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09 de ENERO de 2015

Reflexiones sobre la entrevista a Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante

Por Virginia Domingo, Coordinadora del Servicio de mediación penal de Castilla y León y Presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa

Virginia Domingo, Coordinadora del Servicio de mediación penal de Castilla y León y Presidenta de la Sociedad Científica de Justicia RestaurativaCuando el otro día leí: “impulsando la mediación penal, eliminaríamos dos millones de asuntos de los juzgados” en la entrevista al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, pensé que el titular sería perfecto, si hablara de mediación civil o mercantil pero reflejar así la mediación penal es no mirar con amplitud las posibilidades y los muchos beneficios que podemos conseguir con procesos restaurativos como la mediación penal.

Si se quiere transmitir al ciudadano que esto es algo bueno para ellos, no podemos centrarnos más en algunas consecuencias de los procesos restaurativos como la mediación penal como la teórica agilización de la justicia antes que en sus beneficios porque así las personas van a pensar que lo que se pretende es ser blandos con los infractores y que por el solo hecho de participar en un encuentro como la mediación penal, van a evitar el juicio. Debería en su lugar transmitirse de una forma clara que estos procesos como la mediación penal favorecen la mejor reparación y atención a la víctima y la responsabilización del infractor.

Por otro lado, cuando habla de “eliminación de asuntos del juzgado”, entiendo que se refiere a infracciones leves, sin embargo, a estas alturas tenemos claro y así se ha demostrado, que la mediación penal y cualquier otro proceso restaurativo es igualmente eficaz en delitos más graves. La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 que pronto se incorporará a nuestro derecho interno, en el futuro Estatuto de las víctimas establece el derecho de las víctimas a ser informadas de los servicios de justicia restaurativa existentes y no distingue ni especifica que sea solo para víctimas de delitos más leves.

 Es de esperar que cuando se incorpore en el mencionado Estatuto, no se limite a priori solo a delitos leves, e incluya también los graves y entonces en este caso, los procesos de justicia restaurativa como la mediación penal serán un complemento  de la Justicia, podrá agilizarse los trámites pero no evitaría el juicio y la sanción jurídica. A  lo sumo podría utilizarse los mecanismos ya existentes en la ley para suavizar la condena como el atenuante de reparación del daño o las sentencias de conformidad. 

Por eso hablar de evitar juicios con la mediación penal, limita su aplicación a delitos menores lo cual sería una visión muy “pobre” de lo que puede hacer estos procesos restaurativos como la mediación penal y además se antoja un poco injusto para las víctimas de delitos más serios. ¿Qué pasa si una víctima de un delito más grave quiere participar en un encuentro como la mediación penal? ¿La decimos que no,  porque ha sufrido un delito grave? Sin duda, no sería totalmente justo y además puede ser perjudicial para las víctimas, por eso habría que estar a cada caso concreto y no establecer un numerus clausus a priori, igual que no lo hace la mencionada directiva de 2012.

Y sobre todo, lo que más me sorprendió de la entrevista,  es que se pida una ley de mediación penal. Esto supone un retroceso importante.

La Directiva ya superó por fin, la vieja idea que la Justicia Restaurativa y la mediación penal son conceptos iguales e intercambiables y ya habla de Justicia Restaurativa  en sentido amplio. El Estatuto de la Victima siguiendo la estela de esta norma europea, recogerá por primera vez la referencia a esta Justicia Restaurativa y no solo mediación penal, con ello se nos va a dar a los profesionales, la posibilidad de aplicar distintas herramientas restaurativas dependiendo del caso, así se nos abre un abanico de opciones, sin la necesidad de reducirlo todo a mediación penal.

 Por eso es necesario tener claro en qué consiste esta Justicia y que conlleva la Mediación Penal. La Justicia Restaurativa es una filosofía que parte de la premisa de que el delito ha causado un daño, se debe reparar y es una oportunidad para que todos los afectados participen de forma activa y directa

Esta Justicia engloba una serie de principios y valores, directamente emanados de la filosofía que subyacen en ella son entre muchos otros: respeto, encuentro, reparación, responsabilidad, seguridad, curación, reintegración y empatía. Y para aplicar esta filosofía que se compone de una serie de principios y valores,  hay herramientas, una de ellas es la mediación penal pero ni es la única ni es la más restaurativa porque incluye a víctima e infractor pero deja fuera otros indirectamente afectados por el delito.

Dicho esto, una ley de mediación penal, sin duda, no solo no será necesaria sino que carecería de sentido, ante una ley más amplia, que incorpora la referencia a los Servicios de Justicia Restaurativa y que supera la idea de que toda la Justicia Restaurativa se reduce a mediación penal y que mediación penal es solo un método alternativo al juicio

Lo que si será necesario son normas de desarrollo de este Estatuto de las víctimas, en lo referente a Justicia Restaurativa y que desarrollen y complementen, lo mencionado.

 Estas normas de desarrollo de la Justicia Restaurativa que no de la mediación penal, deberían ser unas pautas básicas sin caer, en el error de burocratizar en exceso el proceso restaurativo, pues sino se perdería precisamente las cualidades de esta justicia y que son básicamente la de la flexibilidad y humanización, para que el proceso de justicia restaurativa se adapte a cada caso y a cada víctima e infractor y no a la inversa

Por todo esto,  coincido en que se debe fomentar la mediación, y los métodos alternos de solución de conflictos pero con respecto a la mediación penal hay que tener claro que es una mediación con características propias y peculiares y que se basa en la Justicia Restaurativa.

Una vez matizado esto, tengo claro que debemos mirar la amplitud de los posibles beneficios que esta justicia nos ofrece y no quedarnos solo con una parte de ellos que además no son beneficios propiamente dicho, sino consecuencias derivadas de su uso y aplicación.

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