La apertura del Año Judicial 2026-2027 ha vuelto a colocar en primer plano un debate que lleva demasiado tiempo acompañando a la Justicia española: su relación con la política. El discurso de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, dejó una advertencia inequívoca. No es admisible, afirmó, que la descalificación pública de los jueces pueda convertirse en un instrumento de presión sobre sus decisiones.
Es difícil discutir ese principio. En un Estado de derecho los jueces deben poder resolver sin presiones políticas, mediáticas o sociales. Sus resoluciones pueden ser criticadas, también con dureza. Lo hacen los juristas cada día. Pero existe una frontera entre discutir una resolución y desacreditar personalmente a quien la dicta simplemente porque el resultado no gusta.
El problema es que esta apertura del Año Judicial no se produce en el vacío.
Llega después de meses de enfrentamientos entre el Gobierno y distintos órganos judiciales, de acusaciones de lawfare, de procedimientos que afectan a dirigentes y personas próximas a diferentes partidos y de polémicas alrededor de determinadas actuaciones judiciales. Hemos llegado a un punto en el que casi cualquier resolución con trascendencia política acaba siendo interpretada según quién gana y quién pierde con ella.
La prensa española ha reflejado fielmente esa división.
Una parte de los medios ha leído el discurso de Perelló fundamentalmente como una defensa de los jueces frente a las presiones del poder político. Otros han puesto el acento en la necesidad de que la propia judicatura haga autocrítica y examine comportamientos que pueden alimentar la percepción de politización. Entre ambos extremos encontramos cabeceras que describen, con mayor distancia, un deterioro evidente de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
No debería sorprendernos demasiado. Los medios forman parte de la misma sociedad polarizada que describen.
Pero en medio de esta discusión hay una voz que apenas escuchamos: la de los ciudadanos.
Las encuestas publicadas durante los últimos meses ofrecen datos que deberían preocupar a todos. Al Gobierno y a la oposición, naturalmente, pero también a jueces, fiscales, abogados, procuradores y al resto de quienes trabajan alrededor de la Administración de Justicia.
Las cifras cambian según quién pregunte y, sobre todo, según cómo se formule la pregunta. Conviene tenerlo presente. Pero resulta difícil ignorar la tendencia. El CIS ha constatado que una amplia mayoría de los ciudadanos duda de que la Justicia actúe siempre con imparcialidad cuando intervienen partidos políticos. Una proporción todavía mayor percibe diferencias entre el trato que reciben los políticos y los ciudadanos corrientes o entre quienes tienen mayor y menor capacidad económica.
El barómetro elaborado por 40dB. para El País y la Cadena SER mostró también una elevada percepción de interferencia política. Tres de cada cuatro encuestados consideran que los partidos intentan influir en las decisiones de los jueces y una mayoría cree que algunos magistrados pueden estar condicionados por sus ideas políticas. Otros estudios, como el realizado por Ipsos para La Vanguardia, han encontrado igualmente una percepción significativa de que existen jueces que están “haciendo política”.
Hay que manejar estos datos con prudencia. Las encuestas no son intercambiables y tampoco preguntan exactamente lo mismo. El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea aporta además un matiz importante: alrededor del 40% de los españoles considera bastante buena o muy buena la independencia de jueces y tribunales, un porcentaje que incluso ha mejorado ligeramente.
Por tanto, afirmar sin más que “los españoles no confían en la Justicia” sería simplificar demasiado.
Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado. Hay un problema de confianza y ese problema se hace especialmente visible cuando Justicia y política se cruzan.
Quizás ahí esté una de las cuestiones que deberían marcar este nuevo Año Judicial.
Naturalmente, la independencia judicial no puede depender de una encuesta. Un magistrado no está para dictar la sentencia que quiere la mayoría. Tampoco para satisfacer al Gobierno, a la oposición, a un periódico o a las redes sociales. Precisamente para eso existe la independencia judicial.
Pero la confianza funciona de otra manera. No basta con proclamar que una institución es independiente. Los ciudadanos tienen que percibirla como tal.
Resulta por ello especialmente interesante que la propia Isabel Perelló haya planteado recuperar los barómetros del CGPJ sobre la percepción ciudadana de la Administración de Justicia, abandonados hace casi dos décadas. Preguntar a los ciudadanos qué piensan de sus tribunales no debilita a la Justicia. Puede ayudar a entender por qué una parte de la sociedad ha empezado a mirarla con recelo.
Y en todo este debate corremos además el riesgo de olvidar otra Justicia. La que conocen muy bien los profesionales.
Es la Justicia de los pasillos, de las salas de espera y de los expedientes. La del abogado que tiene que explicar a su cliente que todavía no hay fecha. La del procurador que lleva meses esperando un trámite. La del juez que entra cada mañana en un órgano saturado y la del funcionario que trabaja con herramientas que no siempre funcionan como deberían. También la de una empresa que necesita resolver un conflicto para poder seguir tomando decisiones.
Quienes trabajan habitualmente en los tribunales saben que los grandes debates sobre independencia judicial conviven con problemas bastante menos solemnes.
Los propios datos conocidos con motivo de la apertura del Año Judicial son elocuentes. La Justicia española arrastra alrededor de 4,7 millones de asuntos pendientes. Hay órganos judiciales que están señalando juicios para 2030. La Sala Primera del Tribunal Supremo acumula decenas de miles de recursos. La implantación de los Tribunales de Instancia, la digitalización, la falta de medios humanos y tecnológicos y los efectos prácticos de algunas de las últimas reformas siguen planteando dificultades.
Para quien lleva años esperando una sentencia, la percepción de la Justicia probablemente se construye mucho más en esa experiencia que en cualquier discurso institucional.
Y para el abogado que tiene sentado delante a ese ciudadano tampoco resulta sencillo explicar que la demora forma parte del funcionamiento normal del sistema. Los profesionales son, muchas veces, la primera cara visible de una Justicia cuyos tiempos y medios no controlan.
También así se pierde —o se gana— confianza.
Por eso sería un error reducir la crisis de confianza únicamente a la politización. La independencia importa, y mucho. Pero también importan los tiempos, la previsibilidad, el trato recibido, la claridad de las resoluciones, el funcionamiento de las herramientas digitales y la sensación de que acudir a los tribunales sirve realmente para resolver un problema.
España necesita preservar la independencia de sus jueces frente a cualquier intento de presión. Y la política debería abandonar de una vez la peligrosa costumbre de convertir en sospechoso al juez que adopta una decisión contraria a sus intereses.
Eso no significa que la Justicia deba quedar fuera de la crítica. Tampoco que toda crítica pueda despacharse como un ataque a la independencia judicial. La transparencia, la rendición de cuentas, la autocrítica y el cuidado de la apariencia de imparcialidad también ayudan a proteger una institución.
La apertura del Año Judicial 2026 ha vuelto a mostrarnos dos relatos enfrentados. Para unos, la Justicia está siendo atacada desde la política. Para otros, determinados sectores de la Justicia han entrado en el terreno político.
Quizás haya llegado el momento de escuchar con más atención un tercer relato.
El de los ciudadanos que observan esta batalla desde fuera. Y el de los profesionales que, cada mañana, tienen que hacer funcionar la Justicia desde dentro.
Porque la independencia judicial debe protegerse siempre.
La confianza ciudadana, en cambio, no puede imponerse ni reclamarse.
Hay que ganársela.
