|
Uno
de
los
temas
más
debatidos
en
los
últimos
tiempos
ha
sido
la
propuesta
de
inclusión
de
la
prisión
perpetua
entre
las
penas
contempladas
en
nuestra
legislación
penal.
Han
sido
diversas
las
argumentaciones
sostenidas
a
fin
de
avalar
este
endurecimiento
penal
pero
frente
a
las
mismas
se
han
izado
fuertes
críticas
cuestionando
especialmente,
la
constitucionalidad
de
este
correctivo
penal.
Antes
de
adentrarme
en
el
análisis
de
la
constitucionalidad
de
la
prisión
a
perpetuidad,
me
gustaría
hacer
una
pequeña
reflexión
trayendo
a
colación
una
de
las
afirmaciones
esgrimidas
por
el
grupo
parlamentario
promotor
de
la
inclusión
de
esta
condena
en
la
legislación
española.
Se
habló
de
la
mayor
dureza
legislativa
de
los
otros
países
miembros
de
la
Unión
Europea
y
que,
a
fin
de
igualarse
a
ellos,
se
tenía
que
adaptar
nuestro
Código
Penal.
Si
bien
este
argumento
es
cierto,
tan
sólo
lo
es
de
manera
parcial,
es
decir,
países
como
Italia,
Francia,
Grecia,
Reino
Unido,
Irlanda,
Alemania
o
Dinamarca
reconocen
la
cadena
perpetua
como
una
sanción
penal
más,
quedando
fuera
de
este
listado
España
y
Portugal.
Ahora
bien,
a
pesar
de
su
existencia
de
iure,
de
facto
la
misma
no
existe,
y me
explico.
Todos
los
estados
mencionados
poseen
mecanismos
que
garantizan
el
no
cumplimiento
íntegro
de
esta
condena,
por
eso
se
habla
de
su
inexistencia
en
la
praxis.
Por
el
contrario,
en
España
nos
encontramos
con
una
situación
radicalmente
opuesta.
Si
bien
en
nuestro
estado
esta
pena
no
forma
parte
de
las
recogidas
en
su
catálogo
legislativo,
estamos
más
próximos
a su
aplicación
que
el
resto
de
los
países
citados.
La
llamada
Doctrina
Parot
o el
encadenamiento
del
cumplimiento
de
penas
por
concurso
real
comporta
una
quasi
cadena
perpetua
para
el
sujeto
en
tanto
que,
se
puede
llegar
a la
imposición
de
una
condena
de
prisión
de
un
número
indeterminado
de
años
de
cumplimiento
de
acuerdo
con
lo
que
se
desprende
del
propio
artículo
76.2
del
Código
Penal.
Según
el
mismo
y,
siempre
que
no
se
puedan
enjuiciar
conjuntamente
los
ilícitos
cometidos
por
el
imputado
por
ausencia
de
conexión
de
los
mismos
o
bien,
debido
al
momento
de
comisión
de
éstos,
se
puede
llegar
a
una
desmesurada
imposición
de
años
de
presidio.
Adentrándonos
ya
en
los
argumentos
esgrimidos
para
apoyar
esta
nueva
modificación
penal
cabe
destacar
el
más
populista
de
ellos,
el
cual
gira
en
torno
a la
justificación
de
la
prisión
perpetua
como
un
correctivo
que
serviría
para
saciar
la
voluntad
punitiva
de
los
ciudadanos.
En
un
ataque
de
populismo
punitivo
los
parlamentarios
fundamentarían
esta
medida
en
la
debilidad
de
nuestro
sistema
penal,
en
las
reclamaciones
de
sanciones
más
duras
realizadas
por
los
ciudadanos
así
como,
en
el
cumplimiento
íntegro
de
las
mismas.
No
obstante,
habría
que
preguntarse
si
este
sentimiento
de
impunidad
tiene
un
fundamento
jurídico
real.
Tal
y
como
se
ha
apuntado
anteriormente,
el
cumplimiento
íntegro
de
las
penas
privativas
de
libertad,
especialmente
después
de
la
desaparición
de
la
redención
por
trabajo
así
como,
la
larga
duración
de
las
mismas
debido
al
cumplimiento
encadenado
por
aplicación
de
un
concurso
real,
hacen
que
esta
percepción
no
se
ajuste
en
absoluto
a la
realidad
jurídico-penal
que
vivimos.
Por
otra
parte,
no
podemos
olvidar
que
a
pesar
de
que,
no
entre
en
juego
la
figura
del
concurso
en
ninguna
de
sus
modalidades,
nuestro
Código
Penal
permite
la
imposición
de
penas
privativas
de
libertad
de
hasta
treinta
años
de
duración,
periodo
éste
nada
desdeñable.
