Abogados de víctimas de accidentes instan al Ministerio de Economía a la urgente actualización de las indemnizaciones

Publicado el martes, 15 febrero 2022

accidente de tráfico

ANAVA- RC, la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil junto con las asociaciones ADEVI y ADAVIAC han remitido cartas a la DGS y al Ministerio de Justicia en la que instan a la actualización inmediata de las indemnizaciones para el presente 2022 en el 4,13% y no en el 2.5% como pretende plantear el sector asegurador.

Todo se remonta a la Ley 35/2015 de modificación del baremo de indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico que entró en vigor el 01.01.2016 y tuvo los mismos aumentos que las pensiones en los años 2017 y 2018, es decir, el 0,25%. Sin embargo, ya en el año 2019, las pensiones subieron 1,70% y las indemnizaciones solo el 1,60%.

En el año 2020 y 2021, las pensiones se incrementaron a principios de año con el 0,90%, al igual que las indemnizaciones, pero el Gobierno ha corregido la desviación de la inflación del año 2021 aumentando las pensiones del 2021 en el 1,60% y para el año 2022 en el 2,50%. La Dirección General de Seguros debe proteger a los ciudadanos y las víctimas de los accidentes que deben tener los mismos derechos que han sido reconocidos a los pensionistas.

  2017 2018 2018 2019 2020 2021 2021 2022
AUMENTO PENSIÓN % 0,25% 0,25% 1,35% 1,70% 0,90% 0,90% 1,60% 2,50%
AUMENTO BAREMO % 0,25% 0,25% 1,35% 1,60% 0,90% 0,90% ¿? ¿?

Gran polémica social y mediática

Ésta es la cuantía que tanto las víctimas, abogados, aseguradoras y los tribunales tienen como base para cuantificar las indemnizaciones y que, algún año, la DGS ha publicado nada menos que en el mes de marzo.  Desde que entrara en vigor la reforma baremo mediante Ley 35/2015 se estableció que las indemnizaciones económicas de las víctimas no se revalorizaban en base al IPC, como se había hecho en anteriores baremos, sino en base al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que en el momento de la reforma era de un 0,25%, perjudicando gravemente a las víctimas que ven, año tras año, que sus indemnizaciones van perdiendo valor adquisitivo ya que el IPC siempre es superior a la revalorización de las pensiones.

Si no habíamos visto suficiente con la gran polémica social y mediática por la ocurrencia del gobierno de dejar fuera de exención fiscal las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes de tráfico, ahora se suma una incorrecta actualización que arrastra desde la del 2021. Tras nuestra carta enviada a las DGS nos han informado que han solicitado un informe a la Abogacía del Estado para someterlo en consideración el 23 de febrero y, mientras tanto siguen sin actualizar el baremo. Veremos si el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y su órgano dependiente, la Dirección General de Seguros, actualiza el baremo mirando por los intereses de los vulnerables, en este caso, las victimas de accidentes. Esperemos que sea verdad que este gobierno, de acuerdo con su pregonada marcada agenda social de la que hace gala, no se pliegue a los intereses del lobby del sector asegurador y actualice las indemnizaciones de una manera justa para las víctimas acorde con la revalorización real de las pensiones ” asegura Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

Las indemnizaciones que perciben las víctimas buscan la total indemnidad del perjudicado, tanto por fallecimiento, como por lesiones, como daños sufridos en accidente de circulación por culpa de un tercero. Cumplidos siete años de la entrada en vigor del nuevo baremo, se constata que perjudica a miles de víctimas de accidente de tráfico, ya que ha supuesto una disminución en torno al 40% en las indemnizaciones, sobre todo, en víctimas menos graves. ANAVA-RC seguirá luchando para conseguir un cambio en la legislación con el fin de allanar el largo camino que tienen que recorrer las víctimas y que herramientas, como el baremo, sean modificadas para obtener unas indemnizaciones justas como así se le ha hecho saber a la DGS y a las diferentes instituciones implicadas.

 

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