José Carlos González Vázquez

La Unión Europea avanza hacia la aprobación de la Segunda Directiva en materia de insolvencias, un texto que busca armonizar aspectos relevantes de los procedimientos concursales en los 27 Estados miembros para mejorar la recuperación de acreedores y reducir los costes regulatorios que dificultan la inversión transfronteriza.

El acuerdo provisional alcanzado el 19 de noviembre de 2025 entre el Consejo y el Parlamento Europeo apunta a que el texto definitivo podría aprobarse en el primer semestre de 2026. A partir de ese momento, los Estados miembros dispondrán de 33 meses para transponer la Directiva a sus ordenamientos nacionales.  

Ante este escenario, los administradores concursales consideran que España debe anticiparse y utilizar la transposición como una palanca para mejorar la eficiencia y la seguridad jurídica del sistema. 

El “pre-pack”, una lección clave para modernizar el marco concursal 

José Carlos González Vázquez, profesor de Derecho Mercantil y vicepresidente de Asociación de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración e Insolvencia (ASPAC), reconoce que la Directiva será especialmente relevante por la armonización de los procedimientos de “pre-pack”, una fórmula orientada a facilitar ventas aceleradas de empresas o unidades productivas con transparencia, competencia y estándares de mercado. 

“La armonización de los procedimientos de ‘prepack’ será la oportunidad perfecta para eliminar el prejuicio legal actual hacia las ofertas presentadas por personas especialmente relacionadas con la concursada” señala José Carlos González Vázquez. 

El sector advierte de que, en España, esta figura sigue lastrada por una regulación muy deficiente y una aplicación práctica absolutamente residual, lo que limita su utilidad real para preservar valor empresarial y maximizar la recuperación para los acreedores.  

En este sentido, los administradores concursales insisten en que la transposición debe servir para reforzar los mecanismos que garanticen procesos competitivos y transparentes, evitando operaciones aceleradas sin suficientes garantías de obtención del mejor precio posible. 

Más coordinación europea y mayor protagonismo de los acreedores 

La Directiva también contempla medidas para facilitar la localización de activos bancarios en insolvencias transnacionales y la posible introducción de comités de acreedores en procedimientos de mayor tamaño o complejidad.  

Para los profesionales de la insolvencia, el nuevo marco europeo abre una ventana para alinear el sistema concursal español con mejores prácticas europeas, reforzar la confianza de acreedores e inversores y corregir ineficiencias detectadas tras la reforma de 2022.