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La
Abogacía
Catalana
aplaude
la
iniciativa
del
juez
de
Tarragona
que
ha
llevado
las
tasas
judiciales
al
Tribunal
Constitucional,
a
petición
del
abogado |
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MADRID,
20
de
MAYO
de
2013
-
LAWYERPRESS |
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 El
Consell
de
l’Advocacia
Catalana,
que
representa
a
los
catorce
Colegios
de
Abogados
de
Catalunya,
aplaude
la
iniciativa
llevada
a
cabo
por
el
titular
del
Juzgado
de
lo
Social
número
1 de
Tarragona,
Diego
Zafra,
que,
a
petición
del
abogado,
ha
planteado
una
cuestión
de
inconstitucionalidad
ante
el
Tribunal
Constitucional
respecto
a la
ley
de
tasas
judiciales
aprobadas
por
el
Ministerio
de
Justicia,
por
considerar
que
'podrían
vulnerar
el
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva'.
En
un
auto
dictado
en
febrero
ante
una
demanda
de
recurso
de
súplica
por
parte
de
un
pensionista,
el
magistrado
plantea
una
posible
incompatibilidad
de
la
ley
con
el
artículo
de
la
Constitución
que
garantiza
que
‘todas
las
personas
tienen
derecho
a
obtener
la
tutela
efectiva
ante
los
jueces
y
los
tribunales
sin
que,
en
ningún
caso,
pueda
producirse
indefensión’.
El
juez
se
ha
basado
en
el
escrito
del
abogado,
que
le
solicitaba
la
presentación
de
la
cuestión
de
inconstitucionalidad.
Cabe
recordar
que
la
Abogacía
puso
a
disposición
de
todos
los
letrados
un
modelo
de
formulario
para
plantear
la
cuestión
de
inconstitucionalidad
de
la
ley
de
tasas.
Este
es
el
primer
caso
que
trasciende
en
el
que
el
juez
acepta
la
propuesta
del
abogado
y
que
su
auto
llega
al
TC.
Dos
modelos
de
formularios
contra
las
tasas
El
Consell
de
l’Advocacia
Catalana
puso
a
disposición
de
todos
los
letrados,
el
pasado
mes
de
diciembre,
dos
modelos
de
formularios
en
catalán
-que
se
pueden
descargar
a
través
de
su
página
web
aquí
-
para
impugnar
la
polémica
Ley
de
tasas
judiciales
y
luchar
contra
el
'abuso'
de
su
imposición.
Los
formularios
proponen
dos
opciones:
no
pagar
la
tasa
planteando
cuestión
de
inconstitucionalidad,
o
bien
pagar,
interponiendo
una
reclamación
económica.
La
primera
opción
supondría
la
paralización
del
procedimiento
hasta
la
resolución
del
juez
o
tribunal,
respecto
del
planteamiento
de
la
cuestión
de
inconstitucionalidad
contra
la
Ley
10/1012,
ante
el
Tribunal
Constitucional.
La
segunda
opción
permitiría
que
el
procedimiento
siguiera
su
curso
-previo
pago
de
la
tasa-
pero
interponiendo
una
reclamación
dirigida
al
Tribunal
Económico
Administrativo
de
la
circunscripción
correspondiente,
planteando
la
inconstitucionalidad
de
la
Ley
por
la
vía
del
contencioso
administrativo.
De
esta
manera,
el
procedimiento
principal
seguiría
su
curso
de
manera
paralela
a la
reclamación
económico,
cuya
tramitación
podría
alargarse
entre
dos
y
tres
años
pero
que,
al
no
interferir
con
el
procedimiento
principal,
provocaría
los
mínimos
perjuicios
al
justiciable.
Los
formularios
han
sido
redactados
por
el
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
(CGAE),
que
los
ha
puesto
a
disposición
de
los
abogados
de
todo
el
Estado
Español.
Recurso
del
CICAC
contra
la
Orden
Ministerial
La
Abogacía
Catalana
también
presentó
el
pasado
mes
de
enero
un
recurso
ante
la
Sala
Contenciosa
de
la
Audiencia
Nacional
contra
la
Orden
Ministerial
que
regula
el
pago
de
las
tasas
judiciales,
solicitando
su
suspensión
por
considerar
que
vulnera
el
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva,
reconocido
en
el
artículo
24
de
la
Constitución.
En
su
recurso,
el
CICAC
ya
advertía
que
‘las
tasas
constituyen
un
obstáculo
económico
insalvable
para
infinidad
de
particulares,
teniendo
en
cuenta
su
elevada
cuantía'.
Para
la
Abogacía
Catalana,
'las
tasas
suponen
una
limitación
del
derecho
de
acceso
a la
justicia,
uno
de
los
derechos
más
fundamentales
del
ciudadano',
por
lo
que
ha
solicitado
la
anulación
de
la
orden
ministerial
que
regula
las
tasas
y,
por
tanto,
su
aplicación,
por
inconstitucional.
El
recurso
está
pendiente
de
resolución.
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