El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia advierte de que ampliar la plantilla de jueces y fiscales sin reforzar las oficinas judiciales puede agravar la sobrecarga de trabajo. La organización exige estudios de cargas laborales y medidas de prevención de riesgos en la implantación de los Tribunales de Instancia.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha reclamado al Ministerio de Justicia que la anunciada ampliación de la planta judicial y fiscal vaya acompañada de un incremento de los efectivos destinados a las oficinas judiciales. La organización considera que incorporar nuevos jueces y fiscales sin reforzar los servicios encargados de tramitar los procedimientos y ejecutar las resoluciones puede comprometer tanto la eficacia de la reforma judicial como la salud laboral de sus profesionales.
La advertencia llega después de que el Gobierno anunciara la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales en 2027. Aunque el CNLAJ valora la necesidad de fortalecer la Administración de Justicia, considera insuficiente una planificación que no contemple las consecuencias de este incremento sobre el conjunto de los profesionales que intervienen en el funcionamiento de los tribunales.
El Colegio sostiene que la reforma organizativa introducida por la Ley Orgánica 1/2025, que contempla la implantación de los Tribunales de Instancia, exige una evaluación realista de las necesidades de personal. En su opinión, las nuevas estructuras judiciales no pueden funcionar adecuadamente si mantienen las mismas carencias de recursos humanos que afectaban al modelo anterior.
Rechazo a las reorganizaciones que no aumenten las plantillas
Una de las principales reivindicaciones del CNLAJ se refiere a las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que se están realizando durante el proceso de transformación de la organización judicial.
La asociación profesional rechaza aquellas modificaciones que se limiten a redistribuir los efectivos existentes sin incorporar nuevos profesionales, tanto letrados de la Administración de Justicia como funcionarios de los cuerpos generales.
Esta posición ya ha sido trasladada formalmente al Ministerio de Justicia. El Colegio considera que cambiar los organigramas, redefinir puestos o crear nuevas unidades administrativas no resolverá los problemas estructurales si no se acompaña de los recursos necesarios para asumir las funciones asignadas.
La implantación de los Tribunales de Instancia requiere, según el CNLAJ, conocer previamente las necesidades de cada oficina judicial, teniendo en cuenta sus competencias, el volumen de procedimientos, la complejidad de los asuntos y las actuaciones pendientes de ejecución.
De lo contrario, advierte, existe el riesgo de trasladar las deficiencias del sistema anterior al nuevo modelo organizativo e incluso generar problemas adicionales durante su puesta en funcionamiento.
La salud laboral, una cuestión pendiente en la reforma judicial
El CNLAJ sitúa la prevención de riesgos laborales entre las prioridades que deberían incorporarse a la planificación de las nuevas oficinas judiciales.
La organización reclama al Ministerio la elaboración y actualización de módulos de trabajo que permitan medir de forma objetiva las funciones y responsabilidades asumidas por los letrados de la Administración de Justicia.
Estos estudios deberían contemplar no solo el número de procedimientos ingresados, sino también su complejidad, las actuaciones de ejecución, las funciones de dirección y organización de los equipos y las nuevas responsabilidades derivadas de la reforma.
El Colegio considera que la ausencia de instrumentos adecuados para medir estas cargas dificulta determinar cuántos profesionales necesita cada órgano y cómo distribuir los recursos disponibles.
También advierte de que una sobrecarga continuada puede afectar tanto a la salud de los trabajadores como a la calidad del servicio prestado a los ciudadanos y a los tiempos de respuesta de la Administración de Justicia.
Para la organización, la prevención de estos riesgos debe incorporarse desde el inicio al diseño de las oficinas judiciales, en lugar de abordarse cuando los problemas de funcionamiento y las situaciones de sobrecarga ya se han producido.
Más jueces también significa más trabajo para las oficinas judiciales
El Colegio reconoce que las reivindicaciones de la Carrera Judicial y del Ministerio Fiscal para aumentar sus plantillas responden a necesidades legítimas. Sin embargo, insiste en que estas medidas deben formar parte de una planificación conjunta de los recursos humanos de la Administración de Justicia.
La incorporación de nuevos jueces puede incrementar la actividad procesal y, con ella, las tareas de tramitación, organización y ejecución que corresponden a los letrados de la Administración de Justicia y al resto del personal de las oficinas judiciales.
Por este motivo, el CNLAJ considera imprescindible evaluar el impacto de cada nueva plaza judicial sobre los servicios que deben prestarle apoyo.
La organización también reclama especial atención a las unidades encargadas de la ejecución de resoluciones, uno de los ámbitos en los que viene advirtiendo de la necesidad de reforzar los medios disponibles.
En este contexto, el Colegio sostiene que la modernización de la Justicia no puede depender exclusivamente del incremento del número de jueces y fiscales, sino que requiere una inversión equilibrada en todos los colectivos profesionales que intervienen en el funcionamiento de los tribunales.
El CNLAJ pide estudios de cargas y seguimiento de la reforma
Entre las medidas que plantea al Ministerio de Justicia figuran la actualización de los módulos de trabajo de los letrados de la Administración de Justicia, la realización de estudios sobre las cargas reales de las oficinas judiciales y la revisión de las RPT en función de necesidades acreditadas.
También reclama incorporar la prevención de riesgos laborales a la planificación de las plantillas y establecer mecanismos permanentes de seguimiento que permitan detectar situaciones de sobrecarga y corregir las deficiencias que puedan aparecer durante la implantación de los Tribunales de Instancia.
El Colegio considera necesario disponer de criterios homogéneos de organización y de datos objetivos que permitan conocer el funcionamiento efectivo de las nuevas estructuras judiciales.
La organización ha reiterado su disposición a colaborar con el Ministerio de Justicia en el desarrollo de un modelo que combine la mejora de la eficiencia judicial con unas condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales.
El CNLAJ insiste en que la creación de nuevas plazas judiciales debe aprovecharse para abordar las necesidades del conjunto de la Administración de Justicia. Su principal advertencia es que una reforma destinada a mejorar el servicio público puede perder eficacia si el incremento de la actividad jurisdiccional no va acompañado de los medios humanos necesarios para tramitar los asuntos y ejecutar las resoluciones.
La reivindicación sitúa así las condiciones laborales de los letrados de la Administración de Justicia en el centro del debate sobre la reorganización judicial, en un momento en el que la implantación de los Tribunales de Instancia obliga a revisar tanto la distribución de funciones como los recursos disponibles.
