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La
modernización
tecnológica
sigue
siendo
la
asignatura
pendiente
de
la
Justicia,
llevamos
demasiados
años
“repitiendo”
esta
asignatura
sin
visos
de
que
finalmente
se
apruebe.
Sigue
siendo
necesario
un
pacto
de
estado
entre
todas
las
fuerzas
políticas
para
modernizar
la
Justicia,
tanto
en
sus
medios
como
en
sus
procesos,
y
excluirla,
de
una
vez
por
todas,
de
la
lucha
de
partidos.
Modernizar
nuestra
justicia
y
sus
procesos
no
es
una
tarea
simple,
no
podemos
continuar
más
tiempo
en
una
estructura
basada
en
la
Ley
Orgánica
de
1870,
hay
que
implantar
una
nueva
oficina
judicial
pero
de
una
manera
racional
y
contando
con
la
experiencia
de
todos
los
operadores
jurídicos.
Hay
que
reformar
la
planta
pero
pensando
en
la
justicia
de
proximidad
como
un
servicio
público
esencial
para
el
ciudadano.
En
definitiva,
nuestra
justicia
sigue
pendiente
de
una
gran
reforma,
pero
ésta
deviene
imposible
sin
un
consenso,
no
solo
de
las
fuerzas
políticas
sino
de
todos
los
que
intervenimos
en
ella.
La
ley
18/2011
establecía
un
plazo
de 5
años
para
que
todas
las
administraciones
con
competencia
en
Justicia
dotaran
a la
misma
de
un
sistema
de
tramitación
electrónica
de
los
procedimientos,
queda
un
año
y
medio
para
finalizar
el
plazo
y un
proceso
electoral
en
medio,
lo
que
hará
que
difícilmente
se
cumpla
el
plazo.
También
la
mencionada
Ley
establece
que
en
el
plazo
de
cuatro
años,
las
Administraciones
con
competencia
en
materia
en
administración
de
justicia garantizarán
la
interoperabilidad
entre
los
sistemas
al
servicio
de
la
Administración
de
Justicia,
de
acuerdo
a
las
especificaciones
establecidas
por
el
Comité
técnico
estatal
de
Administración
judicial
electrónica
en
el
marco
institucional
de
cooperación
en
materia
de
administración
electrónica;
y
solo
quedan
seis
meses,
por
lo
que,
difícilmente,
en
este
plazo
tendremos
un
sistema
que
permita
una
verdadera
interoperabilidad.
Si
realmente
queremos
una
administración
de
justicia
eficaz
resulta
imprescindible
que
todas
las
administraciones
con
competencias
se
sometan
al
esquema
nacional
de
interoperabilidad.
No
puede
ser
que
un
juez
de
un
territorio
no
tenga
acceso
telemático
a
los
procedimientos,
datos,
etc
de
otro
territorio.
Pero
igual
de
importante
es
la
interoperabilidad
con
otros
organismos
administrativos,
en
pleno
siglo
XXI
no
podemos
permitir
que
los
cientos
de
miles
de
atestados
policiales
que
se
producen
en
España,
sigan
remitiéndose
en
papel
a
los
órganos
jurisdiccionales
cuando
todas
las
comisarías
de
Policía
Nacional,
Guardia
Civil,
Mossos
d’Esquadra
o
Ertzaintza,
están
dotadas
de
ordenadores
y
programas
para
la
elaboración
de
los
atestados,
cuyo
fin
es
su
impresión,
y su
traslado
manual
al
juzgado
que
inmediatamente
introduce
los
datos
en
el
ordenador
dando
de
alta
el
procedimiento.
En
estos
momentos
de
austeridad
presupuestaria
nuestra
administración
no
puede
permitirse
el
lujo
del
traslado
manual
de
los
atestados
con
el
coste
en
transporte,
y
tiempo
de
los
funcionarios.
Pero
este
año,
el
reto
que
la
abogacía
tiene
en
el
ámbito
de
la
administración
electrónica
de
justicia
es
la
implantación
de
LexNet
para
abogados.
El
Ministerio
de
Justicia,
en
coordinación
con
el
Consejo
General
de
la
Abogacía
y
los
Colegio
de
Abogados,
ha
iniciado
un
ambicioso
plan
de
implantación
de
las
notificaciones
electrónicas
a
los
abogados
así
como
la
presentación
de
escritos
también
de
manera
electrónica,
que
permitirá
mejorar
el
ejercicio
profesional
de
los
abogados
mediante
la
aplicación
LEXNET.
Hemos
de
formar
a
miles
de
abogados
en
el
uso
de
dicha
herramienta,
lo
que
representa
todo
un
reto
en
el
que
están
implicados
diferentes
departamentos
del
CGAE,
y
muy
especialmente
la
parte
tecnológica
REDABOGACIA,
preparando
materiales
de
formación
para
que
los
Colegios
asuman
este
reto
de
manera
eficiente.
Otro
de
los
aspectos
que
no
podemos
olvidar,
y
más
aun
cuando
la
abogacía
institucional
se
ha
caracterizado
por
la
defensa
de
los
derechos
humanos,
es
la
creciente
vulneración
de
los
mismos
mediante
el
uso
o el
la
limitación
del
uso,
del
acceso
a
internet.
La
mayoría
de
ciudadanos
tienen
es
sus
casas
una
ventana
abierta
al
mundo
con
todo
lo
bueno
y lo
malo
que
ello
representa,
los
peligros
de
la
Deep
Web,
o
las
vulneraciones
de
derechos
fundamentales
en
las
redes
sociales,
hace
que
la
abogacía
deba
estar
atenta.
En
el
ámbito
internacional
cada
vez
vemos
con
mayor
frecuencia
la
limitación
del
acceso
a
internet
en
países
en
que
la
libertad
está
cuestionada
como
otro
medio
de
censura
más.
Y
por
último
no
podemos
olvidar
que
los
recientes
atentados
en
Paris
vuelven
a
poner
sobre
la
mesa
el
eterno
debate
entre
seguridad
y
libertad.
Europa
es
tierra
de
libertad,
obtendremos
la
seguridad,
pero
no a
costa
de
nuestra
libertad.
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