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Asistencia Jurídica Gratuita
MADRID, 23 de OCTUBRE de 2012 - LAWYERPRESS
 

La Constitución Española establece, en su artículo 24 el derecho fundamental de todas las personas a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Para la efectividad de este derecho, en el artículo 119, dispone la gratuidad de la Justicia cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
La Asistencia Jurídica Gratuita es un sistema que persigue garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, de manera que este derecho no se vea limitado por la escasez de medios económicos.
El contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita está determinado por Ley 1/1996, de 10 de enero (BOE núm. 11, de 12 de enero).
En la Comunidad Autónoma de Madrid, la Consejería de Presidencia Justicia e Interior es la encargada de coordinar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de acuerdo con el Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito autonómico.
Los requisitos para tener derecho a la designación de un abogado de oficio (Art. 3 a 5 de la Ley 1/1996), son:
1) Litigar en defensa de derechos o intereses propios.

2) Acreditar insuficiencia de recursos para litigar. Se considera que no disponen de medios para litigar, como norma general:

a. las personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud.
b. Las asociaciones y fundaciones, cuya base imponible en el Impuesto de Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual.

Hasta aquí la letra, desde ahora, la realidad desde la perspectiva del profesional que presta el servicio al ciudadano que tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid que tiene transferida la competencia en materia de Justicia, viene arrastrando una importante deuda por servicios, ya prestados y justificados, a través de nuestro Colegio, a los profesionales que, voluntariamente, estamos adscritos al turno de oficio. Presupuestariamente no es previsible que la Comunidad de Madrid pueda saldar este año 2012 esta deuda, por falta de fondos. Una vez más se demuestra lo fácil que es legislar, contentando sobre el papel y en los medios de información a los ciudadanos, diciendo lo que el votante quiere oír, y lo difícil que resulta en nuestro pretendido, y quizás utópico estado del bienestar, conseguir los fondos necesarios para cubrir el servicio que se presta, y que se abona siempre tarde y mal.

En mi opinión parte del problema estriba en los requisitos económicos que se exigen para tener derecho a la justicia gratuita. La Ley debería recuperar el concepto de beneficio de pobreza, y situar en el umbral del salario mínimo interprofesional el derecho a su reconocimiento. Por encima del salario mínimo interprofesional, y hasta el criterio general actual de reconocimiento, el doble del IPREM, el justiciable debiera aportar un porcentaje de la retribución del abogado de oficio, si se quiere simbólico, pero sin duda efectivo, ya que:

1) Facilitaría la razón por la que el Letrado solicita a su posible cliente de oficio, que aporte documentación de índole económica, para que la comisión estudie si tiene derecho al beneficio íntegro de justicia gratuita. En la práctica la mayoría de los justiciables, especialmente en las asistencias del turno general penal, presumen que el abogado de oficio es gratuito y, además, el detenido-imputado es informado y sabe que le asistirá obligatoriamente un abogado de oficio, caso de no designación particular, por lo que la petición de documentación económica y, por tanto, para el que tiene que aportarla confidencial, le resulta extraña, afectando ya en origen a la primordial relación que debe tener todo abogado con su cliente, la confianza. Pensemos en la sociedad española en la que está arraigada una mentalidad que por ejemplo no es común en anglosajones o teutones. Somos mediterráneos, nacidos al sol de textos como el Lazarillo de Tormes, proclives culturalmente a la picaresca. Lo usual es que el justiciable diga y trate de justificar ingresos menores de los reales. De denegarse la justicia gratuita, el letrado de oficio, provisionalmente ya designado, pasa a ser su propio cliente, para poder cobrar de otro cliente, ya no de oficio, lo que le debe. La confianza no es que se dañe, es que se quiebra totalmente.

2) Evitaría reclamaciones rocambolescas, disminuyendo el colapso que afecta a nuestros Juzgados y tribunales.

3) Sólo lo que afecta al bolsillo propio se valora como debiera. La realidad actual perjudica directamente al profesional, que en muchos casos por su cliente no es tratado con la consideración que tendría para con un abogado particular. El beneficiario de justicia gratuita tiene la errónea percepción “… que como le paga el estado y está en el turno de oficio, tiene que aguantar lo que le eche. Si fuera un abogado bueno no estaría en el turno de oficio”.

4) La aportación particular de los justiciables, en el porcentaje que les toque, aliviaría la situación presupuestaria, optimizando los recursos públicos, que son de todos.

5) Restringiría el numero de asuntos de oficio, pues puestos a tener que pagar algo, a un Letrado que no conocen, preferirían acudir a un Gabinete cercano a su domicilio, del que algún tercero les haya hablado bien, aumentando con ello los asuntos “particulares”.

La Abogacía es una profesión liberal, y sin duda singular. Estamos inmersos en una brutal competencia, cada día mayor según normativa constante de la Comunidad Europea. Por la manera de trabajar, muy individualista, tenemos una voluntad escasamente corporativa, en comparación con otras profesiones. Además, carecemos de manera efectiva de la capacidad para defender todos juntos un posicionamiento común ante el legislador de turno, o la administración autonómica correspondiente, que encima se pone medallas ajenas, reivindicando también nuestros derechos, empezando por una retribución ajustada al trabajo y al tiempo en el que el mismo se realiza. Como dice el refrán, en casa del herrero cuchara de palo.

Se me podrá decir que la pertenencia al turno de oficio no es obligada, pues dicho servicio sólo lo prestan los abogados que voluntariamente así lo solicitan, solicitud por otro lado no exenta de requisitos, pues no basta ser licenciado en derecho y estar colegiado con póliza vigente en materia de responsabilidad civil, sino que es necesario, en beneficio del justiciable, acreditar solvencia en el área practica del derecho, presumida por un ejercicio mínimo de tres años, y la realización, no necesariamente coetánea, de los Cursos de Práctica Jurídica, que duran dos años, ello más los correspondientes cursos de reciclaje, en función de las últimas novedades legislativas.

Frente al voluntarismo de la adscripción, yo respondo que mi planteamiento es en defensa de salvaguardar dignamente los derechos y las obligaciones de quien recibe y presta el servicio. Que con lo que expreso se protege el servicio en sí, dándole viabilidad cara a un futuro, y se protege también el buen nombre del abogado, socialmente vilipendiado, ello de forma injusta. ¿Quién seguiría prestando un servicio esencial para que se pueda hablar de Estado de Derecho, de Justicia, sin haber cobrado un solo euro en todo el 2012?. Los abogados del Turno de Oficio de Madrid lo hacemos todos los días.

 


 




 

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