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Pasados
los
primeros
100
días
del
nuevo
ministerio
es
el
momento
de
empezar
a
actuar.
De
ejecutar
acciones
y
resolver
peticiones,
solicitudes
y
reclamos.
Este
debe
ser
el
cometido
del
nuevo
Ministro
de
Justicia.
Sabemos
que
no
tiene
empresa
fácil.
Pero
el
tiempo
ya
ha
dejado
de
ser
excusa.
No
podemos
entender
una
sociedad
sin
justicia.
Para
que
exista
justicia,
para
que
se
pueda
impartir,
pedimos
eficacia
y
eficiencia.
Desde
hace
décadas,
la
justicia
española
ha
sido
eficaz.
Un
sistema
judicial
garantista
da
respuesta
a
aquellas
situaciones
en
las
que
solicitamos
auxilio
judicial;
aunque
en
nuestro
caso
con
lentitud
y
con
precarios
recursos
humanos,
materiales
y
tecnológicos.
Pero
en
esta
última
legislatura,
la
justicia
ha
perdido
eficacia:
las
tasas
judiciales
limitan
el
derecho
a
reclamar
justicia,
sobretodo
en
segunda
instancia,
en
que
las
tasas
penalizan
su
acceso.
Si
no
fuese
por
unas
tasas
limitadoras
al
acceso
judicial,
mantendríamos
la
eficacia
de
la
justicia,
porque
cualquier
litigio
tendría
respuesta
en
un
juzgado
o
tribunal.
Pero
ya
no
es
así.
Además
de
eficacia,
a la
justicia
le
debemos
pedir
eficiencia.
En
este
punto
no
sólo
suspendemos,
sino
que
estamos
bajo
cero.
Una
sociedad
moderna
no
puede
permitirse
el
lujo
de
tener
un
sistema
judicial
ineficiente.
No
saber
cuándo
una
disputa
contenciosa
tendrá
resolución,
cuándo
un
hecho
ilícito
penal
tendrá
respuesta,
son
ejemplos
de
una
justicia
no
eficiente.
Un
buen
mandatario
debe
plantear
cómo
mejorar
la
eficiencia
de
la
Justicia.
Cualquier
estado
democrático
debe
tener
una
justicia
garantista,
eficaz
y
eficiente.
Y
éste
debe
ser
el
cometido
del
nuevo
ministro.
Los
abogados
y
abogadas
pedimos
a
Rafael
Catalá
que
realice
aquello
que
ningún
ministro
ha
realizado
hasta
el
momento:
los
pactos
de
estado
para
una
justicia
eficiente,
una
justicia
que
esté
al
servicio
de
los
ciudadanos
y dé
garantías
de
convivencia
en
un
estado
de
derecho.
Para
ello
son
necesarios
los
siguientes
requisitos:
1)
La
justicia
debe
ser
de
libre
acceso.
No
deben
existir
tasas
judiciales
para
aquellos
que
solicitan
el
auxilio
de
la
justicia
de
forma
extraordinaria.
Quizá
deberíamos
analizar
las
sociedades
mercantiles
que
gracias
a la
justicia
aumentan
su
cuenta
de
explotación,
sobretodo
si
no
han
explorado
otras
vías
alternativas
antes
de
acudir
a lo
juzgados,
como
la
mediación
o el
arbitraje.
Estas
sociedades,
con
sus
masivas
presentaciones
de
demandas,
provocan
el
colapso
de
los
juzgados;
normalmente
se
trata
de
sociedades
mercantiles
calificadas
como
grandes
empresas
y
que
semanalmente
presentan
demandas
judiciales
por
lotes.
Valoremos
si
éstas
deben
pagar
alguna
tasa.
Pero,
¿los
ciudadanos?
¿las
pequeñas
empresas?
¿las
medianas
empresas?
¿aquellas
grandes
empresas
que
presentan
un
único
litigio
al
año?
Rotundamente,
no.
2)
La
justicia
debe
ser
de
proximidad.
No
deben
alejarse
los
juzgados
de
las
personas.
El
servicio
público
que
presta
la
justicia
a
los
ciudadanos
debe
ser
percibido
por
éstos
como
algo
propio,
que
les
da
el
servicio
reclamado.
Debe
servir
como
aquel
instrumento
que
si
el
derecho
se
transgrede
penalmente
o
administrativamente,
la
respuesta
será
eficaz
y
eficiente.
