El Colegio clausuró el pasado viernes su primer congreso sobre la materia, con debates sobre la calidad de las ofertas, la contratación de servicios jurídicos y los controles frente a la corrupción.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) clausuró el pasado viernes, 30 de octubre, su I Congreso sobre Contratación Pública con una llamada a incorporar la experiencia de los abogados al debate sobre la reforma europea. Durante dos jornadas, especialistas de despachos, administraciones, órganos de control y empresas analizaron los cambios que plantea el proyecto y sus consecuencias para la adjudicación y ejecución de contratos y concesiones.
El presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, Alberto Dorrego de Carlos, sostuvo que la propuesta supondrá, si prospera, «un giro copernicano en el funcionamiento del sistema de contratación pública en España».
La iniciativa presentada por la Comisión Europea el 9 de septiembre plantea sustituir las tres directivas de contratación por un reglamento de aplicación directa. El texto se encuentra en fase de propuesta y pretende reunir en un mismo marco los contratos públicos y las concesiones, según la documentación publicada por la Comisión Europea.
Mayor peso de la calidad frente al precio
Uno de los ejes del congreso fue la evolución de los criterios de adjudicación hacia una mayor valoración de la calidad, la eficiencia y el resultado global de las ofertas.
«El precio no puede ser elemento determinante en la compra pública», defendió Dorrego, partidario de una contratación estratégica que permita utilizar la capacidad de compra de las administraciones para atender objetivos económicos y sociales.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliú abordó los principios del proyecto europeo y sus perspectivas de aprobación. Las sesiones también examinaron los procedimientos de adjudicación, los requisitos de solvencia y la denominada preferencia europea, vinculada a las condiciones de acceso de empresas de terceros países a las licitaciones.
La contratación de servicios jurídicos por las administraciones ocupó igualmente un lugar en el balance del encuentro. Dorrego consideró que el proyecto recoge algunas de las posiciones defendidas por la abogacía española y europea, aunque reclamó seguir trabajando en propuestas durante la tramitación legislativa.
Ribón pide intervenir antes de que las normas se aprueben
La participación de la profesión en la elaboración normativa fue uno de los mensajes de la inauguración, celebrada el jueves 29 de octubre.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, defendió que el conocimiento adquirido en el ejercicio profesional debe servir para detectar deficiencias y formular mejoras legislativas.
«No podemos conformarnos con estudiar las normas cuando ya están aprobadas. La abogacía debe participar también en el debate sobre cómo deben ser esas normas», afirmó.
Ribón vinculó esta responsabilidad con el impacto de la contratación pública en la prestación de servicios a los ciudadanos y animó a los asistentes a trasladar propuestas concretas al debate.
Controles jurídicos frente a los riesgos de corrupción
La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pilar Cancer Minchot compartió la conveniencia de superar un modelo excesivamente centrado en el precio, pero advirtió de que el mayor protagonismo de los criterios cualitativos debe acompañarse de garantías suficientes.
En su intervención señaló los riesgos que pueden aparecer en la elaboración de los pliegos y en la evaluación de las ofertas, y defendió mantener mecanismos eficaces de control jurídico.
También destacó la contribución de la abogacía a la formación de jurisprudencia mediante el recurso de casación, tanto en la identificación de las cuestiones jurídicas como en la construcción de los argumentos.
Recursos contractuales y concesiones
El programa incluyó el análisis del recurso especial en materia de contratación, las prohibiciones de contratar y las medidas de autocorrección empresarial, conocidas como self-cleaning. Los participantes debatieron asimismo sobre el arbitraje y la mediación para resolver controversias contractuales.
En materia de concesiones, las sesiones abordaron el riesgo operacional, la duración de los contratos, su rentabilidad y el equilibrio económico, cuestiones relevantes para la inversión en infraestructuras y servicios públicos.
El congreso dio continuidad a las jornadas especializadas organizadas por el ICAM en 2025. Dorrego avanzó la intención de mantener el trabajo sobre la futura regulación europea y sus efectos sectoriales, con el objetivo de trasladar la experiencia práctica de la abogacía al proceso legislativo.