Si
nos
fijamos
ahora
en
nuestra
Carta
Magna
y,
más
concretamente
en
su
artículo
25.2,
el
mismo
recoge
el
principio
de
reinserción
y
reeducación
que
se
deriva
de
la
imposición
de
penas
privativas
de
libertad
así
como,
de
las
medidas
de
seguridad
conexas
a
las
mismas.
Cabría
entonces
plantearse
si
una
condena
como
sería
la
prisión
perpetua,
a
pesar
de
que
sea
revisable,
se
ajusta
a
este
precepto.
En
favor
de
la
constitucionalidad
de
la
misma
se
afirma
que,
al
ser
revisable,
pero
nunca
antes
de
los
veinte
años
de
reclusión,
se
garantiza
el
cumplimiento
del
anterior
precepto
constitucional
en
tanto
que,
si
se
considera
que
el
reo
se
ha
resocializado,
recibirá
el
mismo
tratamiento
que
el
resto
de
penados.
Contraviniendo
este
argumento
nos
encontramos
con
el
hecho
de
que,
antes
de
veinte
años
de
cumplimiento,
el
sujeto
no
podrá
recibir
ningún
beneficio
penitenciario.
No
podemos
olvidar
que
los
citados
beneficios
tienen
como
finalidad
última
ayudar
a la
reinserción
de
los
penados,
especialmente,
la
libertad
condicional
que
permite
que
los
reos
vayan
volviendo
a
integrarse
de
manera
progresiva
en
la
sociedad
de
la
cual
quedaron
desarraigados
por
su
ingreso
en
prisión
y,
por
tanto,
esa
ausencia
de
concesión
dificultará
en
gran
medida
que
la
condena
pueda
dar
cumplimiento
a lo
establecido
en
el
artículo
25.2
de
la
Constitución.
Asimismo,
no
podemos
olvidar
que
las
penas
privativas
de
libertad
excesivamente
largas
producen
un
efecto
inverso
al
previsto,
es
decir,
tienen
efectos
desocializadores
para
el
recluso
y
más
si
cabe,
si
el
mismo
no
puede
disfrutar
de
ningún
beneficio
penitenciario.
Por
otra
parte,
sólo
se
prevé
el
sometimiento
de
la
condena
a
revisión
una
vez
durante
todo
el
cumplimiento
de
la
misma,
planteándose
entonces
el
siguiente
interrogante:
¿si
el
penado
no
se
considera
rehabilitado
en
aquel
momento,
no
tendrá
ninguna
otra
opción
para
ser
reintegrado
en
la
sociedad
o
bien,
se
realizará
otra
revisión
más
adelante?
Lo
que
resulta
evidente
es
que
esta
incertidumbre
no
hace
más
que
desmotivar
al
recluso,
quien
si
ve
frustradas
sus
expectativas
de
reintegración
social,
dadas
las
pocas
posibilidades
que
esta
nueva
condena
le
otorgaría,
podría
adoptar
conductas
pasivas
totalmente
contrarias
a la
finalidad
penológica
prevista
en
nuestro
ordenamiento.
Estas
cuestiones
no
quedaban
resueltas
en
la
propuesta
parlamentaria
realizada
no
obstante,
lo
que
resulta
evidente
es
que
nos
conducen
directamente
a
otro
argumento
que
contravendría
la
constitucionalidad
de
esta
sanción
puesto
que,
sería
contraria
a
los
artículos
25.1
y
9.3
de
la
Constitución.
Los
preceptos
citados
hacen
referencia
a la
obligatoriedad
de
la
determinación
y
certeza
de
las
penas
que
puedan
imponerse
a
los
ciudadanos
o,
lo
que
es
lo
mismo,
a la
seguridad
jurídica
que
los
mismos
tienen
garantizada.
Por
lo
que
respecta
a la
prisión
perpetua
revisable,
no
quedan
en
absoluto
fijados
los
límites
mínimos
ni
máximos
de
la
misma
por
tanto,
según
una
parte
de
la
doctrina,
esta
ausencia
de
determinación
contravendría
de
pleno
los
preceptos
citados.
Al
margen
de
las
expuestas,
hay
otras
argumentaciones
contrarias
a
esta
posible
nueva
sanción
penal
las
cuales
se
basan
en
que
se
trata
de
una
pena
inhumana,
que
se
pretende
instaurar
en
un
estado
que
ha
ratificado
los
tratados
internacionales
que
prohíben
ese
tipo
de
trato
así
como,
que
no
presenta
ningún
tipo
de
eficacia
en
el
ámbito
de
la
prevención
ni
especial
ni
general,
conclusión
ésta
que
se
puede
extraer
observando
las
estadísticas
de
criminalidad
que
presentan
los
países
con
sistemas
punitivos
más
duros.
|