Eugenio Ribón ha remitido una carta al ministro Félix Bolaños para reclamar la publicación urgente de la convocatoria y un calendario que permita a los futuros abogados planificar su incorporación al ejercicio profesional. El Colegio advierte de que los retrasos pueden afectar a sus oportunidades laborales.
Gabriel Rodríguez, Diputado responsable de Abogacía Joven del ICAM
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que publique con urgencia la segunda convocatoria de la prueba de acceso a la Abogacía correspondiente a 2026. La institución considera que la ausencia de una fecha concreta, cuando el año se aproxima a su final, está generando incertidumbre entre quienes han completado o están a punto de finalizar su formación jurídica.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha trasladado esta preocupación al ministro Félix Bolaños mediante una carta en la que reclama un calendario que permita a los aspirantes organizar la preparación del examen y planificar su incorporación al mercado laboral.
El Colegio advierte de que la falta de previsión administrativa puede retrasar la colegiación de los nuevos profesionales y dificultar su acceso a oportunidades de empleo en despachos y otras organizaciones jurídicas.
Gabriel Rodríguez advierte de las consecuencias laborales
Desde el área de Abogacía Joven del ICAM se insiste en que la incertidumbre sobre la celebración del examen tiene consecuencias que van más allá de la organización académica.
Gabriel Rodríguez, diputado responsable de Abogacía Joven del ICAM, considera que los aspirantes no deberían afrontar retrasos adicionales después de haber cumplido las exigencias formativas necesarias para acceder a la profesión.
«No es razonable que quienes han dedicado años a formarse y han cumplido con las exigencias académicas necesarias sigan sin saber cuándo podrán afrontar el último paso para ejercer. Detrás de cada aspirante hay esfuerzo, inversión y proyectos profesionales que no pueden quedar indefinidamente condicionados por la incertidumbre administrativa», señala.
Rodríguez advierte también de que la falta de una fecha puede perjudicar especialmente a quienes necesitan incorporarse cuanto antes al mercado laboral.
«Estamos hablando de jóvenes que pueden perder oportunidades de incorporarse a un despacho, iniciar su actividad profesional o avanzar en su carrera. La Administración debe ser consciente de que sus tiempos tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas», afirma.
Una segunda convocatoria que todavía no tiene fecha
La primera prueba de acceso a la Abogacía de 2026 fue convocada mediante la Orden PJC/298/2026, de 24 de marzo. El ICAM reclama ahora que se mantenga la previsibilidad de las evaluaciones y se publique cuanto antes la segunda convocatoria del año.
La institución recuerda que la normativa establece determinadas garantías para la celebración de estas pruebas, entre ellas su publicación en el Boletín Oficial del Estado con una antelación de tres meses.
Aunque el marco reglamentario contempla una periodicidad mínima anual, el Colegio considera necesario facilitar una segunda convocatoria, siguiendo la práctica de ejercicios anteriores.
En este sentido, solicita que el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, comunique las previsiones sobre la próxima evaluación.
Para el ICAM, disponer de un calendario definido también resulta importante para las universidades y centros de formación que imparten los estudios de acceso a la profesión.
Celia Herrero reclama seguridad jurídica para los futuros abogados
Celia Herrero, responsable de Abogacía Joven del ICAM y presidenta de la Sección de Iniciación Profesional, insiste en que la reclamación no pretende modificar los requisitos de acceso, sino garantizar que los aspirantes puedan conocer con suficiente antelación cuándo tendrán la oportunidad de examinarse.
«No estamos pidiendo que se rebaje ninguna exigencia ni que se alteren las garantías de acceso a la profesión. Estamos reclamando algo tan elemental como que los futuros abogados sepan cuándo van a poder examinarse y organizar su futuro», explica.
Herrero asegura que el Colegio continuará reclamando una respuesta hasta que exista un calendario claro y reitera la disposición de la institución a colaborar con el Ministerio en la organización de las pruebas.
«La incertidumbre administrativa no debe convertirse en una barrera añadida para acceder a la Abogacía», concluye.
La petición del ICAM sitúa nuevamente el foco en la planificación de las pruebas de acceso a la profesión y en sus efectos sobre las nuevas generaciones de abogados, que dependen de la superación de esta evaluación para completar los requisitos necesarios para el ejercicio profesional.
