SE CONSUMA DEFINITIVAMENTE EL PROCESO PRIVATIZADOR DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA MUNICIPALES

Publicado el jueves, 20 mayo 2021

COMUNICADO  ALTODO

Como ya dijimos en nuestros anteriores comunicados de fechas 24 de mayo, 2 de julio, 19 de agosto, 22 de septiembre y 31 de octubre de 2019, 1 de junio de 2020, y en la Carta Abierta que con fecha 26 de junio de 2019 nuestro Presidente dirigió al actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, éste, lejos de dar marcha atrás, y con la única oposición del Grupo Municipal Socialista (mediante Proposición presentada en fecha 17.9.2019), ha continuado adelante con el proceso privatizador de los Servicios de Orientación Jurídica Municipales, iniciado por el Consistorio madrileño cuando lo presidía Manuela Carmena, quien sacó a concurso el denominado Servicio de Orientación Jurídica Gratuita Generalista para personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid” (“SOJ MUNICIPAL”) y finalizado recientemente con la adjudicación del denominado “Servicio de Orientación Jurídica en materia de extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia en el municipio de Madrid (SOJEM)”.

Como también dijimos, este servicio público venía siendo prestado desde 1989 por el Colegio de Abogados de Madrid, una Corporación de Derecho Público con más de 400 años de existencia, dotada de las necesarias notas de permanencia, independencia, solvencia, calidad, control deontológico, imparcialidad y objetividad, mediante un sistema de convenios por cuya virtud el Ayuntamiento prestaba diversos espacios y aportaba una cantidad económica anual vía subvención, y el Colegio aportaba su infraestructura administrativa y de gestión, y un equipo de abogados altamente cualificados y previamente seleccionados al efecto mediante examen; finalizado el proceso de licitación, estos servicios pasan a ser prestados por una empresa privada denominada LAW AND BUSINESS ENTERPRISES WORLDWIDE, S.L., (“LABE ABOGADOS”).

No podemos sino reiterar nuestro posicionamiento radicalmente contrario a este proceso privatizador, conforme a las siguientes CONSIDERACIONES:

1º) La “subasta al mejor postor” de este servicio público es contraria a la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), que establece un principio de exclusividad a favor de los Colegios de Abogados, en tanto que Corporaciones de Derecho Público, tanto para prestar el servicio de asesoramiento u orientación previo al proceso, como para prestar el servicio de información y tramitación de solicitudes de justicia gratuita.

2º) Dicha Ley, en conexión directa con las leyes de Competencia Desleal y Libre Competencia, ninguna de las cuales constan derogadas, contempla como única excepción al libre mercado en la prestación de servicios jurídicos (incluido el mero asesoramiento jurídico), la prestación gratuita de esos servicios merced a la inyección de fondos  públicos única y exclusivamente a favor de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, o a favor de aquellos colectivos a quienes, con independencia de su nivel de recursos, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita les reconozca el derecho. Y siempre y cuando el prestador de esos servicios gratuitos sean los Colegios de Abogados, en ejercicio de las exclusivas competencias que la Ley les otorga. Todo lo demás es competencia desleal.

3º) El Estatuto General de la Abogacía Española, en su artículo 4º apartado 1.d) enumera las funciones de los Colegios de Abogados, entre las que se recogen: “Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse”.

La asistencia y apoyo en la tramitación de la solicitud de justicia gratuita es una competencia atribuida en exclusiva a los Colegios por la LAJG, como también lo es el mero asesoramiento u orientación jurídica, si el mismo se presta con fondos públicos, pues obvio es que todo ciudadano que acude al servicio desea recibir asesoramiento sobre si tiene o no derecho a hacer valer una determinada pretensión ante los Tribunales o mediante formas alternativas de solución de conflictos. Por tanto, todo asesoramiento es previo a un eventual proceso, de ahí que, aunque pretendiera camuflarse su contenido y finalidades con el fin de usurpar esa competencia al Colegio de Abogados, se trata del mismo asesoramiento u orientación previa al proceso contemplado en el Art. 6.1 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita como una de las prestaciones en que puede concretarse el beneficio.

Los Ayuntamientos pueden, si lo desean, colaborar con los Colegios de Abogados, aportando fondos y espacios físicos mediante convenio y subvención nominativa directa, pero en modo alguno pueden sustituirlos, ni directamente, ni por medio de una entidad que resulte adjudicataria en un proceso de licitación pública.

4º) La Directiva 2014/24/UE, relativa a la contratación pública, en la que se basó el consistorio para iniciar el proceso de licitación, ya fue infructuosamente invocada por el Gobierno de Aragón como excusa para intentar privatizar el Servicio de Atención a Maltratadas (SAM); en su art. 10, excluye de su ámbito de aplicación a las concesiones de servicios de asesoramiento jurídico.

Precisamente por ello, la Ley de Contratos del Sector Público en vigor desde marzo de 2018, no obstante incorporar o transponer dicha Directiva, aclara en su Preámbulo que “los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, …. u organizar los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios”, y en sus Art. 6 y 11 excluyen las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público”,  y “la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios”, sin que en su Disposición Derogatoria Única y en sus Disposiciones Finales conste derogación ni modificación alguna de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

5º) No constan en las bases del concurso mecanismos de control para evitar que la entidad adjudicataria, de naturaleza privada y mercantil, utilice el servicio como plataforma publicitaria y de captación de asuntos, garantía que sí ofrece el Colegio de Abogados, en tanto que Corporación de Derecho Público dotada de adecuados mecanismos de control deontológico, y de herramientas eficaces para prevenir y evitar el “tráfico de influencias”.

6º) En el Informe de Necesidad, Idoneidad y Eficiencia del contrato de servicios licitado, no consta motivación suficiente respecto a las razones por las cuales se ha considerado necesario poner fin al sistema de gestión pública del servicio por medio de una Corporación de Derecho Público cual es el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sustituyéndolo  por un sistema de gestión y prestación privada por medio de la empresa adjudicataria.

7º) Las bases de la convocatoria permiten que el servicio sea prestado por licenciados e incluso graduados en Derecho, lo cual añade un factor de intrusismo profesional ya que el asesoramiento jurídico solo puede ser prestado por abogados en ejercicio, según reza el Estatuto General de la Abogacía Española, y puede suponer una evidente merma en la prestación del servicio, si la entidad adjudicataria optara por hacer uso de esta posibilidad; mientras el servicio ha estado a cargo del Colegio de Abogados, los ciudadanos eran asesorados por letrados en ejercicio que para ocupar ese puesto tenían que superar rigurosos exámenes y cursos de formación continuada.

8º) El pliego permite al adjudicatario, incluso, “concertar con terceros parte de la prestación, salvo la dirección y seguimiento”, es decir, subcontratar, lo cual dificulta aún más el control de calidad y deontológico del servicio, y permite una mercantilización intolerable de un servicio público, que ahora se configura con posibilidad de “reventa”.

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Por todo lo cual, EXIGIMOS al Excmo. Ayuntamiento de Madrid que arbitre los mecanismos necesarios para que estos servicios vuelvan a estar gestionados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración respetuoso con la legalidad vigente.

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