Soriano i Piqueras
La firma obtiene una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la suspensión de licencias turísticas y suma una resolución cautelar a su favor en el caso de Benicalap. El despacho refuerza así una práctica especializada en urbanismo, inversión inmobiliaria y litigación frente a las administraciones públicas.
El despacho de abogados Soriano i Piqueras ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estime parcialmente un recurso contra la moratoria de licencias turísticas aprobada por el Ayuntamiento de Valencia en mayo de 2024. El fallo, conocido en octubre, beneficia a una empresa asesorada por la firma y supone un nuevo resultado judicial favorable para el despacho, que comenzó a litigar contra la medida a principios de 2025.
La moratoria paralizó la tramitación de proyectos de alojamiento turístico mientras el consistorio preparaba una reforma del planeamiento. Soriano i Piqueras promovió acciones judiciales en enero de 2025 en defensa de propietarios e inversores cuyos expedientes habían quedado suspendidos, cuestionando los límites legales de la medida y su aplicación a diferentes títulos habilitantes.
La sentencia constituye un resultado destacado para la firma, que ha defendido la necesidad de sujetar las restricciones urbanísticas a los límites establecidos por la legislación. Aunque el pronunciamiento es parcialmente estimatorio, pone de relieve la importancia del control judicial de las decisiones administrativas que inciden directamente sobre la viabilidad de inversiones y proyectos inmobiliarios.
La actuación refleja una de las principales áreas de práctica de la firma: la defensa de inversiones inmobiliarias ante restricciones y resoluciones administrativas. Su asesoramiento abarca el estudio del planeamiento, la tramitación de autorizaciones y los procedimientos contencioso-administrativos, incluida la tutela cautelar cuando resulta necesaria para preservar la viabilidad de un proyecto.
Esa especialización también ha situado al despacho en el centro del caso de Benicalap, donde presta asesoramiento y defensa jurídica externa a Business Decision and Advice, promotora de varios establecimientos de alojamiento en locales de Carlos Cortina y Encarna Albarracín. Soriano i Piqueras sostiene que los proyectos deben examinarse conforme a la calificación terciaria de determinados bajos del sector y a los requisitos aplicables al uso hotelero, que no es equivalente al alquiler turístico de viviendas.
Uno de esos proyectos, en Carlos Cortina 5, contempla un establecimiento de 38 habitaciones y dispone de licencia ambiental y de obras desde mayo de 2026. Su ejecución motivó actuaciones municipales sobre determinados trabajos y, a finales de octubre, una orden de paralización parcial. La promotora, asistida por Soriano i Piqueras, acudió entonces a la jurisdicción contencioso-administrativa y obtuvo una resolución cautelarísima favorable.
El juzgado acordó el 29 de octubre suspender provisionalmente algunos efectos de la orden municipal, permitiendo continuar las aperturas de huecos comprendidas en el proyecto certificado y amparadas por la licencia. También modificó las exigencias de retirada de medios auxiliares. La decisión no resuelve definitivamente la legalidad de todas las actuaciones, pero representa un resultado procesal favorable para la promotora y su defensa.
El despacho ha trasladado su experiencia en estos litigios al análisis del sector. En septiembre publicó su Informe anual sobre el estado del sector de los apartamentos turísticos de Valencia, con propuestas para aumentar la seguridad jurídica, diferenciar las modalidades de alojamiento y facilitar el conocimiento previo de los límites de saturación turística. El estudio reclama asimismo una mayor atención inspectora a la oferta ilegal.
La actividad de Soriano i Piqueras en derecho turístico se extiende a Baleares. En Ibiza logró reducir de 275.000 a 33.000 euros una sanción por alquiler turístico sin licencia mediante una solución en vía administrativa vinculada a la incorporación del inmueble al programa autonómico Lloguer Segur. La rebaja del 88 % evitó un litigio judicial y permitió encauzar el destino residencial de la vivienda.
Fundada en 2023 y dirigida por Víctor Soriano, profesor de Derecho Administrativo en excedencia, la firma funciona como una boutique jurídica dedicada a asuntos de especial complejidad. Cuenta con oficinas en Madrid, Valencia y Roma y combina el derecho público y el urbanismo con el derecho penal administrativo y económico, el asesoramiento inmobiliario y la práctica mercantil.
La firma ha reforzado también su reconocimiento profesional. En la última edición de Best Lawyers, Víctor Soriano ha sido distinguido en Derecho Administrativo, Derecho Inmobiliario y Urbanismo; José Luis Pantoja, responsable de la oficina de Madrid, en Derecho Mercantil y Fusiones y Adquisiciones, así como en Gobierno Corporativo y Compliance Penal. Son cinco áreas que reflejan la amplitud de su práctica empresarial y contenciosa.
La sentencia favorable sobre la moratoria y la medida cautelar conseguida en Benicalap ilustran la orientación de Soriano i Piqueras hacia los conflictos regulatorios de mayor exigencia técnica. Con una estructura basada en la intervención directa de abogados experimentados, la firma ha hecho de la litigación administrativa y de la defensa jurídica de inversiones dos de sus principales señas de identidad.
