Carta de JJpD al CGPJ ante el rechazo de amparo a José Ricardo de Prada

Publicado el lunes, 15 enero 2024

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA 

Juezas y Jueces para la Democracia

AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

En fecha 17 de mayo de 2018, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia en la conocida como primera causa del caso Gürtel, que, entre otros pronunciamientos, condenaba al Partido Popular como partícipe de delito a título lucrativo.

 

Con fecha 14 de octubre de 2020, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó sentencia resolviendo los recursos de casación promovidos contra la anterior, prácticamente confirmándola.

 La Oficina de prensa del Tribunal Supremo, el mismo día 14 de octubre de 2022, emitió una nota de prensa acerca de esta resolución. En uno de sus extremos podía leerse que la Sala Segunda «considera excesivas las menciones a la caja B del Partido Popular de la sentencia recurrida porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación y defensa». Incomprensiblemente convertía este párrafo, procedente del voto particular a la sentencia de instancia (formulado por el magistrado Hurtado Adrián) en parte de la Casación.

 Este error tuvo importantes consecuencias en el terreno de la opinión, pues el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emitió un comunicado el 15 de octubre reproduciendo el indicado párrafo, que interpretaba como una reparación moral de la «injusticia» representada por la moción censura padecida, precisamente, por efecto de que calificaba infundada atribución de responsabilidad contenida en la sentencia de la Audiencia Nacional.

 Diversos medios de información brindaron titulares como estos: «El juez De Prada fue la mano que meció la cuna de un cambio de gobierno». «La maniobra político-judicial ejecutada por el magistrado progresista José Ricardo De Prada». «La morcilla que introdujo al dictado del PSOE un magistrado progresista en la sentencia de la Gürtel para afirmar que existía una “caja B del PP”». «Un juez progresista hizo de mamporrero del PSOE».

 La Oficina de prensa del Tribunal Supremo, advertido el error, publicó enseguida una rectificación, poniendo a aquella afirmación en su sitio: el voto particular del magistrado Hurtado Adrián, descalificado por la Sala Segunda.

 La Audiencia Nacional operó con la existencia de la «caja B» del Partido Popular como dato acreditado, ya que Bárcenas Gutiérrez se había apropiado de fondos del partido, no incluidos en la «caja A», razón de una de sus condenas. Por eso afirma el Tribunal Supremo que la Audiencia Nacional «contó con una prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una “caja B” del PP […] como los distintos actos de apoderamiento». Y añade que «es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados». Es inobjetable el rigor en la valoración y el tratamiento de los datos probatorios, en una actuación jurisdiccional irreprochable.

 A las agresiones verbales que se han descrito, siguieron otras, siempre amplificadas por algunos medios, todas relacionadas con la intervención del magistrado De Prada Solaesa en el indicado caso:

 – Hernando Fraile, le atribuiría no se sabe qué «antecedentes políticos» y una calumniosa «sintonía con el mundo proetarra».

 – De Cospedal García, le acusó de arbitrariedad en el modo de tratar el material probatorio.

 – El 18 de noviembre de 2018, el diputado Rojas García, con ocasión de la comparecencia de De Prada en las Cortes, en la calidad de candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial, prevaliéndose de su condición, le ofendió cuestionando su profesionalidad.

 A todas estas descalificaciones siguieron otras numerosas, de las que destacamos dos recientísimas:

 -La primera, de fecha 12 de diciembre último, tuvo como escenario el Senado y como protagonista al senador Monago Terraza que atribuyó al magistrado de Prada Solaesa haber introducido en una sentencia «un párrafo que provocó la caída del Gobierno de Rajoy», concluyendo que «esa frase de marras que provocó la caída fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto». Entendió que «es el mayor caso del lawfare, que le costó a un Gobierno del Partido Popular la presidencia». Luego pediría disculpas.

 – La segunda el 9 de enero de 2024, Alberto Núñez Feijóo, entrevistado por el periodista Carlos Alsina en Onda Cero. A la pregunta de si tendría que ser disuelto un partido que hubiera sido condenado como partícipe a título lucrativo en un delito de corrupción, respondió: «Posteriormente ha sido derogado ese párrafo por el Tribunal Supremo». Sirviéndose, una vez más, como argumento, del error puesto en circulación por la Oficina de prensa del Tribunal Supremo.

 Manipulando la realidad, un determinado partido político parece que ha incorporado a su argumentario la errónea afirmación contenida en aquella nota informativa de la Oficina de prensa del Tribunal Supremo. Es una gravísima manipulación de la verdad procesal establecida en su sentencia 507/2020.

 El Consejo General del Poder Judicial no ha encontrado hasta la fecha el momento ni el motivo para otorgar su protección al magistrado de Prada Solaesa y a su impecable ejecutoria, innoble y sistemáticamente afrentada en estos años. Debería, al menos, asumir la responsabilidad de esclarecer esta cuestión, pues sólo al consejo se debe el equívoco. Es lo menos que debería hacer, pues ese error, que es la base de las agresiones por el magistrado padecidas, no tiene por qué ser soportado por el mismo y en la mano de quien lo cometió está corregirlo. El silencio, además de las negativas de amparar al referido magistrado, les hace efectivamente responsables de esta situación.

 Por eso, y para evitar que el infundio que motiva este escrito siga confundiendo a la opinión pública y sirviendo de pretexto para calumniar a un magistrado de intachable profesionalidad, en nombre de Juezas y Jueces para la Democracia pedimos al Consejo General del Poder Judicial la emisión de un comunicado eficazmente informativo que restablezca definitivamente la verdad en este asunto.

 Tanto porque lo sucedido tiene que ver, en su origen, con la mala práctica de una oficina institucional, de la que es responsable, como porque no hacerlo será contribuir al mantenimiento de la ominosa campaña de desinformación de la que se ha dejado constancia, es obligación de este Consejo poner remedio a esta situación por su propia responsabilidad en la generación de la misma.

 

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