Eugenio Ribón, Lola Fernández, Mabel Klimt y José Ramón Couso

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), de la mano de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyL), presentó este martes el primer número del renovado Boletín ICAM, una publicación histórica que inicia su cuarta etapa editorial con una apuesta ambiciosa: recuperar una de las grandes cabeceras jurídicas de la abogacía española para convertirla en un espacio de pensamiento, investigación y análisis sobre los grandes desafíos del Derecho contemporáneo.

La presentación, celebrada en la sede de la Real Academia con aforo completo, reunió a destacados representantes del mundo jurídico, académico e institucional en un acto inaugurado por el presidente de la Real Academia, Luis María Cazorla, y que contó con las intervenciones del decano del ICAM, Eugenio Ribón; el exdecano del Colegio y académico de la RAJyL, Luis Martí Mingarro; el director de la publicación, Ricardo Alonso; y la diputada del ICAM Mabel Klimt, coordinadora del número inaugural.

Editado entre 1917 y 2008, el Boletín del ICAM fue durante décadas una de las principales herramientas de difusión doctrinal entre los colegiados. Tras 18 años sin actividad, la publicación se recupera ahora en formato monográfico y periodicidad trimestral, con el objetivo de consolidarse como espacio de análisis riguroso sobre los grandes retos jurídicos contemporáneos.

Durante su intervención, Ribón subrayó que la presentación del nuevo número supone algo más que la recuperación de una cabecera histórica: implica la reactivación de un instrumento de pensamiento jurídico en un momento de especial complejidad para el Derecho. En ese contexto, defendió el papel de la abogacía como actor activo en la construcción y defensa del Estado de Derecho y no como mero observador de los cambios tecnológicos y sociales. “La abogacía española no es espectadora de la historia, sino protagonista activa de ella.”

El decano situó además este proyecto editorial en el marco de la colaboración con la RAJyL, destacando la convergencia entre la práctica profesional de la abogacía y la reflexión académica como elementos necesarios para afrontar los retos actuales del ordenamiento jurídico.

Inteligencia artificial: eje del primer número

En sus palabras de presentación, Klimt defendió que una de las virtudes de esta nueva publicación es abordar la inteligencia artificial no como una cuestión aislada, sino como un fenómeno transversal que atraviesa distintas categorías jurídicas. A su juicio, “si uno lee estos trabajos en conjunto, aparece una tesis común: la IA obliga a desplazar el foco del Derecho desde el texto hacia el sistema”.

Desde esa perspectiva, el número recorre la ingeniería regulatoria de la Unión Europea en su etapa de implementación; los conflictos emergentes entre inteligencia artificial y propiedad intelectual; la economía política de la cadena de valor de la IA generativa y la gestión de intangibles; la transformación interna del trabajo jurídico; y, finalmente, el sentido social de la abogacía ante una tecnología que automatiza lenguaje y reordena la autoridad del texto, todo ello a través de las aportaciones de Moisés Barrio Andrés, Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, Pilar Cámara Águila, Cristina Mesa Sánchez, Alejandro Touriño y la propia Mabel Klimt.

Para la diputada del ICAM responsable de innovación, tecnología y cultura, la IA ha dejado de ser “un asunto de laboratorio para convertirse en infraestructura general de producción de conocimiento, decisión y comunicación”, reabriendo con nueva intensidad preguntas clásicas: “qué significa crear; qué significa copiar; qué significa atribuir; qué significa demostrar”, señaló.

Klimt alertó también de que la irrupción de estas tecnologías no solo obliga a revisar instituciones jurídicas tradicionales, sino que introduce nuevos riesgos para la práctica profesional. Entre ellos, citó la aparición de un “pseudoderecho” verosímil: textos con apariencia jurídica, pero con errores, omisiones o incluso referencias inexistentes, generados por sistemas automatizados. A ello sumó otras amenazas ya centrales para la profesión, como la opacidad de los procesos cuando se trabaja con herramientas de “caja negra”, la reproducción de sesgos o la eventual pérdida de confidencialidad cuando la información del cliente se introduce en sistemas no plenamente gobernados.

