La sentencia de la “patada a la puerta” último varapalo a una pandemia judicializada

Publicado el lunes, 21 junio 2021

La Audiencia provincial de Madrid, a instancia de Ospina Abogados, pide investigar a los policías que derribaron la puerta de un piso en una fiesta ilegal

Juan Gonzalo Ospina

Juan Gonzalo Ospina

Ya sea el proceso de vacunación, los miles de muertos que tristemente contabiliza nuestro país, la aplicación de toques de queda o los confinamientos, la realidad es que la pandemia ha supuesto la judicialización de cada decisión. Unos dirán que es camino de la unilateralidad que ha tomado el Gobierno, y otros que la indefinición de la cogobernanza con las CCAA es el motivo de esta tensión, pero son innumerables las intervenciones judiciales desde el inicio del estado de alarma en marzo del año pasado y la gestión que llevó a cabo el Gobierno al amparo de ese instrumento, el cual desde el mismo momento de su aplicación generó ya durante la desescalada un debate jurídico sobre las restricciones impuestas a los derechos fundamentales y sobre el modo de articular su cobertura legal.

Delegar en los jueces una función que corresponde a la Administración, y que en cualquier caso debería contar con una regulación clara y homogénea, ha supuesto momentos de tensión como los vividos el pasado mes de mayo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de rechazar la propuesta del Gobierno vasco de extender el toque de queda y decretar el cierre perimetral de la región, o más recientemente por ordenes relativas a acabar con las fiestas ilegales vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esto nos lleva a analizar el caso más sonado, la “patada a la puerta” vivida el pasado 21 de marzo en la calle Lagasca del barrio de Salamanca cuando agentes de la Policía Nacional entraron en un domicilio, en el cual se estaba celebrando una fiesta en la que presumiblemente se incumplían las restricciones del estado de alarma, derribando una puerta por el método del ariete.

El vídeo dio la vuelta al país primero mediante redes sociales y más tarde en los noticieros y tertulias, llegando el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a defender la legalidad de la “patada en la puerta” contra del criterio de la mayoría de juristas consagrados que se escandalizaron por tal acción, y que el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, considerado uno de los mejores despachos penalistas de Madrid, denunció en defensa de los derechos de dos ciudadanos que se encontraban en dicho piso en el momento de los hechos interponiendo una querella contra los agentes por delitos de allanamiento de morada y daños, y en paralelo, un recurso de apelación directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid. El instructor decidió entonces paralizar la declaración como imputados de los jóvenes y trasladar el caso.

Tres meses después la acción policial se ha demostrado errónea en la Audiencia Provincial de Madrid. «Entendemos que se ha producido por parte de los agentes de la policía, un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y por ello resulta procedente que por el Magistrado Juez de Instrucción, tras la inadmisión de la denuncia a trámite, por no ser constitutivos de infracción penal, los hechos narrados en el atestado, se proceda a deducir testimonio, por si la actuación de la fuerza pública, pudiera ser constitutiva de infracción criminal», concluye la Audiencia Provincial que da la razón al abogado penalista fundador de Ospina Abogados.

El mediático abogado penalista Juan Gonzalo Ospina no tardaba en hacer sus primeras declaraciones en redes sociales, donde es muy activo, congratulándose por la sentencia y aplaudiendo el trabajo de la judicatura española, a quién ha calificado de “Valientes nuestros jueces” y aplaudiendo la separación de poderes, lo que supone en sus palabras un “éxito de la democracia”.

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