Miguel Yaben Peral, Col. Icam.  54.655, ICA. Oviedo. 3764, Diplomado en Derecho Constitucional

Miguel Yaben Peral

La certeza en su definición académica supone “..el conocimiento seguro y claro de algo”.  Ese ha de ser el punto de partida  sobre el que se oriente y ponga en marcha  la “confianza”  que los ciudadanos hemos de tener en la certeza del derecho. Se conecta de manera inescindible con la seguridad  jurídica que pretende  garantizar el art. 9.3 de la Constitución y que se traduce en   “ la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cual ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho” (STC 36/1991. FJ. 5).

Alguien me podría decir que hablar de certeza y seguridad del Derecho en éstos momentos históricos es una ingenuidad. Y no le faltaría razón,  cuando -con independencia de cualquier ideología- asistimos atónitos a un mercadeo ignominioso en el que los más altos poderes del Estado se esfuerzan y concitan en torno a una probable amnistía  de los políticos condenados e investigados por los delitos de cohecho, malversación y cualesquiera otros que dieron lugar a la ilegal y esperpéntica proclamación de independencia de Cataluña.

Y es que,  más allá de cualquier opinión jurídica o personal, siempre respetable,  sobre la  constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma, lo que ofende a la certeza y seguridad del Derecho y a sus principios más básicos, es que el poder político -decadente y desprestigiado hasta límites insospechados-,  se empecine  contra viento y marea en emponzoñar el poder legislativo al servicio de intereses  particulares y con la particular e interesada  intención de permanecer en  los cargos de gobierno.

En un interesante estudio de  Luis Maria Bandieri (La Certeza del Derecho -Una relectura  del clásico López de Oñate-  Cultura Jurídica» Julio-Diciembre 2004, nº 1, Escuela Judicial de Mexico, 2004,),  mantiene que  “..se legisla a menudo para casos particulares y a le medida de intereses particulares que han ganado la carrera de la presión política..”.    Y  recuerda que  cuando “…la ley se vuelve asunto privado, privata lex es igual a privilegio”.

Y  más cuando  como  ahora  acontece,  el privilegio  entraña una   contraprestación  para  obtener un nombramiento, se torna especialmente repugnante  para el Derecho, al menos como yo lo siento,  al convertirlo en horror iuris incerti  que decía Santo Tomás en la Suma Teológica.

La amnistía, en palabras del TC. (S . 63/1983) , supone “…lo que se ha llamado por la doctrina «derogación retroactiva de normas», haciendo desaparecer por completo las restricciones que sufrió el derecho o libertad afectado, con todas sus secuelas, con lo que puede decirse que el derecho revive con carácter retroactivo.» .  ¿Revivirá pues  la juridicidad de la proclamación de independencia?.  Si el poder político propicia  la legitimación y la amnistía respecto de la malversación de fondos públicos, en justa reciprocidad el ciudadano -a efectos dialécticos-  quedaría legitimado al menos moralmente, y si puede,  para cortar el grifo de su  dinero que más tarde será malversado. La amnistía,   siempre  fundamentada en un ideal de Justicia, no resiste semejante afrenta.

El  nomen iuris  es irrelevante. Las cosas son lo que son  con independencia de cualquier maquillaje. Supone la quiebra del estado de Derecho por conveniencias políticas personales. Supone  la eliminación de la existencia de  todas las conductas delictivas de cualquier denominación. Y  supone que las Sentencias  que  las condenaron devienen en prevaricación sobrevenida.

La  certeza y seguridad sobre la previsibilidad del derecho  en las que está “…ínsita la confianza de los ciudadanos”,  hace definitivamente aguas cuando esa ciudadanía perpleja,  contempla como la política coloniza el poder judicial que por consiguiente pierde su independencia.

Y cómo se instalan en un entramado perverso,  las famosas “puertas giratorias” clientelares por la que acceden los políticos a los más altos cargos de la Justicia en agradecimiento de los “servicios prestados” y los que naturalmente “tienen que prestar” en el futuro.  El panorama, insisto,  es especialmente preocupante.

La sociedad tiene que reaccionar con todos los mecanismos  jurídicos y políticos  para poner coto al despotismo.  Quizá sea conveniente terminar recordando  a nuestra mediocre clase política -salvando lo salvable- que lean o relean  en su caso  la tragedia de Antígona, en la que precisamente por respeto a la certeza de la Ley que obliga a todos y a la que todos (incluídos ellos) han de obedecer, no dudó en someterse a la pena de muerte decretada  arbitrariamente por el despótico Creonte.  Es, como nos diría el clásico un planteamiento puro, duro y trágico de  la “..razón de la verdad frente  a la razón de la política”..  Los políticos no deben atreverse a  “pasar por encima de la Ley”,  aunque ello les cueste el cargo.