan permanecido un tiempo determinado dentro de la estructura de la compañía. Sin embargo, el máximo responsable del regulador de los mercados financieros ha querido argumentar a favor de esta regulación que no solo existe en la mayoría de los mercados occidentales, sino que también favorece una mirada más «largoplacista» de los accionistas dentro de las sociedades. Asimismo  blinda los núcleos accionariales frente a las fluctuaciones del resto del capital cotizado y anima a más empresas a salir a bolsa. Con todo, Albella ha señalado que el proyecto de ley sobre derechos del accionista significa principalmente «ampliar el menú» a disposición de las sociedades de capital y supone solamente un paso “recatado” en esta dirección frente a lo que existe en otros países del entorno.

De la misma forma, el Presidente de la CNMV también se ha mostrado a favor de la prohibición de las personas jurídicas como consejeros de las sociedades cotizadas. En este sentido, ha asegurado que esta posibilidad -que formaba parte de la tradición societaria española- era muy “exótica” o inexistente en otros países de la Unión Europea, por lo que sirve para unificar los criterios con otros países de nuestro entorno. Ha señalado además que esta nueva regulación responde igualmente a una reflexión de buen gobierno corporativo, ya que clarifica quién es en todo momento la persona que ocupa el cargo de consejero y permite aliviar situaciones de tensión o diferencia de intereses en el caso de los consejeros dominicales.

Por su parte, Jaime Pérez Renovales se ha detenido especialmente en el ámbito e impacto de las políticas de implicación (engagement policies) recogidas en la SRD II y en los aspectos relativos a la información no financiera. En cuanto a la remuneración de los directivos, ha indicado que la nueva regulación obliga a las sociedades a compartir con sus accionistas no solo un registro de la remuneración de su consejo de administración sino también a compararlo con otros elementos, como el desempeño de la empresa o los salarios de sus empleados. De esta forma se incrementa la transparencia en la gestión y la información disponible para los accionistas.

Por otra parte, el Secretario General del Grupo Santander ha destacado también el impacto de la nueva Directiva en lo referente a las operaciones con partes vinculadas y a los supuestos en que estas pueden ser autorizadas por los consejos de administración de las sociedades cotizadas. En este sentido, se ha mostrado a favor de la nueva regulación legal y ha indicado que tanto lo relativo a la autorización y supervisión de estas operaciones, como su transparencia, debe ser estrictamente aplicado por parte de los consejos de administración de las sociedades.

Por último, Sebastián Albella ha querido mostrar su apoyo a la norma relativa a la no obligatoriedad de la presentación de resultados trimestrales por parte de las sociedades cotizadas, algo que ya es frecuente en la Unión Europea, dado que fomentará una “mirada más a largo plazo de las sociedades”. No obstante lo anterior, ha hecho un llamamiento a las sociedades cotizadas para que sigan presentando, de forma voluntaria, estos resultados de cara a reducir la asimetría en la información disponible que pueda generarse en el mercado.

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