El Colegio de Abogados de Granada ha mantenido una reunión con el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al objeto de analizar los problemas derivados de la aplicación práctica de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia en el Servicio Público de Justicia -tras haber superado el primer año desde su aprobación- y solicitar su colaboración en el impulso de iniciativas que redunden positivamente en el funcionamiento del sistema judicial y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.

En este sentido, los representantes de ambas instituciones han coincidido en que la norma, desde su gestación, se ha desarrollado sin contar con los profesionales del ámbito jurídico y resto de fuerzas políticas y sin disponer de dotación presupuestaria, lo que ha obstaculizado la implantación de la nueva Oficina Judicial con la eficiencia y fiabilidad debida. “Estamos ante la mayor transformación de la Justicia de las últimas décadas pero, sin presupuesto, lo que debería ser una oportunidad para mejorar el sistema judicial puede acabar reforzando los problemas endémicos de la Administración de Justicia”, ha manifestado el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, que ha advertido de que, en la provincia, ya constan señalamientos para el año 2029.

Asimismo, las autoridades han abordado los puntos críticos de la reforma en la actualidad. En concreto, la Corporación profesional ha destacado las incidencias en las notificaciones telemáticas que se están registrando en Andalucía, así como las incompatibilidades entre diferentes sistemas informáticos, y las dificultades que esto supone para el desarrollo de la labor jurídica. Junto a esto, la obligatoriedad de los Medios Adecuados de Solución de Controversias como requisito de procedibilidad ha centrado las críticas de los asistentes, quienes han cuestionado su procedencia de forma generalizada.

En relación con este tema, la portavoz de Justicia del GPP en el Senado, Pepa Pardo, y la portavoz adjunta del GPP en el Senado y vocal de la Comisión de Justicia, Inmaculada Hernández, han compartido con los letrados las proposiciones de ley y no de ley que ha presentado su Grupo en las Cortes al objeto de revertir determinadas cuestiones de la LO 1/2025. Entre ellas, reclaman la exclusión de los MASC como requisito de procedibilidad en los procedimientos de familia en los que haya menores o resulten afectados menores, en los juicios monitorios, en los juicios relativos a reclamaciones de cuotas impagadas a comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal o en los juicios de desahucio por cualquiera de las causas previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La situación de los mutualistas, otra prioridad para el colectivo

En una reunión posterior con la senadora María del Rocío Dívar, portavoz de Seguridad Social del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, el Colegio de Abogados de Granada también ha trasladado la preocupación que tiene el colectivo ante la situación que sufren los mutualistas y ha solicitado al GPP a que, dentro de sus competencias, facilite la regulación de la pasarela al RETA de forma definitiva y con carácter de máxima urgencia.

El encuentro ha incluido, además, una visita posterior al Palacio del Senado, en la que la comitiva colegial -con una quincena de integrantes de Junta de Gobierno- ha recibido una breve explicación sobre su historia, composición y funcionamiento del órgano, con especial atención a la Biblioteca, en la que los letrados han podido conocer de primera mano el importantísimo archivo histórico de la Cámara Alta.