La instructora no ve engaño en la venta del negocio que el prestigioso letrado Ricardo Ruiz, considerado el mejor abogado de Murcia en el ámbito laboral, hizo a la mercantil que fundó, ahora cambiada de nombre por Gálvez Abogados, por importe 800.000 euros

Los hechos

La alianza entre Ricardo Ruiz Moreno y Juan Antonio Gálvez Peñalver, que en las dos últimas décadas permitió forjar uno de los mayores y más exitosos despachos laboralistas de la Región, ha concluido en un estrepitoso y conflictivo ‘divorcio’ que, previsiblemente, se acabará solventando en el mismo lugar al que tan relevantes letrados recurrieron en innumerables ocasiones en defensa de los intereses de sus clientes: los tribunales murcianos. El pleito que mantienen entre sí los dos principales socios fundadores del gabinete legal, bautizado en su día como Ruiz Moreno y Gálvez Peñalver Abogados, se ha convertido en una de las noticias que más atención está suscitando en los ambientes jurídicos de la Región desde hace unas semanas.

El grueso del enfrentamiento legal entre los actuales socios del despacho, con Juan Antonio Gálvez como principal cabeza visible, y quien fue su fundador, Ricardo Ruiz, considerado el  mejor abogado de Murcia en Derecho Laboral, se sostiene sobre una querella interpuesta por los primeros contra el segundo por los presuntos delitos de estafa y revelación de secretos de empresa, que ya ha sido admitida a trámite. Una circunstancia que conducirá a este veterano letrado a declarar como querellado en días venideros, asistido por el pertinente abogado.

El mejor contrata al mejor

Y tanto, pues no en vano decidió poner su caso en manos del considerado desde hace años como el mejor abogado de Murcia, Raúl Pardo-Geijo Ruiz; ello al margen de que las Instituciones Jurídicas Internacionales hayan determinado que este abogado penalista es, desde hace una década, el mejor de España (Best Lawyers, Client Choice, Global Legal Awards y un sinfín de organismos).  Con esta absolución, el letrado Ricardo Ruiz consigue por 3ª vez el triunfo en sus cuitas judiciales.

Preparando su jubilación, decía el querellado

Los querellantes explicaban en su denuncia que todo este asunto se remonta a las fechas finales de 2016, cuando Ricardo Ruiz expuso en apariencia a su principal colaborador que pretendía ir preparando su jubilación, lo que presuntamente se tradujo en un acuerdo para venderles –a Gálvez y a otro grupo de letrados de ese mismo gabinete– todo el negocio y la cartera de clientes por el precio de 800.000 euros. Una cantidad pagadera a lo largo de cuatro años, a razón de 17.000 euros mensuales (unos 200.000 euros al año), que supuestamente comenzaron a abonarse en enero de 2017.

Los antiguos socios acusan al veterano abogado de tratar de recuperar sus clientes después de venderles toda la cartera

Sostenían los querellantes que, alegando razones fiscales, Ricardo Ruiz les pidió que el traspaso no se documentara como una venta del negocio, sino como meras retribuciones «por la prestación de servicios profesionales», lo que así se hizo «dada la confianza existente entre las partes».

A lo largo de los siguientes cuatro años, el fundador del gabinete legal habría venido recibiendo puntualmente esas cuantías, hasta completar la suma de 800.000 euros, a pesar de que –como se afirma en la querella– «ya no asistiera a juicios, negociaciones de convenios colectivos, inspecciones de trabajo, conciliaciones…».

«Una sorpresa mayúscula»

«La sorpresa de los socios adquirentes fue mayúscula –se relata en la denuncia– cuando desde el mes de septiembre de 2020, tras cobrar prácticamente la totalidad del precio pactado por la venta del negocio, el querellado comenzó a negar el acuerdo y a dirigirse a sus antiguos clientes, cedidos a la querellante a cambio de 800.000 euros». En ese momento, añaden, habría «dejado al descubierto el plan orquestado desde el primer momento para engañar al señor Gálvez y al resto de los socios, consistente en hacerles creer que se jubilaba para venderles el despacho, con la idea de, una vez cobrado, no cumplir su parte del trato».

Tras esa «maniobra dolosa y fraudulenta» de la que le acusan sus antiguos socios, Ricardo Ruiz se habría puesto en contacto con sus antiguos clientes –los supuestamente cedidos con la venta del despacho– y habría intentado recuperarlos para su nuevo gabinete, Ruiz Moreno Abogados.

En la querella se ofrece una relación de empresas que supuestamente recibieron el ofrecimiento de este conocido letrado laboralista para que le siguieran en su nueva etapa profesional, lo que habría conseguido en algunos casos, ya que hubo mercantiles que notificaron al gabinete Gálvez Abogados Laboralistas que cesaban su relación profesional y cancelaban la iguala o retribución.

