La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, es el hecho social, político y legislativo más relevante de los acontecidos en la esfera de las personas con discapacidad en lo que va de siglo, y sus efectos transcendentes está llamados a desplegarse aún por mucho tiempo más. Por fin, ha ocurrido algo, en términos políticos y jurídicos, a la altura de los abrumadores requerimientos de derechos, inclusión y bienestar que reclaman las personas con discapacidad.

Por más que la Convención se intitule “internacional”, que lo es, no deja de tener una dimensión intensamente nacional, pues sus destinatarios naturales son los Estados, lo sujetos primordiales del Derecho Internacional, que la hayan firmado y ratificado, como es el caso de España. Desde el 3 de mayo de 2008, fecha de su entrada en vigor, este instrumento jurídico internacional de Naciones Unidas es Derecho positivo nacional, se agrega y se integra en el ordenamiento normativo español y sus principios, valores y mandatos son parte insoslayable de su legislación y de su acción pública.

Transcurridos seis años de su vigencia en España, parecía conveniente examinar en qué medida esa imperatividad formal era y es también realidad material. Determinar si esa nominalidad jurídica se traducía en efectividad de derechos para las personas a las que potencialmente se dirigía a proteger, a saber: las mujeres y hombres con discapacidad. Con este propósito, la Fundación Derecho y Discapacidad, con el acompañamiento del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), organizaron en la ciudad de Gramada, los días 29 y 30 de mayo de 2014, un congreso nacional dedicado monográficamente a discernir qué recepción ha tenido la Convención de la Discapacidad en España y cómo ha sido su despliegue en este periodo de primera aplicación.

Bajo el lema “De los Derechos a los Hechos”, el Congreso de Granada, cuyas actas publica ahora la reputada editorial jurídico-social Tirant Lo Blanch, 200 especialistas en Derecho de la Discapacidad –procedentes de la universidad, de los poderes públicos, de los distintos operadores jurídicos y del activismo del movimiento social de la discapacidad- expusieron y debatieron productivamente sobre la suerte seguida por este tratado de derechos humanos en España.

Esta edición impresa, al cuidado de la profesora Esperanza Alcaín, genuina artífice de la reunión y en gran parte acreedora de su éxito,  compila ordenadamente y presenta al público lector los textos de las conferencias, las ponencias, los paneles y las comunicaciones emitidas en el Congreso, y aspira a mantener viva una cuestión que en modo alguno puede considerarse concluida.

Como se evidenció en Granada durante esas jornadas, el debate en torno a la Convención y a su aplicación en España no cesa ni puede cesar porque sigue palpitante la realidad previa sobre la que se proyecta, la de las personas con discapacidad que siendo seres humanos no gozan ni de lejos de los derechos homónimos, porque la comunidad política de referencia sigue negándose a admitir, sino de plano, sí con mil reticencias, que la diversidad humana que comporta la circunstancia de la discapacidad -un elemento fáctico sí, pero también y sobre todo una construcción social- es un factor intrínsecamente valioso que mejora y amplía el medio.

El asunto de la calidad y cantidad de los derechos humanos de los hombres y mujeres con discapacidad, y el de su acceso a los bienes sociales básicos, que son usuales en su mismo entorno para aquellos miembros de la comunidad que no presentan esta nota de diversidad, nos sigue interpelando con insistencia, porque pura y simplemente es una cuestión no resuelta, y lo último que cabe ante esta intimación es el silencio o la omisión. La Fundación Derecho y Discapacidad y el CERMI han determinado, en punto a derechos humanos de las personas con discapacidad, que siempre es preferible hablar y hacer, porque lo contrario, mantenerse silentes o inactivos, tanto da, constituiría una suerte de complicidad en un delito, al menos moral, de lesa humanidad.  

Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)