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Haciendo
un
esfuerzo
para
volver
la
vista
atrás,
vemos
que
en
los
tres
años
de
mandato
del
dimitido
Fiscal
General
no
ha
habido
cambios
sustanciales
en
el
funcionamiento
de
la
Fiscalía.
Para
gustos
los
colores,
naturalmente,
pero
tanto
si
observamos
las
cosas
desde
una
perspectiva
interna
en
la
Fiscalía
General,
como
en
su
actuación
externa,
no
ha
habido
en
mi
opinión
casi
nada
relevante
o
reseñable
en
sentido
positivo.
Digo
casi
nada,
porque
no
hay
duda
de
que
la
presentación
de
una
querella
por
la
Fiscalía
en
el
caso
de
la
consulta
catalana,
a
través
del
procedimiento
de
debate
interno
legalmente
establecido,
es
algo
muy
importante
y en
el
haber
del
Fiscal
saliente
hay
que
ponerla
una
vez
admitida
a
trámite.
Pero
ni
en
asuntos
de
corrupción
política
o
económica
la
Fïscalía
ha
sido
eficaz
(o
todo
lo
eficaz
que
la
situación
requiere);
demasiadas
veces
la
Fiscalía
ha
ido
a
remolque
de
acusaciones
particulares
o
incluso
populares,
cuando
no
en
abierto
conflicto
con
ellas,
y no
se
ha
producido
el
impulso
debido
por
parte
de
la
Fiscalía
General
en
asuntos
de
gravísima
repercusión
económica
como
los
casos
de
las
emisiones
de
preferentes
o
ampliaciones
de
capital
de
entidades
objetivamente
quebradas.
Habrá
quienes
crean
que
si,
que
la
Fiscalía
ha
actuado
con
la
suficiente
diligencia,
pero
yo
no
lo
creo:
creo
por
el
contrario
que
nos
hemos
acostumbrado
a
una
Fiscalía
lenta,
pasiva,
burocratizada
y
poco
eficaz,
en
la
que
no
hay
responsabilidad
exigible
alguna
por
la
falta
de
celo.
Y
creo
también
que
la
potencialidad
de
la
Fiscalía
es
mucha,
que
la
vocación
de
muchos
fiscales
es
la
de
perseguir
a
todo
el
mundo
por
igual,
y
especialmente
a
combatir
con
energía
los
delitos
más
difíciles,
los
de
corrupción
política
y
económica.
Pero
es
que
internamente,
en
la
organización
de
la
Fiscalía,
se
ha
mantenido
el
mismo
organigrama
(con
casi
las
mismas
personas
en
los
puestos
de
mayor
responsabilidad)
que
dejó
el
último
Fiscal
General
del
PSOË.
Ningún
cambio
relevante
en
la
estructura
de
la
Fiscalía;
ningún
cambio
relevante
en
el
funcionamiento
interno;
nada
de
transparencia
en
el
Consejo
Fiscal,
nada
de
impulso
en
la
Inspección
fiscal,
ambos
órganos
claves
en
la
Fiscalía
y
por
tanto
responsables
en
que
la
Fiscalía
española
no
esté
a la
altura
que
la
sociedad
española
necesita.
Ningún
cambio
tampoco
en
la
política
de
nombramientos:
básicamente,
los
nombramientos
claves
se
los
han
repartido
con
la
anuencia
del
FGE,
asociados
a la
AF y
a la
UPF,
a
excepción
del
último
y
más
importante,
el
de
Teniente
Fiscal
del
Tribunal
Supremo
que
ha
sido
un
gran
acierto
y
que
dotará
a la
nueva
Fiscal
General
de
una
base
sólida
en
la
que
comenzar
su
andadura.
Y no
me
quiero
olvidar
del
penoso
asunto
de
un
fiscal
expulsado
de
la
Carrera,
sin
razón
alguna
para
ello,
con
el
consiguiente
revolcón
a la
institución
por
los
Tribunales
de
Justicia.
Ese
error
si
que
merecía
una
dimisión,
y no
las
discrepancias
con
el
Gobierno.