Debe
servir
como
aquella
herramienta
que
da
garantía
al
cumplimiento
de
las
obligaciones.
Debe
servir
como
aquel
mecanismo
que
garantiza
los
derechos
de
las
personas.
3)
La
justicia
debe
ser
social.
Se
debe
dar
respuesta
a la
crisis
económica
y
financiera
más
grave
que
hemos
vivido.
Tenemos
una
bolsa
de
pobreza
importante.
De
personas
y
familias
que
han
perdido
su
dinero,
su
trabajo,
su
vivienda;
no
sólo
han
perdido
su
hogar
sino
que
también
están
perdiendo
su
vida.
Desde
los
poderes
públicos
se
ha
intervenido
en
la
economía,
se
ha
priorizado
la
salvación
del
sistema
financiero.
Ahora
toca
las
personas.
Se
debe
promulgar
una
ley
de
la
segunda
oportunidad.
Aquellas
personas,
familias,
colectivos
que
han
quedando
fuera
de
la
sociedad
o
que
serán
expulsadas
del
sistema,
que
únicamente
tienen
la
esperanza
de
acudir
a
los
servicios
sociales
municipales,
a
los
bancos
de
alimentos
o
esperar
a
que
puedan
optar
a
las
ayudas
anuales
que
se
publican
en
el
BOE,
deben
atisbar
una
salida
del
túnel
propiciada
por
una
segunda
oportunidad.
Aquellas
personas
que
en
5,
10 o
100
años
no
podrían
devolver
la
deuda
contraída,
les
debemos
buscar
una
solución
para
que
vuelvan
a
renacer,
para
que
se
sientan
libres
e
iguales,
como
pregona
la
declaración
de
derechos
humanos.
4)
La
justicia
debe
ser
de
personas
para
las
personas.
Se
debe
dotar
de
más
plazas
y
mejorar
la
ratio
de
jueces
por
habitantes.
Recuperar
a
jueces
sustitutos
que
fueron
expulsados
de
la
profesión,
para
garantizar
el
servicio
en
plazas
vacantes.
Y en
aquellos
territorios
donde
hay
más
de
una
lengua
oficial,
que
sea
requisito
para
el
ejercicio
del
cargo
de
juez,
magistrado,
secretario
judicial
o,
en
general,
personal
al
servicio
de
la
Administración
de
Justicia,
el
conocimiento
adecuado
y
suficiente
de
las
lenguas
cooficiales
a
los
efectos
de
poder
cumplir
con
los
derechos
lingüísticos
de
los
ciudadanos
usuarios
de
este
servicio
público,
así
como
el
conocimiento
del
derecho
propio,
si
lo
tuviere.
El
respeto
no
solo
se
debe
exigir,
sino
que
se
debe
prestar.
5)
La
justicia
debe
ser
del
siglo
XXI.
Esta
administración
es
la
que
está
más
alejada
de
la
sociedad
de
la
información.
Debemos
modernizarla
y
seguir
los
ejemplos
que
otras
administraciones
han
realizado.
Un
esfuerzo
que
debe
ser
liderado
por
el
Ministerio,
pero
que
debemos
obligarnos
todos
aquellos
que
trabamos
con
la
administración
de
justicia:
personal,
profesionales
y
ciudadanos.
6)
La
justicia
debe
ser
para
todos.
Una
justicia
que
se
vete
a
aquellos
que
no
tengan
recursos,
no
es
justicia.
Una
reforma
de
la
ley
de
justicia
gratuita,
que
no
se
realice
con
el
consenso
de
los
profesionales
que
día
a
día
trabajamos
en
los
juzgados,
es
una
ley
que
va a
ser
ineficiente
y
que
va a
restringir
los
derechos
de
los
ciudadanos.
La
ley
y la
justicia
están
al
servicio
de
los
ciudadanos,
sea
cual
fuere
su
condición
y su
capacidad
económica.
Esto
es
lo
que
le
pedimos
al
nuevo
ministro.
La
justicia
debe
ser
de
presente
y de
futuro.
Pero
en
300
días
que
quedan
de
legislatura
se
pueden
hacer
muchas
cosas.
Se
pueden
establecer
las
bases
para
tener
una
justicia
eficaz
y
eficiente.
Una
justicia
de
proximidad,
social,
de
personas
para
las
personas,
del
siglo
XXI,
una
justicia
para
todos,
en
un
estado
social,
democrático
y de
derecho.
Nos
lo
merecemos. |