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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
El Gobierno desoye la voz unánime de la abogacía y de otros colectivos jurídicos y saca adelante una norma que supondrá una quiebra en el principio de igualdad y un serio retroceso en el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución
El ICAIB secunda la iniciativa de la Abogacía Española de promover la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la norma, que, eso sí, exime del pago de tasas a los beneficiarios de la justicia gratuita
Los letrados recuerdan que a muchos ciudadanos les resultará imposible afrontar el pago de unas tasas que el decano de los abogados califica de “absolutamente desproporcionadas y alejadas de la realidad económica y social que vive el país”
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses., normativa que mañana entrará en vigor consagrando, de este modo, la creación en España de una justicia que sólo estará al alcance de las personas con elevados recursos económicos. Así, el legislador desoye la voz unánime de la abogacía y de otros colectivos jurídicos que en los últimos meses han advertido del serio retroceso que la aplicación de unas tasas “totalmente desproporcionadas y alejadas de la realidad económica y social”, en palabras del decano de los abogados de Baleares, Martín Aleñar, supondrá un serio retroceso en el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y una quiebra de principio constitucional de igualdad. En este sentido, los letrados se muestran convencidos de que, máxime en un momento en que la prolongada situación de crisis ha mermado los ingresos de los ciudadanos y los recursos de miles de familias, una buena parte de la población española no podrá asumir el pago de las tasas impuestas en la primera y segunda instancia de las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa así como en la segunda instancia del ámbito social, por lo que se le impedirá de facto la defensa en los tribunales de aquellos intereses que considere legítimos o los derechos que crea conculcados. Así, recuerda la abogacía, prevé el pago de una tasa que resulta de la suma de dos partidas: una cuantía fija, ya de por sí muy elevada, a la que se suma otra variable que dependerá de la cuantía procesal o del interés económico del pleito, de modo que si, por ejemplo, éste se sitúa en cantidades que oscilan entre 0 y un millón de euros, la cuantía variable de la tasa será la que resulte de aplicar un 0,5% al interés económico del pleito, aunque, eso sí, la cantidad variable de la tasa a pagar no podrá superar los 10.000 euros. Promoción de recursos de inconstitucionalidad Por todos estos motivos, el Colegio de Abogados de Baleares se alinea plenamente con la iniciativa asumida por el Consejo General de la Abogacía Española, cuyo presidente ya ha solicitado a distintos organismos e instituciones que presenten recursos de inconstitucionalidad contra la normativa que, eso sí, exime del pago de tasas a los beneficiarios de la justicia gratuita, y cuyos servicios jurídicos trabajan ya intensamente para proporcionar a los organismos que lo soliciten los argumentos jurídicos que pueden contribuir al éxito de tales recursos.
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