El III Congreso Nacional de Segunda Oportunidad pone el foco en las diferencias interpretativas de los tribunales, el crédito público, los concursos sin masa y los procedimientos para microempresas. Eugenio Ribón reclama un sistema más predecible, ágil y seguro.
El mecanismo de segunda oportunidad dispone ya de un marco legal y de una jurisprudencia cada vez más desarrollada, pero su aplicación práctica continúa planteando importantes dificultades. La falta de uniformidad entre los tribunales, la complejidad de determinados procedimientos y las dudas que persisten en materias como el crédito público se encuentran entre los principales obstáculos señalados durante el III Congreso Nacional de Segunda Oportunidad, celebrado durante dos jornadas en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, aprovechó la clausura del encuentro para reclamar una mayor seguridad jurídica que permita trasladar a la práctica la finalidad con la que fue concebida la segunda oportunidad: que las personas que cumplen los requisitos legales puedan superar una situación de endeudamiento insostenible y volver a empezar.
«Nuestra responsabilidad es conocer bien las herramientas que ofrece el ordenamiento, garantizar que puedan utilizarse con seguridad jurídica y procurar que quienes reúnen los requisitos puedan acceder realmente a esa segunda oportunidad que reconoce la ley», señaló Ribón.
La disparidad de criterios, uno de los principales problemas
La necesidad de lograr una aplicación más homogénea de la normativa ha sido uno de los ejes centrales del Congreso. En su inauguración, el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Javier Mata advirtió de la «falta de uniformidad» con la que los tribunales inferiores están aplicando las directrices establecidas por el Tribunal Supremo.
Una disparidad que, según destacó, tiene consecuencias directas para las personas que recurren a este instrumento. Familias y autónomos necesitan una respuesta que, además de rápida, resulte «predecible y uniforme». Ribón retomó esta cuestión en la clausura y defendió que el objetivo debe ser contar con procedimientos «comprensibles, ágiles y jurídicamente seguros».
El debate cobra especial importancia ante la actividad que está desarrollando la Sala Primera del Tribunal Supremo en esta materia. La magistrada Nuria Orellana Cano explicó durante la conferencia inaugural que esta misma semana se habían celebrado cuatro deliberaciones sobre recursos de casación relacionados con la segunda oportunidad y que existen nuevos asuntos señalados para octubre.
Orellana repasó además las resoluciones dictadas por el Alto Tribunal desde la reforma concursal introducida por la Ley 16/2022. Entre las cuestiones que siguen delimitándose jurisprudencialmente figuran la acreditación de los requisitos exigidos al deudor, las derivaciones de responsabilidad, los límites a la exoneración del crédito público y la determinación precisa de las deudas que quedan afectadas por la exoneración.
Del Tribunal Supremo a los problemas cotidianos de los juzgados
El Congreso ha buscado precisamente confrontar esa evolución jurisprudencial con los problemas que abogados y tribunales encuentran en la práctica. Durante las distintas sesiones se analizaron los concursos sin masa, los planes de pagos, el sobreendeudamiento y el procedimiento especial para microempresas, además de las relaciones entre el Derecho concursal y el Derecho de familia.
También se abordaron el tratamiento del crédito público, la incidencia del Derecho europeo y los procedimientos concursales con elementos transfronterizos, configurando un programa especialmente orientado a las dificultades que aparecen en la aplicación cotidiana de la segunda oportunidad.
La catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid Matilde Cuena Casas cerró la vertiente académica del encuentro con una conferencia sobre las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en esta materia y, especialmente, sobre el seguimiento de esa doctrina por los tribunales inferiores. Una cuestión estrechamente relacionada con la búsqueda de una mayor uniformidad que ha marcado esta tercera edición del Congreso.
Para el decano del ICAM, el intercambio entre magistrados, académicos y abogados resulta especialmente necesario en un ámbito sometido a una intensa evolución jurisprudencial, ya que permite conocer los criterios de los tribunales, identificar los problemas que surgen en su aplicación y mejorar tanto el asesoramiento como la defensa de los afectados.
Ribón quiso, además, alejar el debate de una visión exclusivamente técnica del Derecho concursal. «Cuando hablamos de segunda oportunidad no hablamos únicamente de procedimientos, requisitos o interpretaciones jurisprudenciales. Hablamos de personas», afirmó, recordando la situación de familias incapaces de afrontar sus deudas, autónomos cuyos proyectos empresariales no prosperaron y emprendedores que necesitan volver a empezar.
El reto, concluyó el decano madrileño, pasa por conseguir que el mecanismo cumpla efectivamente la función para la que fue diseñado y permita que quien haya sufrido un fracaso económico y reúna las condiciones establecidas por la ley pueda «dejar atrás una deuda insostenible y comenzar de nuevo».
