Los actuales gestores del gabinete Gálvez Peñalver acusaban a Ruiz Moreno de un presunto delito societario por el injusto reparto de unos fondos, asunto que acaba de ser sobreseído por el Juzgado número 2 de Murcia.
Una nueva querella por presunto delito societario, por administración desleal y obstaculización de los derechos de los socios, interpuesta por los actuales dirigentes del gabinete legal Gálvez Asociados contra quien fue el fundador de ese despacho, Ricardo Ruiz Moreno, considerado de entre los tres mejores abogados de Murcia en el ámbito laboral, acaba de ser sobreseída por un juzgado de Murcia, en lo que constituye el último episodio del duro enfrentamiento judicial que estos antiguos aliados mantienen desde hace meses.
El mencionado auto de sobreseimiento ha sido dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia a instancias su letrado defensor, el abogado penalista Raúl Pardo Geijo, al que había correspondido por turno de reparto la investigación de la mencionada querella.
En esta denuncia, los tres principales socios actuales de uno de los despachos de referencia en materia laboral, Juan Antonio Gálvez Peñalver, Javier Cos y Alfonso Mercader, acusaban al antiguo fundador de este gabinete de un presunto delito societario, en el que aseguraban que habría incurrido por imponerles, como socio único de esta mercantil, unos acuerdos abusivos. En concreto, dejaban constancia de que Ricardo Ruiz celebró el pasado 10 de febrero una Junta General Universal y Extraordinaria en la que, con su único voto, como poseedor del 84% de las acciones del despacho, excluyó a los otros tres socios y procedió a hacerse con todo el activo de la sociedad: 49.001 euros en saldos deudores comerciales pendientes de cobro, 67.111 euros de saldo de inversiones financieras a largo plazo y 572.000 euros «remansados en tesorería».
Exiguas cantidades. En virtud de tal acuerdo, el antiguo fundador del gabinete habría ofrecido a sus antiguos colaboradores las cantidades de 240 euros a Juan Antonio Gálvez y de 120 euros a Alfonso Mercader y Javier Cos, en casa caso, por todas sus participaciones sociales. Unas cuantías irrisorias si se tiene en cuenta que, según sus cálculos, al primero de ellos le habrían correspondido 45.734 euros, y a cada uno de los otros abogados, otros 22.667 euros. Además, los gestores del gabinete atribuían a Ruiz Moreno la obstaculización de los derechos de los socios, al haberles privado en apariencia de sus derechos de información y de distribución de beneficios y de la cuota de liquidación al disolver la mercantil, y lo acusaban de administración desleal «por infligir la obligación que le incumbe como administrador causando un perjuicio al patrimonio de la sociedad en beneficio propio».
Sin embargo, la defensa del abogado Ruiz Moreno, ejercida también en esta causa por el penalista Raúl Pardo Geijo, rechazó drásticamente estas imputaciones por su falta de fundamento y, acogiendo sus argumentos, lo mismo señala el magistrado en su resolución de esta forma: «ha de destacarse que no hay un principio de prueba o indicio que indique que el acuerdo que se dice abusivo haya podido causar perjuicio a los querellantes. Tampoco hay rastro de la supuesta administración desleal». Añade en esa línea que los denunciantes «se limitan a acompañar las cuentas anuales de la empresa, documentos muy técnicos y difícilmente interpretables, careciendo de un informe pericial que desarrolle los motivos por los que se concluya que podrían existir realmente esas importantes cantidades líquidas a repartirse entre los socios, una vez compensadas las cantidades del pasivo que aparecen en esas mismas cuentas».
Ningún indicio de delito De esa forma, reseña el juez, en sintonía con la Defensa de Ricardo Ruiz, que no se acompaña a esas cuentas indicio alguno de delito, sino solo la evidencia de «diferencias de criterio en la cuantificación del importe de las participaciones sociales de los querellantes, que han de ser establecidos en la vía jurisdiccional adecuada, que es la mercantil». Ante esa ausencia de indicios de delito, el magistrado Garrote procede a archivar las diligencias y a exculpar con ello al antiguo fundador del despacho legal Ruiz Moreno y Gálvez Peñalver Abogados. El auto de sobreseimiento es todavía recurrible.
