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Tras
el
informe
pericial
emitido
por
el
Banco
de
España
se
ha
abierto
la
vía
de
la
acción
civil
para
reclamar
lo
invertido
e
intentar
dejar
indemne
a
los
afectados.
Está
claro
que
se
han
cometido
abusos
en
la
comercialización
de
las
acciones
de
Bankia
en
su
salida
a
Bolsa,
y
que
fue
la
propia
entidad
la
que
indujo
a
error
a
los
pequeños
inversores
al
comprar
dichos
títulos,
primero
al
no
ofrecer
las
cuentas
de
la
entidad
una
imagen
fiel
de
la
misma
y
después
al
falsear
la
información
del
folleto
que
ponían
en
conocimiento
de
aquéllos
la
oferta
pública
de
éstas.
Ahora
ha
llegado
el
momento
de
que
los
tribunales
determinen
la
responsabilidad
de
Bankia,
de
su
auditora
y de
terceros
responsables
(incluidos
determinados
organismos
del
Estado),
y
que
dichos
accionistas
exijan
la
indemnización
por
los
daños
y
perjuicios
ocasionados.
El
titular
que
compró
acciones
y
otros
productos
(préstamos,
créditos,
preferentes,
etc)
convertibles
en
acciones,
se
encuentra
ante
sí
hechos
que
son
constitutivos
de
delitos
de
estafa,
apropiación
indebida,
falsificación
de
cuentas
anuales,
administración
fraudulenta
y
maquinación
para
alterar
el
precio
del
producto
comercializado.
Las
irregularidades
contables
y la
apariencia
de
errónea
solvencia
que
determinaron
un
valor
irreal
de
las
acciones
a
emitir
en
la
oferta
pública
de
suscripción
(OPS),
la
información
falsa
que
fue
facilitada
por
la
entidad
en
el
Folleto
Informativo
de
su
salida
a
Bolsa
y la
ocultación
de
datos
esenciales
informativos
de
los
productos,
y
sobre
todo,
el
exceso
de
confianza
por
parte
del
afectado
hacia
la
entidad,
y
del
abuso
de
confianza
por
parte
de
esta,
son
algunos
ejemplos
del
dolo
que
determina
la
culpabilidad
de
los
responsables
en
este
fraude
masivo.
Como
en
toda
infracción,
y
como
ésta
que
ha
provocado
enormes
perjuicios
económicos,
la
única
forma
posible
de
corregir
la
fraudulenta
salida
a
Bolsa
y
comercialización
de
acciones
y de
otros
productos
de
Bankia,
es a
través
de
la
tutela
judicial
efectiva
de
los
inversores
afectados
ante
los
tribunales.
Sabemos
que
los
jueces,
pues
le
realidad
social
es
uno
de
los
principios
que
rigen
sus
actuaciones,
están
actuando
con
sensibilidad
ante
el
bien
jurídico
protegido
(el
patrimonio
de
los
pequeños
inversores),
y
por
la
gravedad
de
los
hechos,
constitutivos
de
delito,
tienen
en
la
presentación
de
las
cuentas
anuales,
que
no
cumplían
con
la
normativa
del
Banco
de
España
(el
máximo
órgano
supervisor
del
sistema
bancario
español),
y en
el
contenido
del
folleto
de
oferta
pública
de
suscripción
y
admisión
a
negociación
de
acciones
de
Bankia,
su
centro
gravitatorio
en
la
determinación
de
sus
resoluciones
a
favor
de
los
inversores
afectados
por
la
salida
a
Bolsa
de
las
acciones
de
Bankia.
De
hecho,
ya
hay
sentencias
que
condenan
a la
entidad
por
engaño
en
la
salida
a
bolsa.
Valencia,
Mataró,
son
sólo
algunos
ejemplos
de
estas
resoluciones
judiciales,
lo
que
ayuda
enormemente
a
que
existan
una
serie
de
precedentes
judiciales
que
apoyen
las
pretensiones
de
los
inversores
afectados
en
el
comienzo
y
relanzamiento
de
sus
acciones
civiles.
Pero,
como
en
todo,
el
tiempo
corre
en
contra
y
fija
las
prescripciones
de
la
responsabilidad
en
caso
de
fraude
en
tres
años
para
la
recuperación
de
lo
invertido
por
datos
erróneos
y
omisión
de
información,
y de
cuatro
años
para
la
nulidad
de
los
contratos
por
las
mismas
causas,
como
dice
la
ley,
“desde
que
el
reclamante
hubiera
podido
tener
conocimiento
de
la
falsedad
o de
las
omisiones
en
relación
al
contenido
del
folleto”;
por
lo
que
habrá
que
determinar
exactamente
a
partir
de
qué
momento
se
empieza
a
computar
dicho
plazo.
Hay
que
tener
muy
en
cuenta
también
el
riesgo
de
que
algún
tribunal
paralice
las
reclamaciones
y
exija
esperar
a la
sentencia
de
la
Audiencia
Nacional
(órgano
especializado
que
lleva
la
causa
contra
Bankia,
para
centralizar
todos
los
delitos
económicos
de
mayor
gravedad
y
relevancia
social).
Esta
prejudicialidad
penal
sin
embargo
no
precisa
que
sea
obligatorio
oir
antes
a la
jurisdicción
penal
en
la
determinación
del
dolo
civil
como
constitutivo
de
infracción
penal,
lo
que
significa,
que
no
influye
ni
prejuzga
el
fondo
del
asunto.
Además,
los
magistrados
que
han
tratado
este
tema
afirman
que
"aceptar
la
suspensión
que
pretende
Bankia
equivaldría
a
dictar
una
resolución
desconectada
de
la
realidad
social”
(…)
que
"provocaría
y
haría
dificultosa
la
pronta
resolución".
En
definitiva,
ante
la
posibilidad
de
reclamar
por
tres
vías
diferentes,
como
son
ante
la
Audiencia
Nacional,
ante
diferentes
organismos
del
Estada
o
por
la
vía
civil,
es
la
acción
civil
la
que
mayores
garantías
dará
de
cara
al
resarcimiento
de
los
daños
causados. |