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La candidatura de Montserrat Suárez llevará la ley de tasas al Constitucional
MADRID, 22 de NOVIEMBRE de 2012 - LAWYERPRESS
 

La candidatura de Monserrat Suárez Abad a la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Madrid –cuya elección se celebrarán el próximo 18 de diciembre- se compromete a recurrir la ley de tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional por considerar que esta norma impide el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones (derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución) y por estimar que la idea misma de la tasa implica el deber del ciudadano de pagar la mala administración de justicia que “padece” España.
Hoy entra en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que incrementa las tasas judiciales que se introdujeron en el año 2002. Además, la nueva ley extiende el pago de tasas a los particulares, que hasta ahora no venían obligados a su abono. En opinión de la candidata a decana Montserrat Suárez, la aplicación de la ley ha venido a demostrar, una vez más, la improvisación del Gobierno en materia de justicia por cuanto después de su publicación en el BOE ha decidido suspender su liquidación hasta que el Ministerio de Hacienda acuerde la aprobación del correspondiente modelo. “Esta improvisación demuestra que el Gobierno no tiene más intención que la recaudatoria, pues obliga al pago de la tasa incluso cuando técnicamente no le es posible aún recaudarla por falta del modelo de liquidación correspondiente”, señala Suárez.
Desde esta candidatura se anuncia que “en caso de salir elegidos en las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, procederemos a su impugnación ante el Tribunal Constitucional. “Y ello por cuanto atenta al más mínimo principio de Justicia elemental: la sociedad creó históricamente la administración de justicia para limitar los excesos que creaba el ejercicio de la “justicia privada”. Sin embargo, la tasa encarece de tal modo el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos (muy especialmente para la reclamación de pequeñas cantidades) que sin duda vamos a vivir el incremento de acciones al margen del derecho para conseguir la realización del derecho propio. El Gobierno, con esta ley, aboca a la parte económicamente más deprimida de la sociedad a recurrir a la fuerza para poder cobrar sus créditos”, señala.
“Pero es que, además, la imposición de estas elevadas tasas es injusta desde otra perspectiva. Y es que las tasas no pueden superar nunca el coste del servicio público ofrecido. Pues bien, en España el sistema judicial es enormemente caro por la mala gestión de nuestros responsables públicos. Así, el poder legislativo aprueba leyes técnicamente deficientes por primar los criterios demagógicos sobre las razones técnicas. No es raro, por ejemplo, que las Cortes desoigan los criterios de los Abogados del Estado, del propio Consejo de Estado, y de los demás órganos de consulta obligatoria. Pero es que, además, habitualmente los Juzgados tramitan lentamente las causas y en otras muchas ocasiones aplican mal estas mismas leyes tan deficientemente redactadas. Así, es frecuente que un procedimiento se encarezca por la paralización que sufre como consecuencia de mala gestión de la Administración de Justicia. Del mismo modo que es frecuente que los abogados se vean obligados a recurrir muchas Sentencias por la negligencia a la hora de aplicar el derecho, encareciendo nuevamente el procedimiento ¿por qué se obliga a pagar una tasa de 800 euros por apelar cuando muchas veces prosperan los recursos de apelación porque el Juzgado de instancia lo hizo mal? En estos casos la tasa tendría que ser devuelta. En conclusión: se nos obliga a los ciudadanos a pagar unas tasas altísimas porque el coste de la administración de justicia es elevadísimo, sin considerar que esta elevación de costes de debe a la propia incapacidad de los poderes públicos para gestionar eficazmente nuestros intereses”.
Según Montserrat Suárez, “lo más sorprendente es la escasa reacción de la sociedad ante este nuevo desbordamiento del poder. Y más sorprendente aún es el silencio de los Colegios de Abogados, que deberían haber aplicado medidas de presión para desincentivar al Gobierno. Sin embargo, han guardado un silencio cómplice que nos acabará pasando factura a todos. Por eso, desde nuestra candidatura insistimos en convertir al Colegio de Abogados de Madrid en una corporación al servicio de la sociedad para abanderar la lucha contra los excesos de los poderes del Estado. Es la única manera de recuperar nuestra dignidad como ciudadanos y recuperar la libertad política que se nos quiere arrebatar”.

 

 

 

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