La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se moja por primera vez sobre los negocios relacionados con las criptomonedas y los criptoactivos

Publicado el miércoles, 2 febrero 2022

Joaquim Via Baraldés,  Abogado especializado en Derecho societario y M&A en RocaJunyent.

Joaquim Via Baraldés

Joaquim Via Baraldés

El pasado 16 de diciembre de 2021 se publicó en el BOE una novedosa resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (la “Dirección”) en la que, por primera vez, califica un objeto social de una sociedad en constitución que se basaba en actividades relacionadas con la generación de criptomonedas criptoactivos y el asesoramiento derivado de los mismos (la “Resolución”).

El objeto social, incluía, entre otras (que por su ordinariedad no merece transcribir), las siguientes actividades:

  • La generación de monedas electrónicas y criptoactivos en general mediante la minería (…) y la prestación de servicios a terceros para la generación de monedas electrónicas o criptoactivos (…).
  • La inversión, gestión y explotación de negocios relacionado con monedas virtuales o criptoactivos.
  • La compraventa de valores, divisas y criptomonedas (se excluyen las actividades reservadas para las entidades de servicios de inversión).
  • El asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos en las materias anteriormente indicadas, así como en el ámbito de la generación, e intercambio de criptoactivos y monedas digitales.

El Registrador consideró no inscribible este objeto social en el Registro Mercantil por no acreditarse que dicha sociedad tuviera autorización para llevar a cabo dichas actividades. La Sociedad, se opuso a esta calificación, al considerar que no se había delimitado qué actividades eran sujetas a autorización, sino se había hecho una referencia genérica a la misma, y presentó recurso a la Dirección.

En la Resolución, así como en la calificación inicial, el debate sobre dicha se centra únicamente en la necesidad, o no, de autorización administrativa del Banco de España y del Banco Central Europeo sobre cada una de las actividades referidas en dicho objeto social, atendiendo pues, a la necesidad que, en caso se precise de autorización administrativa, para su inscripción en el Registro Mercantil se deberá acreditar la misma. Este enfoque, pese a su obviedad, confirma por antonomasia la licitud de dichos negocios en el tráfico jurídico español, únicamente sujeta, o no, a autorización.

Todo ello, se debate pese a la expresa (y habitual) mención que contiene el objeto social en la que se excluye del objeto social toda actividad que precise de una condición (o autorización, en este caso) que la Sociedad todavía no tuviere, la cual (como también es habitual) se omite por la Dirección.

Primeramente, en la resolución, a fin de centrar los conceptos y el discurso, la Dirección define el concepto de moneda virtual a partir de la definición que se encuentra en la Ley 10/2020, de 28 de abril: “aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente”.Asimismo, define el cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria como “la compra y venta de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de pago en el país en el que haya sido emitido” y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos como “aquellas personas físicas o entidades que prestan servicios de salvaguardia o custodia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales”.

Ya entrando en la valoración de las diferentes actividades, la Resolución nos advierte que, para dicho análisis, acudirá a la Directiva 2018/843/UE, de 30 de mayo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que modifica las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE, que fue traspuesta al derecho español mediante el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.

En base a dicha Directiva, recoge las siguientes definiciones de los siguientes conceptos:

  • Monedas virtuales: “representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos”.
  • Cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria: “la compra y venta de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de pago en el país en el que haya sido emitido”.
  • Proveedor de servicios de custodia de monederos electrónicos: “entidad que presta servicios de salvaguardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales”.

En base a la normativa referida anteriormente, la Resolución dictamina que, inequívocamente, están sujetas a inscripción al correspondiente registro del Banco de España la actividad de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria o la actividad de proveedor de servicios de custodia de monederos electrónicos; en ambos casos, por cuenta de terceros.

Finalmente, en base a todo aquello que es expuesto en la Resolución, la Dirección califica, separadamente, las actividades referidas en el objecto social, a fin de decidir sobre su posibilidad de inscripción en el Registro Mercantil, en particular, sin necesidad de autorización alguna:

  1. Generación de criptoactivos y prestación de servicios a terceros por la generación de los mismos: Se considera que no entra en ninguno de los supuestos legales previstos en la referida normativa, por lo que no se requiere de autorización administrativa o registro y, por lo tanto, es una actividad inscribible directamente al Registro Mercantil, estimando pues el recurso y dando la razón a la Sociedad.
  2. Inversión, gestión y explotación de negocios relacionados con monedas virtuales o criptoactivos: En este caso, considera que la naturaleza genérica de dicha descripción de la actividad, merece entender que se trata de una actividad que podría inmiscuirse en algunos casos en el concepto de actividades de comercialización de las criptomonedas y, por lo tanto, resulta necesario contar con autorización administrativa previa, la cuál no se acredita y, en consecuencia, dicha actividad no es inscribible al Registro Mercantil.
  3. La compraventa de valores, divisas y criptomonedas: Se considera que se trata de adquisición de criptomonedas por cuenta propia, no pudiéndose considerar una actividad regulada al no existir indicio alguno que dicha actividad se lleve a cabo en régimen de servicios a terceros. Por lo tanto, no merece autorización administrativa previa y es una actividad inscribible en el Registro Mercantil, estimando, pues, también en este sentido el recurso.
  4. El asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos en las materias anteriormente indicadas, así como en el ámbito de la generación, e intercambio de criptoactivos y monedas digitales: De nuevo, por su generalidad, considera que dicha actividad se puede inmiscuir en aquellas actividades que necesitan de autorización previa y, por lo tanto, lo califica como no inscribible sin acreditar correspondiente autorización.
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    Eugenio 2 febrero, 2022 a las 10:47 - Reply

    La resolución se publicó en el BOE del 29 de diciembre de 2021.

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