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Con
éste
joven
abogado
comprometido
conversamos
sobre
la
Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que el Parlamento español
aprobó
el
pasado
11
de
Diciembre.
Desde
su
punto
de
vista
de
joven
licenciado
en
Derecho
y
Ciencias
Políticas,
Ospina
denuncia
diferentes
facetas
de
ésta
ley,
ya
conocida
por
“La
Ley
Mordaza”.
En
esta
legislatura
ya
hemos
visto
distintas
reformas
legislativas.
¿Cree
que
esta
reforma
es
un
caso
aislado
o
estamos
ante
una
campaña
premeditada?
|
"El mayor problema estructural hoy en España es la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ." |
El
mayor
problema
estructural
hoy
en
España
es
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
-
LOPJ,
culpable
de
la
politización
de
la
justicia.
El
Partido
Popular
prometió
en
su
campaña
dotar
de
independencia
a
los
jueces,
y no
sólo
lo
incumplió,
sino
que
en
2013
politizó
aún
más
la
cúpula
de
los
jueces,
el
CGPJ,
es
el
órgano
encargado
de
promocionar,
sancionar
y
velar
por
la
administración
de
Justicia,
con
el
fin
único,
no
de
mejorar
el
servicio,
sino
de
controlar
más
al
árbitro
que
debiera
de
velar
por
lo
justo
y
como
aplicación
imparcial
de
la
Ley.
Tal
y
como
está
constituida
esta
Ley,
se
presenta
un
conflicto
de
intereses,
no
podemos
aspirar
a
que
los
órganos
destinados
a
controlar
la
Corrupción
sean
imparciales
cuando
han
sido
nombrados
por
los
propios
partidos
que
están
contaminados.
La
corrupción
es y
será
un
mal
endémico
que
no
se
podrá
atajar,
controlada
desde
el
poder
político.
Esta
Ley
limita
y
coacciona
el
buen
hacer
de
aquellos
jueces
imparciales
e
íntegros,
que
son
la
mayoría,
pero
les
presiona
y
les
obliga
a
caer
en
la
politización
judicial,
si
es
que
desean
promocionarse
dentro
de
la
propia
carrera
judicial,
en
dónde
no
serán
valorados
por
su
méritos
o
servicios
prestados
a la
sociedad,
sino
por
los
servicios
que
presten
a
los
partidos,
que
en
definitiva
son
los
que
los
promocionan.
Esta
Ley
en
un
estado
civilizado
como
el
nuestro,
y
como
está
constituida
hoy
en
España,
es
una
vergüenza
para
la
ciudadanía.
La
Ley
de
Tasas,
vulnera
nuestro
derecho
a la
igualdad
y a
poder
acudir
a un
juez.
Esta
Ley
impide
a
los
ciudadanos,
y no
a
los
abogados
como
quieren
hacer
creer,
acudir
a
los
Tribunales,
y
ahora
tenemos
también
la
Ley
Mordaza.
Todas
estos
cambios
legislativos
apuntan
a
que
el
poder
político
quiere,
callar
a la
calle
y
criminalizar
aún
más
nuestras
conductas
sociales,
mermando
nuestra
Libertad.
|
"La Ley de Tasas, vulnera nuestro derecho a la igualdad y a poder acudir a un juez." |
No
soy
partidario
de
un
Estado
en
dónde
las
fuerzas
del
orden
que
dependen
del
poder
ejecutivo,
puedan
actuar
libremente
sin
que
exista
una
tutela
judicial
real
de
su
actuar.
El
problema
no
son
nuestros
policías,
jueces
o
fiscales,
que
nos
honran
con
su
trabajo,
sino
el
yugo
del
poder
que
en
casos
puntuales
les
puede
obligar
a
actuar
fuera
del
orden
moral.
¿Podría
darnos
situaciones
concretas
de
esta
Ley
de
Seguridad
Ciudadana?
La
ciudadanía
tiene
y
debe
de
comprender
que
esta
Ley
les
afecta
directamente.
Tenemos
que
dejar
de
pensar,
“esto
a mí
no
me
pasará”,
permitir
la
aprobación
de
esta
Ley
sería
un
retroceso
de
más
de
30
años
de
democracia.
 En
el
articulado
nos
encontramos
que:
Limita
nuestro
derecho
a la
Libertad
individual,
nos
somete
a
los
ciudadanos,
así
como
a
las
entidades
privadas,
despachos
o
detectives,
a
colaborar
activamente
con
las
autoridades,
y no
dentro
del
respeto
al
sistema
lo
cual
ya
está
regulado,
sino
que
se
nos
obligará
aun
en
contra
de
nuestra
propia
Libertad
a
través
de
la
coacción
y la
sanción
económica,
a la
sumisión.
Esta
Ley
también
limita
nuestra
derecho
a la
Intimidad,
permitiendo
que
se
realicen
cacheos
integrales
en
lugares
reservados,
Y me
planteo,
¿qué
se
entiende
por
lugar
reservado?,
¿es
realmente
necesario
practicar
cacheos
integrales
a
los
ciudadanos?,
y
peor
aún,
con
esta
Ley
si
los
ciudadanos
nos
negamos
a
referidos
cacheos
estos
se
podrán
practicar
en
contra
de
nuestra
voluntad
con
medidas
de
“compulsión
indispensables”.
Esta
Ley
limita
también
nuestro
derecho
a la
Propiedad
Privada.
En
su
art.
21
permite,
acordar
como
medida
extraordinaria
el
cierre
o
desalojo
de
locales
o
establecimientos,
o
prohibir
la
libre
circulación
de
personas.