Frente a ese escenario, la diputada del ICAM reivindicó la función social de la abogacía como garante de acceso, inteligibilidad e igualdad. “En la era de la IA, el analfabetismo ya no es solo jurídico, sino también tecnológico”, advirtió, al tiempo que alertó de que esa brecha puede convertir la automatización en una nueva forma de exclusión. En ese contexto, defendió que “la abogacía sigue siendo una infraestructura de igualdad y garante, más que nunca, del Estado de Derecho”.

Un proyecto compartido entre abogacía y academia

El relanzamiento del Boletín ICAM materializa una de las primeras iniciativas del convenio de colaboración suscrito en noviembre entre el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, un acuerdo con el que ambas instituciones buscan reforzar la investigación jurídica, la producción doctrinal y la difusión del conocimiento.
Así, en la apertura del acto, el presidente de la RAJyL, Luis María Cazorla, puso el acento en el valor institucional del proyecto y defendió que esta nueva etapa del Boletín “representa mucho más que una colaboración formal entre dos instituciones de referencia”, al unir “dos tradiciones jurídicas al servicio de un mismo propósito: fortalecer el estudio, la reflexión y la difusión del Derecho como fundamento esencial de nuestra convivencia democrática”. A su juicio, esta alianza abrirá “nuevas oportunidades para la formación, el debate riguroso y la promoción de una cultura jurídica cada vez más sólida, abierta y comprometida con el interés general”.

En la misma línea, el exdecano del ICAM y académico de la RAJyL Luis Martí Mingarro puso en valor “el diálogo entre la teoría y la práctica, entre la investigación y el ejercicio profesional, entre la tradición y la necesaria adaptación a los desafíos de nuestro tiempo”. Según explicó, la Real Academia aporta “su vocación científica, su dedicación al pensamiento jurídico y su compromiso con la excelencia intelectual”, mientras que el ICAM encarna “la vitalidad de la práctica profesional, la defensa cotidiana de los derechos y libertades, y la cercanía a los retos reales de la sociedad”.

Martí Mingarro advirtió además de la necesidad de preservar el Estado de derecho frente a amenazas “deliberadas o por pasividad”, y alertó tanto del deterioro del debate público como de la deslegitimación del poder legislativo y del creciente “caos normativo” que, a su juicio, compromete la seguridad jurídica.

Nueva etapa para una cabecera centenaria

La presentación del número sirvió también para visualizar el renacimiento de una de las publicaciones jurídicas históricas de nuestro país. Fundado en 1917 como Boletín del Colegio de Abogados, la cabecera nació con la vocación de ser “el medio más eficaz de comunicación entre los colegiados” y de contribuir a la defensa de los intereses de la profesión.

Desde entonces, su trayectoria ha discurrido en paralelo a la propia historia institucional y jurídica de España: una primera etapa, entre 1917 y 1926, concebida como órgano de comunicación colegial y de defensa de los intereses corporativos; una segunda, iniciada en 1930 bajo el decanato de Ángel Ossorio y Gallardo, marcada por la convulsión política de la época y abruptamente interrumpida por la Guerra Civil; y una tercera, iniciada en 1996 bajo el decanato de Luis Martí Mingarro, en la que el Boletín reforzó su perfil doctrinal con números de carácter monográfico y altamente especializado hasta su última edición en 2008.

Tras casi dos décadas fuera de circulación, el Boletín del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid reaparece ahora en su cuarta época con un formato renovado que busca “ganarse un sitio entre las revistas jurídicas de referencia en nuestro país”, combinando “el rigor y la excelencia científica” con un enfoque especialmente dirigido —aunque no de forma exclusiva— a los abogados en ejercicio, según explicó su director, Ricardo Alonso.

La publicación tendrá periodicidad trimestral y carácter monográfico. Cada número reunirá entre siete y ocho estudios coordinados por especialistas de reconocido prestigio sobre una materia concreta, con el respaldo de un comité de redacción y de un consejo científico integrados por representantes de la abogacía, la judicatura, la universidad y otras instituciones jurídicas de referencia.

El próximo, según adelantó Alonso, tendrá como tema de referencia la casación en materia tributaria y estará coordinado por Gabriel Casado Ollero, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la UCM y presidente de la sección de Derecho Tributario del ICAM.