Otra querella millonaria pendiente de resolución. En la actualidad sigue bajo investigación otra querella contra Ruiz Moreno por supuestos delitos de estafa y revelación de secretos, de cuya presentación y admisión a trámite también informó el periódico LA VERDAD de Murcia el pasado octubre, cuando se afirmaba que “la alianza entre Ricardo Ruiz Moreno y Juan Antonio Gálvez Peñalver, que en las dos últimas décadas permitió forjar uno de los mayores y más exitosos despachos laboralistas de la Región, ha concluido en un estrepitoso y conflictivo ‘divorcio’ que, previsiblemente, se acabará solventando en el mismo lugar al que tan relevantes letrados recurrieron en innumerables ocasiones en defensa de los intereses de sus clientes: los tribunales murciano”. El pleito que mantienen entre sí los dos principales socios fundadores del gabinete legal, bautizado en su día como Ruiz Moreno y Gálvez Peñalver Abogados, se ha convertido en una de las noticias que más atención está suscitando en los ambientes jurídicos de la Región desde hace unas semanas. El grueso del enfrentamiento legal entre los actuales socios del despacho, con Juan Antonio Gálvez como principal cabeza visible, y quien fue su fundador, Ricardo Ruiz, considerado como de los tres mejores abogados de Murcia en el ámbito laboral, se sostiene sobre una querella interpuesta por los primeros contra el segundo por los presuntos delitos de estafa y revelación de secretos de empresa; estos explicaban que todo este asunto se remonta a las fechas finales de 2016, cuando Ricardo Ruiz expuso en apariencia a su principal colaborador que pretendía ir preparando su jubilación, lo que presuntamente se tradujo en un acuerdo para venderles –a Gálvez y a otro grupo de letrados de ese mismo gabinete– todo el negocio y la cartera de clientes por el precio de 800.000 euros. Una cantidad pagadera a lo largo de cuatro años, a razón de 17.000 euros mensuales (unos 200.000 euros al año), que supuestamente comenzaron a abonarse en enero de 2017. Sostienen los querellantes que, alegando razones fiscales, Ricardo Ruiz les pidió que el traspaso no se documentara como una venta del negocio, sino como meras retribuciones «por la prestación de servicios profesionales», lo que así se hizo «dada la confianza existente entre las partes». A lo largo de los siguientes cuatro años, el fundador del gabinete legal habría venido recibiendo puntualmente esas cuantías, hasta completar la suma de 800.000 euros, a pesar de que –como se afirma en la querella– «ya no asistiera a juicios, negociaciones de convenios colectivos, inspecciones de trabajo, conciliaciones…». «La sorpresa de los socios adquirentes fue mayúscula –se relata en la denuncia– cuando desde el mes de septiembre de 2020, tras cobrar prácticamente la totalidad del precio pactado por la venta del negocio, el querellado comenzó a negar el acuerdo y a dirigirse a sus antiguos clientes, cedidos a la querellante a cambio de 800.000 euros». En ese momento, añaden, habría «dejado al descubierto el plan orquestado desde el primer momento para engañar al señor Gálvez y al resto de los socios, consistente en hacerles creer que se jubilaba para venderles el despacho, con la idea de, una vez cobrado, no cumplir su parte del trato». Tras esa «maniobra dolosa y fraudulenta» de la que le acusan sus antiguos socios, Ricardo Ruiz se habría puesto en contacto con sus antiguos clientes –los supuestamente cedidos con la venta del despacho– y habría intentado recuperarlos para su nuevo gabinete, Ruiz Moreno Abogados. En la querella se ofrece una relación de empresas que supuestamente recibieron el ofrecimiento de este conocido letrado laboralista para que le siguieran en su nueva etapa profesional, lo que habría conseguido en algunos casos, ya que hubo mercantiles que notificaron al gabinete Gálvez Abogados Laboralistas que cesaban su relación profesional y cancelaban la iguala o retribución. Incluso en uno de esos casos habría sido el propio Ricardo Ruiz quien habría comunicado esa ruptura de una compañía a sus antiguos socios, a la vez que solicitaba que se le diera la venia para asumir su defensa. Este presunto comportamiento es el que motiva la acusación de revelación de secretos de empresa, ya que el letrado habría estado utilizando los datos de los que disponía como antiguo dirigente de la firma legal para recuperar a los clientes. Al respecto, el prestigioso abogado penalista de Murcia, Pardo-Geijo, señalaba: «Es una querella temeraria e infundada y responde a una ‘vendetta’ por la denuncia por apropiación indebida que don Ricardo interpuso con bastante anterioridad y sobre la que el legal representante de la sociedad querellante –el señor Gálvez– declaró en el día de ayer en calidad de investigado». Añadió que se trata, asimismo, «de un acto de blindaje por haber expulsado de forma arbitraria a mi mandante de la sociedad». Por último, dijo que responde «a la inquina y desazón que le produce que muchos de los clientes, al conocer de la separación de los socios, hayan solicitado la prestación directa de los servicios a Ricardo Ruiz».
