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Convertir
la
justicia
en
servicio
público
con
ventajas
indudables
para
el
jurista
y el
ciudadano
es
el
objetivo
del
proyecto
de
la
Ciudad
de
la
Justicia
que
retoma
el
gobierno
de
Ignacio
González
en
la
Comunidad
de
Madrid
bajo
la
supervisión
del
consejero
de
Presidencia,
Justicia
e
Interior
y
portavoz
del
Gobierno
regional,
Salvador
Victoria.
En
la
mañana
de
ayer
el
propio
consejero
mantuvo
una
reunión
a
fin
de
presentar
el
proyecto
y
abrir
el
periodo
de
sugerencias
al
mismo.
Un
encuentro
al
que
asistieron
la
decana
del
Colegio
de
Abogados
de
Madrid,
Sonia
Gumpert,
decano
del
Colegio
de
Procuradores,
Antonio
Alvarez-Buylla;
secretario
de
gobierno
del
Colegio
Nacional
de
Secretarios
Judiciales,
José
Palazuelos,
vicepresidenta
primera
del
Colegio
de
Graduados
Sociales,
Eva
Torrecilla,
decano
del
Colegio
de
Psicólogos,
Fernando
Chacón,
así
como
el
director
general
de
Relaciones
con
Administración
de
Justicia,
Agustín
Carretero.
Este
proyecto
que
supone
una
inversión
de
483
millones
de
euros
que
pagará
la
empresa
adjudicataria,
irá
acompañado
por
un
esfuerzo
tecnológico
importante.
“Queremos
que
sea
una
Ciudad
de
la
Justicia,
global,
tecnológica
y
sin
papeles”,
apuntó
Victoria.
Durante
la
reunión,
Victoria
explicó
a
los
representantes
de
los
profesionales
de
la
Justicia
madrileña
que
la
futura
Ciudad
de
la
Justicia,
que
se
ubicará
en
el
Parque
de
Valdebebas,
dispondrá
de
más
de
3.600
metros
cuadrados
que
el
Gobierno
regional
cederá
a
los
diferentes
colegios
oficiales
de
profesionales
de
la
Justicia.
"Algo
que,
además
de
darle
a
estos
trabajadores
un
espacio
de
trabajo
favorable,
en
última
instancia,
redundará
en
la
rapidez,
eficacia
y
agilidad
de
la
Justicia
madrileña",
aseguró
el
responsable
regional.
En
términos
generales,
la
Ciudad
de
la
Justicia
contribuirá
a
mejorar
la
agilidad
judicial
en
al
menos
un
20
por
ciento
por
el
ahorro
directo
que
se
producirá,
por
ejemplo,
en
el
tiempo
de
desplazamientos
y en
traslados
de
expedientes.
El
consejero
les
explicó
también
que
el
anteproyecto
de
la
Ciudad
de
la
Justicia
prevé
más
de
200.000
metros
cuadrados
divididos
en
tres
grandes
bloques
(penal,
civil
y
administrativo-institucional)
para
agrupar
los
356
órganos
judiciales
del
Partido
Judicial
de
Madrid,
que
actualmente
están
distribuidos
en
28
sedes.
Con
este
complejo,
la
Comunidad
de
Madrid
alcanzará
la
mayor
concentración
de
órganos
judiciales
de
España
en
un
espacio
en
el
que
prevalecerá
el
carácter
práctico
y
funcional
por
encima
de
la
estética,
que
estará
adaptado
a
las
nuevas
tecnologías
y en
el
que
primarán
también
criterios
de
ahorro
energético
y
accesibilidad
para
personas
con
discapacidad.
En
aras
de
esa
practicidad,
el
proyecto
se
ha
concebido
dejando
atrás
la
división
tradicional
por
juzgados
para
implantar
la
agrupación
por
áreas
jurisdiccionales,
lo
que
hará
el
espacio
mucho
más
cómodo
para
profesionales
y
ciudadanos.