Incluso en uno de esos casos habría sido el propio Ricardo Ruiz quien habría comunicado esa ruptura de una compañía a sus antiguos socios, a la vez que solicitaba que se le diera la venia para asumir su defensa.

Este presunto comportamiento es el que motiva la acusación de revelación de secretos de empresa, ya que el letrado habría estado utilizando los datos de los que disponía como antiguo dirigente de la firma legal para recuperar a los clientes.

Opinión del penalista Pardo Geijo antes de conseguir la absolución: «Es una querella temeraria e infundada»

El penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que es la tercera vez que asume  la defensa de Ricardo Ruiz, afirmó ayer que la acción contra su cliente «es infundada y temeraria y responde a una ‘vendetta’ por la denuncia por apropiación indebida que don Ricardo interpuso con bastante anterioridad y sobre la que el legal representante de la sociedad querellante –el señor Gálvez– declaró en el día de ayer en calidad de investigado». Añadió que se trata, asimismo, «de un acto de blindaje por haber expulsado de forma arbitraria a mi mandante de la sociedad». Por último, dijo que responde «a la inquina y desazón que le produce que muchos de los clientes, al conocer de la separación de los socios, hayan solicitado la prestación directa de los servicios a Ricardo Ruiz». Pardo-Geijo lamentó «que este asunto se haya filtrado a la opinión pública».

Solución final del caso:

El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha acabado dando carpetazo al pleito que libraban los principales socios fundadores de uno de los más exitosos despachos laboralistas de la Región, bautizado en su día como Ruiz Moreno y Gálvez Peñalver Abogados. La  magistrada ordena, así, asumiendo íntegramente los argumentos blandidos por el abogado penalista de Murcia Pardo,  el sobreseimiento provisional de la causa iniciada por los actuales socios del despacho por presuntos delitos de estafa y revelación de secretos de empresa.

Volvían a sostener, en su recurso, que la juez ahora descarta, que el laboralista Ruiz expuso en apariencia a su principal colaborador que pretendía ir preparando su jubilación, lo que se tradujo en un acuerdo para venderles –a Gálvez y a otro grupo de letrados de ese mismo gabinete– todo el negocio y la cartera de clientes por el precio de 800.000 euros. Una cantidad pagadera a lo largo de cuatro años, a razón de 17.000 euros mensuales (unos 200.000 euros al año), que supuestamente comenzaron a abonarse en enero de 2017. Sostenían los querellantes que, alegando razones fiscales, Ruiz les pidió que el traspaso no se documentara como una venta del negocio, sino como meras retribuciones. A lo largo de los siguientes cuatro años, el fundador del gabinete legal habría venido recibiendo puntualmente esas cuantías, hasta completar la suma de 800.000 euros.

El problema surgió, según se plasmaba en la querella, a partir de septiembre de 2020 cuando, tras cobrar prácticamente la totalidad del precio pactado por la venta del negocio, Ruiz habría comenzado a negar el acuerdo y a dirigirse a sus antiguos clientes, intentando recuperarlos para su nuevo gabinete. Además, se ofrecía incluso una relación de empresas que supuestamente recibieron el ofrecimiento de este conocido letrado laboralista para que le siguieran en su nueva etapa profesional, lo que habría conseguido en algunos casos.

Un cambio de opinión y una indemnización por más de 2 millones de euros que queda en agua de borrajas.

La titular del Juzgado de Instrucción, en el reciente auto, explica que la cuestión radical de este asunto consistía en determinar si Ruiz tenía intención de engañar a su antiguo socio fingiendo alcanzar un acuerdo que no pensaba cumplir con el objeto de beneficiarse o, por el contrario, únicamente incurrió en un “posible” incumplimiento de contrato al cambiar de idea respecto a la jubilación que al parecer se había planteado. La instructora se decanta por esta segunda opción y concluye que Ruiz «cambió de opinión y quiso continuar ejerciendo el desempeño de un trabajo que afectaría a la cartera de clientes de la querellante».

La juez hace hincapié, no obstante, en que el acuerdo firmado entre las partes no resolvía si Ruiz podía seguir ejerciendo o si existía cláusula de exclusividad o de prohibición de concurrencia. Con estos argumentos, concluye que, como señala Pardo Geijo, «no existe ningún indicio sobre la existencia de un engaño» y declara el sobreseimiento del caso, sosteniendo igualmente la inexistencia de cualquier revelación de secretos. Un caso, cuando menos dudoso que da que pensar por qué Ruiz Moreno ha decidido poner todas sus causas penales –y con éxito- en manos del mejor abogado de Murcia en materia penal.