Y
nuevamente
me
pregunto
¿quién
determinará
cuando
un
supuesto
es
extraordinario?
¿Acaso
una
medida
tan
restrictiva
no
debiera
estar
bajo
la
autorización
de
un
Juez?
El
derecho
a la
Información
es
otra
víctima
de
ésta
ley,
permitiendo
a
las
fuerzas
del
orden
grabarnos
pero
impide
a
los
ciudadanos
hacerlo,
esto
contradice
el
propio
art.
20
de
nuestra
Constitución.
La
Ley
también
limita
nuestro
derecho
de
reunión,
impidiendo
las
reuniones
fortuitas
o
puntuales,
como
son
los
fenómenos
15-M
o
las
posibles
concentraciones
delante
de
las
sedes
de
partidos
políticos,
etc.,
Es
una
Ley
que
busca
taparle
la
boca
a la
ciudadanía,
de
ahí,
que
se
llame
“Ley
Mordaza”.
¿Cuáles
son
las
sanciones
que
contempla
la
Ley?
Las
sanciones,
aparte
de
los
supuestos
de
hecho
ya
referidos,
impedir
que
se
lleven
a
cabo
reuniones,
invasión
de
nuestra
intimidad,
etc.,
prevé
multas
que
van
desde
los
30.000€
a
600.000€
para
las
conductas
muy
graves,
desde
los
601€
a
30.000€
para
las
graves,
y
desde
los
100€
a
600€
para
las
leves.
¿Cuáles
pueden
ser
las
conductas
graves?
Como
graves,
nos
encontramos
por
ejemplo,
a la
negativa
a
identificarse,
la
negativa
a
disolver
una
reunión,
la
solicitud
o
aceptación
de
servicios
sexuales,
la
falta
de
colaboración
con
las
Fuerzas
del
Orden
en
la
averiguación
de
delitos,
el
consumo
de
drogas,
el
consumo
de
bebidas
alcohólicas,
y la
última
pero
no
menos
grave,
el
uso
no
autorizado
de
imágenes
de
las
Fuerzas
del
Orden.
Pero
bueno
cuando
estas
sanciones
sean
ilegitima,
¿podrá
el
ciudadano
acudir
a un
Juez?
|
"Lo peor, es que estamos indefensos ante un procedimiento contra la administración, porque la Ley 30/1992 establece la presunción de veracidad del acto administrativo." |
Sí,
claro
que
podrá
acudir
a un
Juez,
pero
sin
garantías
reales
y en
desigualdad.
Estas
sanciones
serán
de
tipo
administrativo,
cuya
jurisdicción
contencioso-administrativa,
lleva
ya
de
por
sí
la
obligación
del
pago
de
una
tasa.
Es
decir,
por
una
sanción
de
200-300
euros,
simplemente
por
presentar
una
demanda
ante
el
juez,
la
tasa
por
sí
misma
es
ya
de
200
euros
más
la
variable,
y
para
colmo,
el
caso
general
es
que
esta
tasa
no
se
nos
devuelve.
¿Qué
ciudadano
irá
a un
procedimiento
en
dónde
le
es
más
caro
el
collar
que
el
perro?
Pero
lo
peor
no
está
ahí.
Lo
peor,
es
que
estamos
indefensos
ante
un
procedimiento
contra
la
administración,
porque
la
Ley
30/1992
establece
la
presunción
de
veracidad
del
acto
administrativo,
esto
es,
que
somos
los
ciudadanos
los
que
tendremos
la
carga
de
la
prueba,
“pruebas”
que
no
tendremos
ya
que
será
nuestra
palabra
contra
la
del
policía,
y su
voz
tendrá
validez.
¿Crees
en
la
necesidad
de
implementar
esta
Ley?
¿Esto
hacia
dónde
nos
lleva?
Esta
Ley,
sume
cada
vez
más
nuestra
democracia
en
un
Estado
policial.
Sin
una
división
de
poderes
real,
con
un
proceso
administrativo,
en
dónde
los
ciudadanos
somos
quienes
tenemos
que
demostrar
nuestra
inocencia,
con
una
Ley
que
nos
impide
reclamar
en
la
calle
situaciones
fácticas
de
injusticia,
y
que
peor
aún,
nos
obliga
a
colaborar
activamente
con
las
fuerzas
del
orden,
.me
pregunto:
¿dónde
queda
nuestra
Libertad?
Cómo
abogado
y
ciudadano,
ésta
Ley
me
preocupa,
en
primer
lugar
porque
limita
las
Libertades
y
viola
los
derechos
constitucionales,
que
unida
a la
Ley
de
Tasas
de
Gallardón
(que
limita
nuestro
acceso
a la
Justicia)
deja
a la
ciudadanía
indefensa,
y
nos
sume
al
nivel
de
regímenes
dictatoriales.
Esta
Ley
no
nos
dota
de
mayor
seguridad
porque
las
demandas
sociales
han
de
ser
corregidas
con
políticas
públicas
y no
con
presiones
punitivas.
Siento
además
una
mayor
preocupación
cuando
observo
que
la
futura
intromisión
a
nuestra
Libertad
no
viene
de
un
conciudadano
si
no
del
Estado,
al
que
la
ciudadanía
sirve
y
que
a la
última,
su
estructura
puede
con
todo,
decía
Benjamín
Franklin,
“aquellos
que
sacrifican
su
libertad
por
algo
de
seguridad
no
merecen
tener
ni
Libertad
ni
seguridad”.
|
