ASPACE forma al CGPJ en Comunicación Aumentativa y Alternativa

Publicado el jueves, 15 septiembre 2022

ASPACE y CGPJ

Confederación ASPACE, entidad representativa del Movimiento Asociativo de personas con parálisis cerebral y sus familias, ha formado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y ha visibilizado las barreras de acceso a la justicia de las personas con parálisis cerebral.

En concreto, ha sido la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Confederación ASPACE, Ángeles Blanco, la encargada de impartir esta formación organizada por el Consejo General del Poder Judicial bajo el título ‘Las personas con discapacidad en el proceso penal’ y que está enmarcada dentro del programa de formación continua del Poder Judicial.

El objetivo de la ponencia de Blanco ha sido dar a conocer las situaciones a las que se enfrentan las personas con parálisis cerebral que, en ocasiones han visto como sus comparecencias en calidad de víctimas no han sido admitidas por usar Comunicación Aumentativa y Alternativa.

Y es que, el 98% de las personas con parálisis cerebral presenta disartria -dificultad para la articulación de palabras-. Además, una de cada cuatro carece de comunicación oral, por lo que, para comunicarse con otras personas, utilizan productos de apoyo como sintetizadores de voz a través de ordenador o tablet; cuadernos silábicos, de pictogramas o de fotografía; o gestos y escritura de algunas palabras.

Según Blanco “el desconocimiento de la CAA conduce a asimilar la dificultad comunicativa con la carencia de capacidad intelectual”, una situación que, en su opinión “debe ser revertida” ya que “la mayoría de las personas con parálisis cerebral usuarias de comunicación alternativa preserva capacidad intelectual plena» y, de esta forma, «todas las personas han de ser escuchadas en juicio sea cual sea su manifestación comunicativa». En caso contrario, ha recordado, «estamos no solo desoyendo los mandatos de la Convención de Naciones Unidas sobre las Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en nuestra Constitución».

Además, desde Confederación ASPACE han asegurado que la CAA es la principal barrera de acceso a la justicia y que para hacer efectivo este derecho es necesario comprender que la parálisis cerebral es una pluridiscapacidad de base física. Y es que, todas las personas con parálisis cerebral comparten una serie de manifestaciones físicas como dificultades en el control postural, el equilibrio o la espasticidad, pero no hay persona con parálisis cerebral igual a otra porque a esa base física se pueden sumar diferentes tipologías de discapacidad. En este sentido, Blanco ha afirmado que “para garantizar el acceso a la justicia de una persona con parálisis cerebral es necesario articular un verdadero traje a medida de apoyos”

Sin embargo, ha apostillado que “a la luz de la reciente modificación de la Ley General de Discapacidad necesitamos cumplir con el mandato legislativo y desarrollar, en un periodo no superior a 3 años un reglamento sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa que cristalice la seguridad jurídica y garantice, con ello, el ejercicio real y efectivo del derecho a la comunicación de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo que utilicen estos sistemas”.   En este sentido, ha recalcado que “el apoyo más especializado es la intervención judicial mediante técnica logopédica.

VIOLENCIA EN MUJERES CON PARÁLISIS CEREBRAL

En términos de práctica jurídica, Ángeles Blanco también ha hecho hincapié en los casos atendidos en el servicio de violencia contra mujeres y niñas con parálisis cerebral de Confederación ASPACE. De esta forma, puso sobre la mesa que desde que se puso en marcha este servicio en mayo de 2020, se han atendido un total de 53 casos, 36 delitos de agresiones sexuales perpetradas por conocidos y familiares; 6 de violencia de género en el contexto de pareja; 8 de violencia sexual digital en el contexto de pareja; 2 delitos de explotación sexual; y 1 de violencia intrafamiliar.

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