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09 de ENERO de 2015

Juan Gonzalo Ospina, Abogado, Presidente del AJA Madrid:
 “La ‘Ley Mordaza’ va contra nuestras Libertades públicas y Derechos Constitucionales”

LAWYERPRESS

Juan Gonzalo Ospina, abogado y politólogo, es actualmente el presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados del ICAM. También es fundador y actual presidente de Jóvenes Abogados en Movimiento, JAM, una asociación a nivel nacional nacida en febrero de 2013, cuyo fin es desde la abogacía, reivindicar y trabajar por una Justicia real para la ciudadanía.

Con éste joven abogado comprometido conversamos sobre la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que el Parlamento español aprobó el pasado 11 de Diciembre. Desde su punto de vista de joven licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Ospina denuncia diferentes facetas de ésta ley, ya conocida por “La Ley Mordaza”.

En esta legislatura ya hemos visto distintas reformas legislativas. ¿Cree que esta reforma es un caso aislado o estamos ante una campaña premeditada?

"El mayor problema estructural hoy en España es la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ."

El mayor problema estructural hoy en España es la Ley Orgánica del Poder Judicial - LOPJ, culpable de la politización de la justicia. El Partido Popular prometió en su campaña dotar de independencia a los jueces, y no sólo lo incumplió, sino que en 2013 politizó aún más la cúpula de los jueces, el CGPJ, es el órgano encargado de promocionar, sancionar y velar por la administración de Justicia, con el fin único, no de mejorar el servicio, sino de controlar más al árbitro que debiera de velar por lo justo y como aplicación imparcial de la Ley.

Tal y como está constituida esta Ley, se presenta un conflicto de intereses, no podemos aspirar a que los órganos destinados a controlar la Corrupción sean imparciales cuando han sido nombrados por los propios partidos que están contaminados. La corrupción es y será un mal endémico que no se podrá atajar, controlada desde el poder político. Esta Ley limita y coacciona el buen hacer de aquellos jueces imparciales e íntegros, que son la mayoría, pero les presiona y les obliga a caer en la politización judicial, si es que desean promocionarse dentro de la propia carrera judicial, en dónde no serán valorados por su méritos o servicios prestados a la sociedad, sino por los servicios que presten a los partidos, que en definitiva son los que los promocionan. Esta Ley en un estado civilizado como el nuestro, y como está constituida hoy en España, es una vergüenza para la ciudadanía.

La Ley de Tasas, vulnera nuestro derecho a la igualdad y a poder acudir a un juez. Esta Ley impide a los ciudadanos, y no a los abogados como quieren hacer creer, acudir a los Tribunales, y ahora tenemos también la Ley Mordaza. Todas estos cambios legislativos apuntan a que el poder político quiere, callar a la calle y criminalizar aún más nuestras conductas sociales, mermando nuestra Libertad.

"La Ley de Tasas, vulnera nuestro derecho a la igualdad y a poder acudir a un juez."

No soy partidario de un Estado en dónde las fuerzas del orden que dependen del poder ejecutivo, puedan actuar libremente sin que exista una tutela judicial real de su actuar.

El problema no son nuestros policías, jueces o fiscales, que nos honran con su trabajo, sino el yugo del poder que en casos puntuales les puede obligar a actuar fuera del orden moral.

¿Podría darnos situaciones concretas de esta Ley de Seguridad Ciudadana?

La ciudadanía tiene y debe de comprender que esta Ley les afecta directamente. Tenemos que dejar de pensar, “esto a mí no me pasará”, permitir la aprobación de esta Ley sería un retroceso de más de 30 años de democracia.

En el articulado nos encontramos que: Limita nuestro derecho a la Libertad individual, nos somete a los ciudadanos, así como a las entidades privadas, despachos o detectives, a colaborar activamente con las autoridades, y no dentro del respeto al sistema lo cual ya está regulado, sino que se nos obligará aun en contra de nuestra propia Libertad a través de la coacción y la sanción económica, a la sumisión.

Esta Ley también limita nuestra derecho a la Intimidad, permitiendo que se realicen cacheos integrales en lugares reservados, Y me planteo, ¿qué se entiende por lugar reservado?, ¿es realmente necesario practicar cacheos integrales a los ciudadanos?, y peor aún, con esta Ley si los ciudadanos nos negamos a referidos cacheos estos se podrán practicar en contra de nuestra voluntad con medidas de “compulsión indispensables”.

