Nacho Vendrell, delegado en Lleida del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida

Siempre es buen momento para abordar el debate acerca de la protección social que el Estado español dispensa a sus ciudadanos. A la inversa, nunca es mal momento ya que la problemática siempre estuvo sobre la mesa. En el transcurso del tiempo, los distintos gobiernos han adoptado medidas que permitieran la pervivencia de un sistema que, al amparo de las matemáticas, no puede sostenerse de manera indefinida. Desde el ámbito político se habla de ajustes con los que garantizar la solidez del sistema de protección social que nos ampara. El oído del ciudadano, entrenado en las cuestiones de traducción simultánea del lenguaje político al lenguaje de la calle, entiende que se aplican fórmulas con las que contener el gasto y aumentar la recaudación.

Son varias las señales que reflejan la urgencia con que debe abordarse de nuevo el debate sobre las pensiones, si bien el sentido de urgencia siempre ha estado presente. En 2027 se alcanza la plenitud de una de las medidas que más controversia social generó en el ya lejano 2012. La edad ordinaria de jubilación quedará fijada en los 67 años para aquellos que acrediten una carrera de cotización inferior a los 38 años y 6 meses, y no son extrañas las opiniones de quienes afirman que deberá elevarse nuevamente la edad de acceso. Por otra parte, advierto entre los jóvenes una desafección y desconfianza en un sistema que les exige una mayor contribución y esfuerzo con los que afrontar la jubilación de la generación del “baby boom”, los nacidos entre los años 60 y 70. Ciertamente, el Estado ya enfrenta un esfuerzo económico sustancial y es legítimo preguntarse por su solvencia económica a futuro.

Al debate sobre la sostenibilidad del sistema, hay quien considera necesario añadir el debate sobre su legitimidad, porque el problema económico y contable debe abordarse desde la perspectiva de la equidad entre generaciones. En un sistema solidario como es el español, también debemos preguntarnos cómo se financia, quién soporta el esfuerzo y qué se recibe a cambio.

A día de hoy hay una premisa incuestionable: nuestro sistema de reparto ya no descansa solo en cotizaciones. Las cotizaciones financian una parte del sistema, pero no bastan por sí solas, recurriendo a transferencias del Estado con cargo a los Presupuestos Generales (impuestos), al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a otros préstamos o mecanismos de cobertura de tesorería.

Recordemos que, históricamente, la lógica principal del sistema establecía que las pensiones contributivas se financiaban con las cotizaciones. Las expectativas del ciudadano tenían una correlación con su esfuerzo, generando un derecho en función de unas reglas de cómputo definidas. Sin embargo, la contributividad pura hace tiempo que dejó de explicar por sí sola la financiación real de las pensiones. De entre las prestaciones y conceptos financiados por el estado cabe reseñar el conjunto de pensiones no contributivas por jubilación, incapacidad, el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones asistenciales o los complementos por mínimo de pensiones (para aquellas prestaciones contributivas con una cuantía que no alcanza un mínimo de subsistencia).

Este déficit estructural que revela la insuficiencia de las cotizaciones ha conducido a un desplazamiento de la inspiración del sistema, pasando de una contributividad a una solidaridad más intensa. Ciertamente, sigue siendo un sistema contributivo en su arquitectura, pero menos contributivo en la percepción del cotizante. Esto es así porque se han introducido conceptos con voluntad de incrementar la recaudación, pero que no generan un derecho prestacional equivalente para quien cotiza. Hablamos, por ejemplo, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, de la Cotización Adicional de Solidaridad para aquellos salarios por encima de la base máxima de cotización, o de aquellos autónomos que, habiendo cumplido su edad de jubilación, mantienen su actividad a través de una jubilación activa.

Las reformas introducidas en el sistema desde 2012 se concretan en muchas correcciones, pero con resultado insuficiente. Las más relevantes, más allá del retraso progresivo de la edad de jubilación a los 67 años, son la ampliación del período de cómputo de las bases de cotización desde los 15 años hasta los 25, los mejores 27 años en un período de 29, o la introducción de un catálogo de opciones de jubilación que pretende incentivar a aquellos que retrasen su retiro de la actividad laboral o profesional más allá de la edad de jubilación ordinaria.  Estas reformas han contenido parcialmente el problema, pero no han cerrado el debate sobre la sostenibilidad.

En este punto, debemos reconocer que, pese a la coyuntura actual en la que 2025 supuso un récord en la afiliación al sistema de Seguridad Social y otro récord en recaudación fiscal, el pago de las pensiones necesita del aporte estatal de forma estructural. Esto ocurre cada vez que debe enfrentarse el abono de las pagas extraordinarias, a modo de ejemplo respecto de las prestaciones contributivas. Y este problema, un verdadero elefante en la habitación, debe enfrentarse atendiendo a la brecha intergeneracional como problema de confianza. Los pensionistas actuales exigen protección, suficiencia y mantenimiento de derechos, mientras que los jóvenes perciben carreras laborales más precarias, más esfuerzo contributivo y menos certidumbre sobre su pensión futura. Es la “quiebra de expectativas recíprocas”.

Son diversas las acciones a considerar. ¿Es posible incrementar todavía más los ingresos por cotizaciones sin que el cotizante -o el empresario que financia las cotizaciones de sus empleados- perciba que el aporte entra en el terreno de lo confiscatorio? ¿Es posible introducir un nuevo retraso de la edad de jubilación hasta los 69 o 70 años manteniendo la paz social? ¿Es posible moderar los incrementos anuales de las pensiones para que no excedan el IPC anual? En este 2026, las Pensiones Contributivas y Clases Pasivas se han incrementado en un 2,7 %, mientras que las pensiones mínimas se revalorizaron un 7 %, y hasta un 11,4 % las Pensiones No Contributivas.

Más que nunca, y con mayor urgencia, debe alcanzarse un pacto de Estado que perdure en el tiempo y reúna y conjugue todas las sensibilidades políticas. Es lo debido y lo exigible a nuestros gobernantes, por mucho que, como espectador del debate parlamentario, lo “debido” tenga apariencia de “quimera”.