Los retos que tiene la vivienda a nivel nacional y en la Comunidad de Madrid pasan por resolver las carencias y el desarrollo de medidas en el ámbito de la disponibilidad de oferta, además de encontrar soluciones para la creciente inseguridad jurídica que sufre el sector inmobiliario. Los expertos han analizado los principales retos que tiene la vivienda en la Comunidad de Madrid, y como también sucede a nivel nacional, son necesarias medidas en el ámbito de la oferta para disponer de más vivienda en el mercado y resulte más asequible.
Así fue destacado en las diferentes mesas redondas durante la celebración de la Jornada “El reto de la vivienda en Madrid: Diagnóstico y posibles soluciones”, organizada por Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), y celebrada en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), que fue inaugurada por José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y por Álvaro González, Delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Como explicó Jaime Cabrero García, Presidente de Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM), “nos encontramos en una situación en la que la falta de empuje de la construcción de nuevas viviendas, así como el impacto que están produciendo los perjuicios de la ocupación ilegal, impiden el despegue real del sector inmobiliario”.
En relación con el mercado del alquiler, apuntó que “es necesario aumentar la seguridad jurídica para los propietarios, por un lado, eliminando las medidas limitativas para los contratos, y por otro, permitiendo la recuperación de la posesión del inmueble en un escenario razonable con plazos más rápidos en la resolución de las controversias”. Ello permitirá contar con más vivienda disponible. En este contexto, una fórmula idónea para ello es impulsar el arbitraje. El Presidente de COAPIMADRID – AIM resaltó la labor que realiza el Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, que permite la obtención de un laudo en solo 45 días, mientras que con el procedimiento de desahucio se puede tardar hasta 26 meses la obtención de un pronunciamiento judicial que permita la expulsión de un okupa.
Además, destacó que la inseguridad jurídica se reduciría si se abordara la regulación de la actividad profesional a través de la implantación de registros obligatorios para los agentes inmobiliarios. Este registro reduciría con eficacia las estafas inmobiliarias, que también están provocando grandes daños a los consumidores cuando quieren acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad.