Esta Ley limita también nuestro derecho a la Propiedad Privada. En su art. 21 permite, acordar como medida extraordinaria el cierre o desalojo de locales o establecimientos, o prohibir la libre circulación de personas. Y nuevamente me pregunto ¿quién determinará cuando un supuesto es extraordinario? ¿Acaso una medida tan restrictiva no debiera estar bajo la autorización de un Juez?

El derecho a la Información es otra víctima de ésta ley, permitiendo a las fuerzas del orden grabarnos pero impide a los ciudadanos hacerlo, esto contradice el propio art. 20 de nuestra Constitución.

La Ley también limita nuestro derecho de reunión, impidiendo las reuniones fortuitas o puntuales, como son los fenómenos 15-M o las posibles concentraciones delante de las sedes de partidos políticos, etc., Es una Ley que busca taparle la boca a la ciudadanía, de ahí, que se llame “Ley Mordaza”.

¿Cuáles son las sanciones que contempla la Ley?

Las sanciones, aparte de los supuestos de hecho ya referidos, impedir que se lleven a cabo reuniones, invasión de nuestra intimidad, etc., prevé multas que van desde los 30.000€ a 600.000€ para las conductas muy graves, desde los 601€ a 30.000€ para las graves, y desde los 100€ a 600€ para las leves.

¿Cuáles pueden ser las conductas graves?

Como graves, nos encontramos por ejemplo, a la negativa a identificarse, la negativa a disolver una reunión, la solicitud o aceptación de servicios sexuales, la falta de colaboración con las Fuerzas del Orden en la averiguación de delitos, el consumo de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas, y la última pero no menos grave, el uso no autorizado de imágenes de las Fuerzas del Orden.

Pero bueno cuando estas sanciones sean ilegitima, ¿podrá el ciudadano acudir a un Juez?

"Lo peor, es que estamos indefensos ante un procedimiento contra la administración, porque la Ley 30/1992 establece la presunción de veracidad del acto administrativo."

Sí, claro que podrá acudir a un Juez, pero sin garantías reales y en desigualdad. Estas sanciones serán de tipo administrativo, cuya jurisdicción contencioso-administrativa, lleva ya de por sí la obligación del pago de una tasa. Es decir, por una sanción de 200-300 euros, simplemente por presentar una demanda ante el juez, la tasa por sí misma es ya de 200 euros más la variable, y para colmo, el caso general es que esta tasa no se nos devuelve. ¿Qué ciudadano irá a un procedimiento en dónde le es más caro el collar que el perro?

Pero lo peor no está ahí. Lo peor, es que estamos indefensos ante un procedimiento contra la administración, porque la Ley 30/1992 establece la presunción de veracidad del acto administrativo, esto es, que somos los ciudadanos los que tendremos la carga de la prueba, “pruebas” que no tendremos ya que será nuestra palabra contra la del policía, y su voz tendrá validez.

¿Crees en la necesidad de implementar esta Ley? ¿Esto hacia dónde nos lleva?

Esta Ley, sume cada vez más nuestra democracia en un Estado policial. Sin una división de poderes real, con un proceso administrativo, en dónde los ciudadanos somos quienes tenemos que demostrar nuestra inocencia, con una Ley que nos impide reclamar en la calle situaciones fácticas de injusticia, y que peor aún, nos obliga a colaborar activamente con las fuerzas del orden, .me pregunto: ¿dónde queda nuestra Libertad?

Cómo abogado y ciudadano, ésta Ley me preocupa, en primer lugar porque limita las Libertades y viola los derechos constitucionales, que unida a la Ley de Tasas de Gallardón (que limita nuestro acceso a la Justicia) deja a la ciudadanía indefensa, y nos sume al nivel de regímenes dictatoriales. Esta Ley no nos dota de mayor seguridad porque las demandas sociales han de ser corregidas con políticas públicas y no con presiones punitivas.

Siento además una mayor preocupación cuando observo que la futura intromisión a nuestra Libertad no viene de un conciudadano si no del Estado, al que la ciudadanía sirve y que a la última, su estructura puede con todo, decía Benjamín Franklin, “aquellos que sacrifican su libertad por algo de seguridad no merecen tener ni Libertad ni seguridad”.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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