Un informe pericial del despacho valenciano Abogados & Economistas TR determina que los afectados por el cártel de coches pagaron un 12,4% más

Publicado el martes, 22 marzo 2022

Los ocho millones de consumidores, según las estimaciones, afectados por el cartel de automóviles pagaron un sobrecoste del 12,4% por sus vehículos, según establece el informe pericial elaborado por el despacho Abogados & Economistas TR.

Ahora, aquellas personas que compraron entre febrero de 2006 y agosto de 2013 un vehículo de las marcas Audi, BMV, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Dacia, Dodge, Citroën, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Honda, Hyundai, Lexus, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volk­swagen y Volvo  pueden fundamentar su reclamación en un informe que se ajusta metodológicamente a los requerimientos legales y jurisprudenciales para el cálculo de la indemnización.

Este informe pericial está basado en un modelo econométrico, con la colaboración de GfK – empresa líder en el mundo de data y analítica – con la suficiente precisión como para predecir el precio medio de los automóviles en España en base a otras variables macroeconómicas y determinar el comportamiento anómalo del precio en el periodo señalado.

Además de un modelo global del mercado, se han llevado a cabo 5 modelos adicionales para distintos segmentos del mercado (construidos en base al precio medio). La base de datos de precios de vehículos proporciona información del precio medio y unidades vendidas cada año para cada modelo de cada una de las distintas marcas.

El informe pericial se ha estimado utilizando datos en los que se supone un comportamiento natural del mercado y tiene como objetivo demostrar el sobreprecio en las acciones de reclamación que realicen los afectados. De este modo se facilitará la formulación con garantías de la demanda de reclamación de cantidad ante el juzgado de lo Mercantil competente.

Antecedentes

En julio de 2015 la CNMC resolvió una sanción con una multa de 171 millones de euros a 21 fabricantes y distribuidoras de automóviles en el mercado español por restringir la competencia desde el periodo desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013. La CNMC consideró que dichas prácticas eran constitutivas de cártel, ya que quedó probado que intercambiaron información sensible y relevante en el mercado nacional de la distribución de vehículos de las marcas partícipes. La Audiencia Nacional, durante el año 2019, ratificó las sanciones impuestas a las diferentes marcas y en 2021 el Tribunal Supremo confirmó las infracciones cometidas.

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