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Manifestación
y
juicio
en
Navalcarnero
de
los
cooperativistas
contra
el
exconcejal
de
urbanismo
Fernández
Colomo |
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MADRID,
23
de
MAYO
de
2013
-
LAWYERPRESS |
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El
martes
21
de
mayo
se
celebró
en
la
localidad
madrileña
de
Navalcarnero
una
manifestación
previa
a la
celebración
del
juicio
contra
el
ex
concejal
de
urbanismo
Fernández
Colomo,
que
lleva
el
despacho
especializado
en
Urbanismo
Cuota
&
Rioja
Abogados.
Finalmente
el
juicio
se
retrasa
hasta
el
próximo
4 de
julio,
debido
a la
ausencia
en
la
sala
de
varios
testigos
de
ambas
partes.
El
bufete
Cuota
&
Rioja
se
encarga
de
representar
los
interesas
de
las
120
familias
involucradas
en
la
compra
de
unos
terrenos
en
el
bienio
2006/2007en
la
localidad
de
Navalcarnero.
Los
terrenos,
donde
se
iban
a
construir
viviendas
de
protección
oficial
para
los
socios
de
la
cooperativa,
se
declararon
inviables
según
un
informe
urbanístico
elaborado
por
la
consultora
inmobiliaria
TINSA.
De
esta
manera,
el
abogado
Ignacio
Cuota
Casals
declaró
“solicitamos
que
se
dicte
sentencia
por
la
que
se
declare
la
nulidad
de
los
contratos
de
compraventa
con
obligación
de
que
los
vendedores,
contra
los
que
se
actúa
(el
concejal,
su
hermana,
la
mujer
de
aquel,
varias
empresas
y
dos
particulares)
devuelvan
la
cantidad
de
4.687.467,82
€”.
Ignacio
Cuota
también
señaló
que
“a
los
cooperativistas
se
les
hizo
caer
en
el
error
de
que
compraban
para
tener
sus
viviendas
puesto
que
previamente
se
informaron
en
el
Ayuntamiento
de
Navalcarnero,
consultaron
el
planeamiento
urbanístico,
acudieron
a
recabar
información
en
la
Comunidad
de
Madrid,
y,
sobre
todo,
confiaron
en
la
palabra
de
quien
era
la
máxima
autoridad
en
el
urbanismo
municipal
de
Navalcarnero
en
aquel
momento,
el
Concejal
de
Urbanismo,
Sr.
Fernández,
de
su
mujer,
experta
urbanista
e
implicada
directamente
en
la
tramitación
de
este
y de
otros
sectores
,
ambos
vendedores
de
uno
de
los
terrenos,
y
del
padre
de
aquel,
persona
de
referencia
en
el
sector
inmobiliario
de
aquella
zona”.
Además,
añade
“estas
personas
les
aseguraron
que
el
plan
parcial
de
desarrollo
estaría
en 6
meses
desde
la
compra
de
los
terrenos
y
que
las
viviendas
podrían
estar
edificadas
en
el
plazo
de
tres
años,
pues
era
un
objetivo
prioritario
para
ellos”.
Por
último,
Ignacio
Cuota
“confía
que
el
próximo
4 de
julio
se
citen
en
legal
forma
a
los
testigos
y
que
comparezcan
en
cumplimiento
de
sus
obligaciones”.
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