Impacto
económico
"Bajo
estos
criterios
dispondremos
también
las
áreas
para
que
los
profesionales
de
los
diferentes
colegios
oficiales
desempeñen
su
labor
de
manera
óptima",
subrayó
Victoria,
quien
recordó
que
la
Ciudad
de
la
Justicia
agrupará
a
42.000
abogados
y
1.719
procuradores
y
que
se
calcula
que
más
de
25.000
personas,
entre
ciudadanos,
profesionales
de
la
Justicia
y
otros
trabajadores,
pasarán
diario
por
la
Ciudad
de
la
Justicia.
En
el
turno
de
intervenciones,
Sonia
Gumpert
decana
del
ICAM,
justificaba
su
apoyo
a
este
proyecto
porque
soluciona
el
problema
de
la
gran
dispersión
actual
de
los
órganos
judiciales,
que
redundará
un
mejor
trabajo
de
los
profesionales
y un
beneficio
para
los
madrileños
ya
que
hoy
la
Justicia
"no
está
a la
altura"
de
los
ciudadanos.
Al
igual
que
la
decana
de
los
abogados
madrileños,
Álvarez-Buylla
subrayó
que
se
instale
una
administración
electrónica
en
la
Ciudad
de
la
Justicia
para
que
ésta
sea
más
ágil,
cuestión
que
el
propio
Consejero
comentó
que
ya
la
Comunidad
de
Madrid
venia
invirtiendo
en
tecnología
y
citó
al
Portal
de
la
Administración
de
Justicia
y a
otras
inversiones
que
se
vienen
realizando
desde
el
2011.
En
este
sentido,
el
consejero
recordó
que
este
proyecto,
que
arrancará
en
julio
del
año
que
viene
y se
"estrenará"
en
el
verano
de
2019,
se
convertirá
en
un
elemento
dinamizador
y
potenciador
de
la
zona
noroeste
de
la
capital.
Costará
unos
483
millones
de
euros,
que
abonará
la
empresa
adjudicataria,
de
manera
que
la
Comunidad
de
Madrid
no
asumirá
gastos,
ya
que
pagará
un
canon
de
alrededor
de
45
millones
de
euros,
que
es
lo
que
ahora
se
abona
por
el
alquiler
y
los
servicios
de
las
28
sedes
judiciales
distribuidas
por
Madrid.
Los
estudios
realizados
por
el
Gobierno
regional
prevén
que
la
Ciudad
de
la
Justicia,
que
contempla
también
60.000
metros
para
explotación
de
infraestructuras
y
servicios
(restauración,
comercios,
aparcamientos,
etc.),
genere
un
impacto
económico
cercano
a un
incremento
de
una
décima
del
PIB
regional
durante
cada
uno
de
los
cuatro
años
que
dure
la
construcción
del
complejo,
con
una
mejora
de
la
producción
anual
de
282,5
millones,
unas
ganancias
de
actividad
de
118
millones
y la
creación
de
más
de
2.200
puestos
de
trabajo.
Victoria
recordó,
como
ya
lo
hizo
hace
unos
meses
cuando
mantuvo
una
entrevista
con
este
medio
de
comunicación,
el
esfuerzo
inversor
que
está
haciendo
la
Comunidad
de
Madrid
en
cuanto
a la
justicia.
De
hecho
volvió
a
señalar
que
“hemos
invertido
en
los
diez
años
que
tenemos
competencia
en
justicia
3000
millones
de
euros.
En
el
2014
invertiremos
400
millones
que
es
un
10%
del
coste
total
de
la
justicia
en
España.
No
obstante,
pese
al
esfuerzo,
la
justicia
no
ha
dado
el
salto
en
agilidad
que
esperan
los
ciudadanos.
Ahora
con
la
Ciudad
de
la
Justicia
creemos
que
las
cosas
cambiarán”,
apuntó. |
