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Abogacía
Española
y
Trabajo
Social
instan
al
Gobierno
a
generalizar
las
Oficinas
de
Intermediación
Hipotecaria
para
evitar
desahucios |
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MADRID,
23
de
ABRIL
de
2013
-
LAWYERPRESS |
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El
presidente
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española,
Carlos
Carnicer,
y la
presidenta
del
Consejo
General
del
Trabajo
Social,
Ana
Isabel
Lima,
junto
con
el
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Terrassa,
Miquel
Sàmper,
han
presentado
esta
mañana
al
Gobierno
un
proyecto
conjunto
de
Oficinas
de
Intermediación
Hipotecaria
(OIH)
que
pretende
evitar,
mediante
la
intermediación
entre
las
entidades
bancarias
y
los
deudores,
el
mayor
número
posible
de
ejecuciones
hipotecarias.
Los
Consejos
Generales
de
la
Abogacía
Española
y
del
Trabajo
Social,
sensibles
siempre
con
los
problemas
sociales
y
cuyo
ejercicio
profesional
está
próximo
a
las
demandas
de
la
sociedad,
unen
fuerzas
en
este
proyecto
común
basado
en
las
OIH
que
ya
están
funcionando
en
varios
municipios,
gracias
a
acuerdos
entre
la
administración
pública
y
Colegios
de
Abogados,
con
la
colaboración
de
los
servicios
sociales
municipales,
y
que
están
logrando
acuerdos
en
un
60%
de
los
casos
tratados.
La
Abogacía
Española
y el
Trabajo
Social
han
solicitado
al
Gobierno
que
institucionalice
este
sistema
de
intermediación,
previo
a la
interposición
de
cualquier
demanda
de
ejecución
hipotecaria
para
abordar
de
manera
integral
el
problema
de
la
pérdida
de
vivienda.
El
modelo
de
OIH
propuesto
se
basa
en
la
estrecha
colaboración
entre
los
Colegios
de
Abogados
y
los
servicios
sociales
públicos.
El
Consejo
General
del
Trabajo
Social
aportará
los
instrumentos
y
formación
sobre
las
técnicas
necesarias
para
realizar
un
buen
diagnóstico
y
pronóstico
social
específico.
El
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
de
forma
general,
y
los
abogados
de
forma
especial,
aportarán
su
saber
jurídico
en
materia
procesal
e
hipotecaria,
así
como
en
técnicas
de
negociación.
Los
beneficiarios
de
las
OIH
son
personas,
familias
o
unidades
de
convivencia
empadronadas
en
el
municipio,
propietarios
de
una
vivienda
que
estén
o
puedan
verse
afectadas
por
situaciones
de
riesgo
residencial
y
que
puedan
derivar
en
ejecuciones
hipotecarias.
El
proyecto
genera
un
ahorro
muy
significativo
tanto
a
nivel
económico
como
social,
ya
que
de
los
más
de
7.000
euros
que
cuesta
el
proceso
judicial
de
ejecución
hipotecaria,
se
pasaría
a un
máximo
de
350€.
La
Red
Europea
de
Lucha
contra
la
pobreza
y la
Exclusión
Social
en
España,
el
Consejo
de
Consumidores
y
Usuarios,
CCOO,
UGT,
CSi-F,
USO
y
STAJ
(Sindicato
de
Trabajadores
de
la
Administración
de
Justicia)
han
mostrado
su
apoyo
a
esta
iniciativa.
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