Víctor Soriano, Abogado y socio-director de Soriano i Piqueras
Víctor Soriano
Hay que decirlo sin rodeos: el Ministerio Fiscal, tal y como está configurado hoy en España, constituye un peligro para nuestra democracia. No lo digo desde la trinchera ideológica, ni con ánimo de polemizar gratuitamente con una institución cuya función constitucional respeto. Lo digo desde la experiencia acumulada en los tribunales, en causas en las que he defendido y acusado a responsables públicos de muy distinto signo político. Esa experiencia, y no otra cosa, es la que me obliga a hablar.
El problema no está en la Fiscalía como idea, sino en su diseño. Un órgano cuya cúspide es nombrada por el Gobierno —»la Fiscalía, ¿de quién depende?», recordemos—, cuyo principio rector es la unidad de actuación y la dependencia jerárquica, y cuyas instrucciones descienden desde el Fiscal General hasta el último fiscal de provincia, no puede ofrecer, en determinados asuntos, las mismas garantías de imparcialidad que cabe esperar de un Poder Judicial verdaderamente independiente. La cuestión no es si ese diseño facilita los abusos: la cuestión es que los hace posibles y hasta habituales. Y en una democracia madura, lo que importa no es la confianza en quien ocupa hoy el cargo, sino la solidez de las reglas que regirán cuando lo ocupe otro.
No estamos hablando en abstracto. Por primera vez en democracia, un Fiscal General del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz, nombrado a propuesta del Gobierno y considerado inidóneo por el CGPJ, fue declarado autor de un delito en el ejercicio de su cargo. La cabeza del Ministerio Fiscal —aquel a quien el ordenamiento encomienda promover la acción de la justicia y velar por la legalidad— utilizó la información reservada de un procedimiento penal en el marco de una pugna política.
Su sustituta no lo ha mejorado. Teresa Peramato, lejos de aprovechar el caso para abrir una reflexión institucional sobre lo ocurrido, decidió que la Fiscalía recurriera en amparo la condena de su predecesor ante el Tribunal Constitucional. Es decir: la institución, como tal, comparece en defensa del fiscal general condenado por revelar datos reservados. Y, no contenta con eso, optó por mantenerlo en la carrera fiscal y reincorporarlo al propio Tribunal Supremo. La reacción del Ministerio Fiscal ante una condena penal de su máximo responsable no ha sido la autocrítica ni la depuración, sino el cierre de filas. Un reflejo corporativo que, en cualquier institución del Estado, debería preocuparnos; en la encargada de ejercer la acusación pública, resulta sencillamente incompatible con la confianza democrática que se le exige. Mientras tanto, depura a los fiscales independientes para sustituirlos por afines bajo su control más directo.
Reformar el Ministerio Fiscal no es debilitarlo: es protegerlo. Es protegerlo frente a la sospecha permanente, frente a la instrumentalización y frente al desgaste que sufre cada vez que un procedimiento de relevancia pública acaba leyéndose en clave partidista. Y es proteger también al ciudadano, que tiene derecho a que la acción penal del Estado no dependa, ni de hecho ni en apariencia, de quién gobierne.
