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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
Un 84% cree que con la nueva Ley se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el 79% que las tasas son excesivas y el 77% que habrá más dificultades en la lucha contra la violencia machista
El 90% de los encuestados piensa que el ministro de Justicia debería haber buscado el acuerdo entre todas las partes implicadas antes de promover la aprobación urgente de la norma
Estos datos se recogen en un sondeo de urgencia a la población española sobre las tasas judiciales, elaborado por Metroscopia
El 83% de los españoles piensa que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia, y un porcentaje similar, el 79 %, cree además que las tasas que establece al nueva Ley son excesivas. Estos datos se recogen en un “Sondeo de urgencia a la población española sobre la nueva Ley de Tasas judiciales” elaborado por Metroscopia a petición del Consejo General de la Abogacía Española. Según este sondeo, el 84% de los españoles cree que con esta ley se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva; el 83% tiene la sensación de que la protección judicial disminuye y el 77% que habrá más dificultades en la lucha contra la violencia machista. La atención y la preocupación que esta Ley ha despertado en los ciudadanos son patentes, ya que el grado de respuesta ha sido masivo en todas las preguntas planteadas. Es destacable que han contestado en la misma dirección tanto quienes han acudido alguna vez a un abogado como quienes no lo han hecho, y tanto votantes del PP como del PSOE.
JUSTICIA PARA RICOS Y PARA POBRES Dos de cada tres españoles (62%) afirman que no exageran quienes afirman que va a existir una justicia para ricos y otra para pobres y que el peso de las nuevas tasas recaerá en la gran mayoría de la población. Lo piensan así incluso la mayoría de los votantes del partido que sustenta al Gobierno que ha promovido esta norma (54% frente a 39%). Por otro lado, los ciudadanos se muestran mayoritariamente en desacuerdo con dos de los argumentos esgrimidos por el ministro de Justicia para justificar la nueva Ley: un 68% no cree que vaya a contribuir al mejor funcionamiento de la justicia, y un 61% cree, en cambio, que muchas personas que requieran la tutela judicial van a quedar desatendidas por falta de recursos económicos. Aún en el supuesto de que uno de los fines de esta nueva norma pudiera ser obtener fondos para financiar la Justicia Gratuita, el 84% de los ciudadanos considera que es el Estado el que tiene obligación de financiarla con cargo a los Presupuestos Generales y no los usuarios mediante el pago de tasas.
De forma prácticamente unánime (90%), los españoles concluyen que el Ministerio de Justicia debería haber buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la aprobación urgente y casi sin discusión de una norma contra la que se han manifestado jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, organizaciones de consumidores, abogados y hasta el Consejo de Estado. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA Para la obtención de estos datos, se han efectuado 1.000 entrevistas telefónicas, distribuidas de manera proporcional al conjunto de la población nacional. La entrevista se realizó mediante cuestionario estructurado y precodificado, con selección aleatoria de la persona entrevistada. El trabajo de campo se hizo el 26 de noviembre de 2012.
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