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07 de ENERO de 2015

Luces y sombras sobre la prisión perpetua revisable

LAWYERPRESS / COLABORACIONES

Por Judith Mínguez, jueza sustituta. Barcelona

Uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos ha sido la propuesta de inclusión de la prisión perpetua entre las penas contempladas en nuestra legislación penal. Han sido diversas las argumentaciones sostenidas a fin de avalar este endurecimiento penal pero frente a las mismas se han izado fuertes críticas cuestionando especialmente, la constitucionalidad de este correctivo penal. 

Antes de adentrarme en el análisis de la constitucionalidad de la prisión a perpetuidad, me gustaría hacer una pequeña reflexión trayendo a colación una de las afirmaciones esgrimidas por el grupo parlamentario promotor de la inclusión de esta condena en la legislación española. Se habló de la mayor dureza legislativa de los otros países miembros de la Unión Europea y que, a fin de igualarse a ellos, se tenía que adaptar nuestro Código Penal.

Si bien este argumento es cierto, tan sólo lo es de manera parcial, es decir, países como Italia, Francia, Grecia, Reino Unido, Irlanda, Alemania o Dinamarca reconocen la cadena perpetua como una sanción penal más, quedando fuera de este listado España y Portugal. Ahora bien, a pesar de su existencia de iure, de facto la misma no existe, y me explico. Todos los estados mencionados poseen mecanismos que garantizan el no cumplimiento íntegro de esta condena, por eso se habla de su inexistencia en la praxis.

Por el contrario, en España nos encontramos con una situación radicalmente opuesta. Si bien en nuestro estado esta pena no forma parte de las recogidas en su catálogo legislativo, estamos más próximos a su aplicación que el resto de los países citados. La llamada Doctrina Parot o el encadenamiento del cumplimiento de penas por concurso real comporta una quasi cadena perpetua para el sujeto en tanto que, se puede llegar a la imposición de una condena de prisión de un número indeterminado de años de cumplimiento de acuerdo con lo que se desprende del propio artículo 76.2 del Código Penal. Según el mismo y, siempre que no se puedan enjuiciar conjuntamente los ilícitos cometidos por el imputado por ausencia de conexión de los mismos o bien, debido al momento de comisión de éstos, se puede llegar a una desmesurada imposición de años de presidio.   

Adentrándonos ya en los argumentos esgrimidos para apoyar esta nueva modificación penal cabe destacar el más populista de ellos, el cual gira en torno a la justificación de la prisión perpetua como un correctivo que serviría para saciar la voluntad punitiva de los ciudadanos. En un ataque de populismo punitivo los parlamentarios fundamentarían esta medida en la debilidad de nuestro sistema penal, en las reclamaciones de sanciones más duras realizadas por los ciudadanos así como, en el cumplimiento íntegro de las mismas. No obstante, habría que preguntarse si este sentimiento de impunidad tiene un fundamento jurídico real. Tal y como se ha apuntado anteriormente, el cumplimiento íntegro de las penas privativas de libertad, especialmente después de la desaparición de la redención por trabajo así como, la larga duración de las mismas debido al cumplimiento encadenado por aplicación de un concurso real, hacen que esta percepción no se ajuste en absoluto a la realidad jurídico-penal que vivimos.

 Por otra parte, no podemos olvidar que a pesar de que, no entre en juego la figura del concurso en ninguna de sus modalidades, nuestro Código Penal permite la imposición de penas privativas de libertad de hasta treinta años de duración, periodo éste nada desdeñable.

Si nos fijamos ahora en nuestra Carta Magna y, más concretamente en su artículo 25.2, el mismo recoge el principio de reinserción y reeducación que se deriva de la imposición de penas privativas de libertad así como, de las medidas de seguridad conexas a las mismas.

 Cabría entonces plantearse si una condena como sería la prisión perpetua, a pesar de que sea revisable, se ajusta a este precepto. En favor de la constitucionalidad de la misma se afirma que, al ser revisable, pero nunca antes de los veinte años de reclusión, se garantiza el cumplimiento del anterior precepto constitucional en tanto que, si se considera que el reo se ha resocializado, recibirá el mismo tratamiento que el resto de penados.

 Contraviniendo este argumento nos encontramos con el hecho de que, antes de veinte años de cumplimiento, el sujeto no podrá recibir ningún beneficio penitenciario. No podemos olvidar que los citados beneficios tienen como finalidad última ayudar a la reinserción de los penados, especialmente, la libertad condicional que permite que los reos vayan volviendo a integrarse de manera progresiva en la sociedad de la cual quedaron desarraigados por su ingreso en prisión y, por tanto, esa ausencia de concesión dificultará en gran medida que la condena pueda dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25.2 de la Constitución. Asimismo, no podemos olvidar que las penas privativas de libertad excesivamente largas producen un efecto inverso al previsto, es decir, tienen efectos desocializadores para el recluso y más si cabe, si el mismo no puede disfrutar de ningún beneficio penitenciario.

Por otra parte, sólo se prevé el sometimiento de la condena a revisión una vez durante todo el cumplimiento de la misma, planteándose entonces el siguiente interrogante: ¿si el penado no se considera rehabilitado en aquel momento, no tendrá ninguna otra opción para ser reintegrado en la sociedad o bien, se realizará otra revisión más adelante? Lo que resulta evidente es que esta incertidumbre no hace más que desmotivar al recluso, quien si ve frustradas sus expectativas de reintegración social, dadas las pocas posibilidades que esta nueva condena le otorgaría, podría adoptar conductas pasivas totalmente contrarias a la finalidad penológica prevista en nuestro ordenamiento.

Estas cuestiones no quedaban resueltas en la propuesta parlamentaria realizada no obstante, lo que resulta evidente es que nos conducen directamente a otro argumento que contravendría la constitucionalidad de esta sanción puesto que, sería contraria a los artículos 25.1 y 9.3 de la Constitución. Los preceptos citados hacen referencia a la obligatoriedad de la determinación y certeza de las penas que puedan imponerse a los ciudadanos o, lo que es lo mismo, a la seguridad jurídica que los mismos tienen garantizada. Por lo que respecta a la prisión perpetua revisable, no quedan en absoluto fijados los límites mínimos ni máximos de la misma por tanto, según una parte de la doctrina, esta ausencia de determinación contravendría de pleno los preceptos citados.

Al margen de las expuestas, hay otras argumentaciones contrarias a esta posible nueva sanción penal las cuales se basan en que se trata de una pena inhumana, que se pretende instaurar en un estado que ha ratificado los tratados internacionales que prohíben ese tipo de trato así como, que no presenta ningún tipo de eficacia en el ámbito de la prevención ni especial ni general, conclusión ésta que se puede extraer observando las estadísticas de criminalidad que presentan los países con sistemas punitivos más duros.

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