Nuevo paper de AEDAF: La prohibición de confiscatoriedad como límite a la actuación de todos los poderes públicos

Publicado el viernes, 5 febrero 2021

AEDAF

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha publicado su nuevo paper, titulado “La prohibición de confiscatoriedad como límite a la actuación de todos los poderes públicos”, cuyo autor, Juan Ignacio Moreno, profesor de Derecho Financiero y Tributario y letrado de carrera del Tribunal Constitucional, aborda el estado actual de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la confiscatoriedad tributaria en España, a través de su jurisprudencia.

En este trabajo de investigación de AEDAF se lleva a cabo un análisis de la situación actual del mandato constitucional de la prohibición de confiscatoriedad tributaria, consagrado en el art. 31.1 de la Constitución Española (CE) y el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución (art. 9.1 CE). Todo lo anterior, sustentado en el derecho a la propiedad privada, la obligación de contribuir y la capacidad económica de los ciudadanos.

El autor aborda la prohibición de confiscatoriedad desde una doble vertiente. Por un lado, impide que, amparándose en el deber de contribuir, se agote la riqueza sometida a imposición de los ciudadanos, y por otro lado, impide el gravamen de manifestaciones de capacidad económica ficticias, ya se haga de manera total o simplemente parcial. Lo que se pretende poner de relieve de manera contundente es la prohibición de la confiscatoriedad como un derecho constitucional del contribuyente. El deber de contribuir debe articularse no de cualquier manera sino “de acuerdo con” y “en función de” la capacidad económica de los ciudadanos. Así, la prohibición de la confiscatoriedad ejerce como límite de facto a los poderes públicos.

Como expresa el autor en su conclusión número 5: “El contribuyente tiene la obligación constitucional de tributar (art. 31.1 CE), pero no debe hacerlo de cualquier manera, sino únicamente “con arreglo a la ley” (art. 31.3 CE). La Administración tributaria, por su parte, tiene la obligación de hacer tributar a todos “con arreglo a la ley” (art. 31.3 CE) y no de otra manera, pues no solo los ciudadanos, sino también los poderes públicos, “están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1 CE). Cuando la Administración rechaza irrazonablemente la aplicación de lo previsto en la ley (por ejemplo, negando una exención, una reducción o un gasto) está incurriendo en una conducta arbitraria que, por sus consecuencias (gravamen de una capacidad económica inexistente), provoca un resultado claramente confiscatorio.”

Este nuevo informe de AEDAF se completa con la incorporación de un análisis comparado, muy revelador, de cómo otros países de nuestro entorno han resuelto el problema de la confiscatoriedad en materia tributaria desde la perspectiva de la proporcionalidad.

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