La asociación considera que la tramitación parlamentaria debería servir para diferenciar mejor la mediación del resto de mecanismos y garantizar el acceso inmediato a los tribunales cuando la protección de los menores lo requiera.
GEMME España ha pedido aprovechar la tramitación parlamentaria de la propuesta para eliminar el recurso previo obligatorio a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en determinados procesos de familia con menores para revisar algunos de los problemas que, a su juicio, presenta la regulación actual.
La asociación considera que el debate abierto en el Congreso ofrece la oportunidad de introducir mejoras a partir de la experiencia acumulada por los profesionales que están aplicando la normativa y reforzar tanto su eficacia como la seguridad jurídica.
Uno de los principales cambios que plantea GEMME pasa por diferenciar con mayor claridad la mediación del resto de los MASC. La organización recuerda que bajo esta denominación se agrupan mecanismos distintos, con características y formas de intervención diferentes, por lo que considera que tratarlos de manera homogénea dificulta determinar cuál puede resultar más adecuado para cada tipo de conflicto.
La cuestión adquiere especial relevancia en los procedimientos de familia que afectan a niños, niñas y adolescentes. GEMME no comparte que recurrir a la mediación resulte por sí mismo perjudicial para el interés del menor. Según sostiene, cuando existen condiciones para el diálogo, facilitar que los adultos gestionen su conflicto puede precisamente evitar que los menores queden atrapados en una disputa que termine judicializándose.
La asociación introduce, sin embargo, una distinción importante: no todos los conflictos familiares pueden someterse a ese intento previo. Cuando exista una situación de urgencia o estén afectados derechos cuya protección no pueda demorarse, GEMME considera que debe garantizarse una respuesta judicial inmediata, sin que el acceso al tribunal quede condicionado por un procedimiento previo.
“La ley debe ser mejorada con la ayuda de profesionales expertos”, sostiene GEMME España, que reclama conceptos más precisos y una regulación capaz de atender las circunstancias concretas de cada asunto.
El debate parlamentario abre así una nueva fase en la implantación de los MASC tras los primeros meses de aplicación del nuevo modelo. En el ámbito de familia, la discusión no se limita a mantener o eliminar su obligatoriedad previa, sino también a determinar en qué asuntos tiene sentido intentar una solución dialogada y en cuáles la tutela judicial debe activarse sin demora.
