Francisco José Fernández Romero, Socio director de Cremades & Calvo-Sotelo Sevilla

Francisco José Fernández Romero

El crecimiento económico y la competitividad de Europa pasa por potenciar su sistema de innovación y constituir una pujante cultura del emprendimiento ligada al desarrollo tecnológico. La digitalización y la descarbonización marcan las prioridades de desarrollo sostenible en todo el mundo y en torno a ellas van a generarse innumerables oportunidades de negocio que serán aprovechadas por quienes sean capaces de desarrollar y ofrecer productos y servicios innovadores. Las instituciones europeas son muy conscientes de ello, como también de la obsolescencia de las políticas públicas tradicionales de fomento de la innovación. El sistema de incentivos y subvenciones reembolsables o a fondo perdido ha mostrado muchas carencias y la mirada está puesta ahora al fomento de instrumentos públicos de innovación que actúen desde la demanda. Dicho de otra forma, a convertir a la administración, con su demanda, en un animador del mercado de bienes y servicios innovadores. Es en este contexto en el que se ha generado una gran expectativa sobre el potencial de la Contratación pública Innovadora o Compra Pública Innovadora como herramienta para convertir a la Administración en cliente de servicios,  fomentando  la innovación desde el lado del sector público a través de la adquisición de soluciones innovadoras o en fase de desarrollo con el objetivo final de cumplir las políticas públicas vertebradoras (sanidad, educación, infraestructuras…). Pero el innegable potencial de esta fórmula está condicionado por las siguientes claves:

1. La CPI requiere un considerable cambio de mentalidad en la administración pública y sobre todo en su capacidad de planificación. La compra innovadora debe basarse en un diagnóstico  previo y analítico desde la visión de la Administración, pero que a su vez se inspire en otras visiones complementarias (Centros tecnológicos, consultoras, Observatorios, Universidades…). Se trata, por tanto, de imaginar y en cierta forma inventar el futuro a través de la óptica global de todos los sectores implicados.
2. La CPI hace más complejo el diseño, control y seguimiento de la contratación. Exige una adecuada planificación de la estrategia de compra, la gestión de riesgos y la evaluación de los resultados. Para ello se hace necesaria una formación en creatividad jurídica y en el impulso de la contratación pública como motor de desarrollo económico. Un ejemplo reciente son los nuevos modelos jurídicos instaurados por la normativa de los Fondos Next Generation.
3. Para que tenga éxito, es necesario no solo innovar en el servicio que se demanda y compra, sino en el propio proceso de la compra, dotándolo de una mayor seguridad jurídica. Eso supone contar con los recursos humanos necesarios, dedicados en exclusiva a la gestión de la estrategia de la CPI, durante el diseño, implementación y evaluación de la misma.
4. El establecimiento de centros de conocimiento o foros especializados en esta materia, donde se compartan experiencias y know how en la formulación de estrategias, sería de enorme utilidad para un buen uso de esta herramienta. Estos centros/foros deben actuar como correa de transmisión entre administración y empresas.
5. Resulta necesario realizar consultas al mercado y vincularlas con un mecanismo de sincronización con el lado de la oferta.  La singularidad de esta fórmula de contratación es que busca soluciones que no ofrece el mercado, pero eso, lejos de permitir al sector público situarse lejos de las empresas, lo obliga a estar más cerca de ellas que nunca. Lo que tiene que contratarse es algo que no está creado pero que puede crearse y su diseño debe responder a un beneficio social acreditado. El conocimiento está en el lado de las empresas innovadoras. Es fundamental por tanto que ellas participen en el proceso de contratación desde su génesis, desde la propia definición del proyecto.
6. Para que la CPI funcione como un revulsivo que estimule la innovación en el territorio, debe incluir y no excluir a las pymes. Es preciso conjugar la solvencia con el estímulo de la participación de las pymes presentes en el entorno. De lo contrario, la CPI será un instrumento de desarrollo territorial más limitado. Es preciso, por tanto, simplificar los procedimientos para que las pymes puedan participar.
7. La CPI –y lo estamos viendo, a pesar de los avances- requiere un enorme esfuerzo pedagógico dentro de la administración (hacia sus funcionarios) pero también fuera de la administración (hacia las empresas). El mecanismo de la CPI está poco interiorizado incluso en grandes corporaciones. En las pymes es casi desconocido y la sensación generalizada es que resulta demasiado complejo.