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La
Federación
de
Colegios
de
Abogados
de
Europa
pide
al
Rey
y a
Rajoy
la
derogación
de
la
Ley
de
Tasas
Judiciales |
MADRID,
24
de
ABRIL
de
2013
-
LAWYERPRESS |
|
El
presidente
de
la
Federación
de
los
Colegios
de
Abogados
de
Europa
(FBE),
Lutz
Simon,
se
ha
dirigido
por
carta
al
Rey
de
España,
al
presidente
del
Gobierno,
Mariano
Rajoy,
al
ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz
Gallardón,
y al
presidente
del
Tribunal
Constitucional,
Pascual
Sala,
solicitando
“la
derogación
de
la
Ley
de
Tasas
o la
reducción
de
las
cuantías
fijadas
hasta
unos
límites
razonables
que
no
impidan
u
obstaculicen
el
acceso
a la
Justicia”.
El
representante
de
la
Abogacía
europea
muestra
su
preocupación
por
la
Ley
10/2012
de
Tasas
Judiciales
porque
los
motivos
alegados
para
su
promulgación
por
el
Ministerio
de
Justicia
son
inconsistentes.
“Ni
la
intención
disuasoria
de
una
litigiosidad
injustificada,
ni
la
de
financiar
el
servicio
de
la
Asistencia
Jurídica
Gratuita
bastan
para
ello”,
asegura
Lutz
Simon
en
las
cartas.
La
FBE
considera
que
la
Justicia
es
un
servicio
de
naturaleza
exclusivamente
pública
y
constituye
un
bien
general,
por
lo
que
debe
ser
financiada
fundamentalmente
con
impuestos
directos.
Simon
denuncia
que
“constituye
una
injusticia
flagrante
que
los
ciudadanos
–cuyos
derechos
civiles,
sociales
o
económicos
son
violados-
tengan
además
sobre
sus
hombros
la
carga
de
pagar
la
Justicia
Gratuita
de
otros
ciudadanos
mediante
una
tasa
judicial
adicional
de
cuantía
elevada”.
La
Federación
de
Colegios
de
Abogados
de
Europa
fue
fundada
en
1992
siendo
la
única
organización
europea
integrada
por
Colegios
de
Abogados
y
Consejos
Nacionales
de
la
Abogacía,
que
representa
a
más
de
800.000
abogados
europeos.
Tiene
su
sede
en
Estrasburgo
y es
órgano
consultivo
oficial
del
Consejo
de
Europa.
El
año
pasado
celebró
su
20
aniversario
en
el
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona,
presidiendo
la
solemne
ceremonia
el
Rey
Juan
Carlos,
en
presencia
del
ministro
de
Justicia
y
del
presidente
del
Tribunal
Constitucional.
MAS
DE
800.000
ABOGADOS
EUROPEOS
La
Abogacía
Europea
detecta
los
dos
principales
problemas
que
genera
la
Ley
de
Tasas
Judiciales:
sus
cuantías
económicas
son
desorbitadas
siendo
un
obstáculo
insalvable
para
el
acceso
a la
Justicia
de
la
mayoría
de
la
población
española
y
contiene
normas
que
vulneran
el
principio
de
interdicción
de
la
arbitrariedad
de
los
Poderes
Públicos
establecido
por
el
artículo
9.3
de
la
Constitución
Española.
En
la
carta
dirigida
a
Ruiz
Gallardón,
la
FBE
muestra
su
satisfacción
porque
se
haya
“modificado
algunos
de
los
preceptos
de
la
Ley
de
Tasas,
siguiendo
los
consejos
de
la
defensora
del
Pueblo,
pero
estas
modificaciones
son
insuficientes”.
Además,
censura
al
Ministerio
de
Justicia
por
no
haberse
producido
un
proceso
negociador
sobre
las
materias
reformadas
con
los
el
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
y
los
Colegios
de
Abogados
españoles.
La
FBE
también
muestra
su
preocupación
por
las
reformas
y
proyectos
legislativos
en
materia
judicial
que
suponen
un
retroceso
en
la
Administración
de
la
Justicia
como
la
reducción
del
número
de
jueces,
la
disminución
de
garantías
tras
la
detención,
el
injustificado
aumento
de
la
mediación
a
través
de
las
Cámaras
de
Comercio,
el
cobro
de
tasas
administrativas
por
recibir
documentación
ya
obrante
en
registros
públicos
(impropiamente
llamada
‘privatización
del
Registro
Civil’),
entre
otras
propuestas
normativas.
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