Ernesto Pedro Casado Rodríguez, presidente de CNLAJ
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha reclamado al Ministerio de Justicia que impulse criterios homogéneos para la organización y funcionamiento de los Tribunales de Instancia y las nuevas Oficinas Judiciales, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas con competencias transferidas.
La petición se produce tras la publicación de la nueva Guía de Buenas Prácticas para la Organización de los Tribunales de Instancia del CGPJ. El CNLAJ valora positivamente el documento, pero considera que su contenido pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un modelo más homogéneo en todo el territorio.
El Colegio advierte de que la implantación de los Tribunales de Instancia se está desarrollando de manera «desigual e irregular», provocando disfunciones en la organización cotidiana de los servicios. Una situación sobre la que ya alertó en las XXXVII Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas en junio en Valencia, donde denunció la falta de tiempo, medios y criterios comunes en el despliegue de la reforma.
Para el CNLAJ, la reforma no puede limitarse a modificar las estructuras judiciales, sino que requiere planificación, medios suficientes, protocolos comunes, formación y mecanismos que permitan detectar y corregir las disfunciones. El objetivo, sostiene, debe ser garantizar unos estándares básicos de funcionamiento para profesionales y ciudadanos con independencia del territorio en el que se encuentren.
El Colegio reclama también criterios comunes para la tramitación electrónica y la dación de cuenta entre la Oficina Judicial y los Tribunales de Instancia. Considera que estos procedimientos deben realizarse mediante cauces electrónicos homogéneos que permitan garantizar la trazabilidad de las actuaciones y evitar retrasos y errores organizativos.
El CNLAJ insiste, además, en que jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y el resto del personal que trabaja diariamente en los tribunales deben participar activamente en la implantación y evaluación del nuevo modelo.
A juicio del Colegio, la reforma no puede darse por concluida con la entrada en funcionamiento formal de los Tribunales de Instancia y deberá continuar desarrollándose para corregir las deficiencias detectadas y alcanzar los objetivos de eficiencia, coordinación y calidad del servicio público de Justicia.