Una
pena
de
mandato
del
FGE
dimitido,
no
tanto
por
lo
que
ha
hecho
o no
ha
hecho,
sino
por
lo
que
se
esperaba
de
él,
un
auténtico
crack
en
la
Fiscalía,
que
sin
embargo
no
ha
estado
ni
de
lejos
a la
altura
que
se
necesitaba.
Y
ahora,
¿que
puede
hacer
Consuelo
Madrigal,
a
punto
de
ser
nombrada
nueva
FGE?
Le
queda
poco
menos
de
un
año
de
mandato,
pero
un
año
puede
ser
tiempo
suficiente
para
abordar
ciertos
cambios,
especialmente
en
el
funcionamiento
interno
de
la
Fiscalía.
Consuelo
Madrigal
es
una
fiscal
con
una
gran
independencia
de
criterio,
por
lo
que
me
aventuro
a
afirmar
que
no
va a
ser
un
instrumento
de
Gobierno
alguno.
Es
una
mujer
muy
trabajadora
y
tiene
una
muy
sólida
formación
jurídica:
muchos
años
de
ejercicio
en
la
Fiscalía
del
Tribunal
Supremo,
con
un
estilo
de
actuación
comprometido
con
el
derecho:
no
ha
hecho
otra
cosa
en
su
vida
profesional,
nada
de
intrigas
politiqueras,
nada
de
asociacionismo
militante,
nada
de
estar
al
sol
que
más
calienta.
Subió
en
el
escalafón,
básicamente
por
su
competencia
y
por
su
buen
trato
personal
y
eso
en
esta
Carrera
tan
politizada
es
mucho
decir.
De
lo
apuntado
se
colige
que
tengo
esperanzas
en
su
gestión,
especialmente
porque
se
que
es
consciente
de
los
problemas
nucleares
de
la
Fiscalía:
su
opacidad
en
el
funcionamiento
interno,
la
politización
de
la
jerarquía,
y la
falta
de
exigencia
de
responsabilidades
a
quien
lo
hace
mal
y la
indiferencia
profesional
respecto
a
quien
lo
hace
bien.
Quizá
haya
algunos
cambios
en
la
actitud
de
la
Fiscalía
en
relación
con
su
actuación
en
los
asuntos
concretos,
quizá
mayor
impulso,
quizá
mayor
presencia.
Pero
no
hay
tiempo
ahí
para
grandes
cambios
en
ese
terreno.
Los
cambios
principales
han
de
producirse
hacia
adentro,
hacia
la
reforma
de
la
propia
Fiscalia.
Un
año
no
es
demasiado
tiempo
para
cambiar
lo
esencial;
para
combatir
algunos
hábitos
y
modos
de
actuación
que
llevan
arraigados
en
la
Fiscalía
desde
hace
décadas;
para
acabar
con
ciertas
arbitrariedades
en
el
trato
de
la
jerarquía
hacia
abajo,
para
generar
un
marco
jurídico
garante
de
los
derechos
de
los
Fiscales;
no
es
demasiado
tiempo
un
año
para
afrontar
unos
cambios
que
han
de
afectar
necesariamente
a la
jerarquía
de
la
Fiscalía,
introduciendo
transparencia
en
la
actuación
del
Consejo
Fiscal,
eficacia
en
la
Inspección
y
agilidad
en
el
funcionamiento
interno
de
la
Fiscalía.
Por
tanto
hay
que
darse
prisa.
De
abordarse
esas
cuestiones,
habría
resistencias
por
parte
de
quienes
ahora
se
benefician
a
costa
del
resto
de
los
fiscales
el
actual
estado
de
cosas.
Pero
somos
ya
bastantes
los
fiscales
que
creemos
que
son
necesarios,
e
intuyo
que
Consuelo
Madrigal,
con
la
que
no
he
hablado
personalmente
desde
que
se
anunció
su
nombramiento,
es
consciente
de
ello
también.
Si
decide
dejar
su
impronta
en
la
Fiscalía
abordando
cambios
necesarios
lo
veremos
pronto.
Yo
soy
mucho
más
optimista
de
lo
que
he
sido
con
los
tres
nombramientos
de
Fiscales
Generales
anteriores.
Pero
de
lo
que
estoy
seguro
es
de
que
esta
fiscal
es
consciente
de
su
independencia
respecto
del
poder
político:
si
me
equivoco
en
eso
me
voy
a
decepcionar
mucho. |