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Ya
tenemos
encima
la
Reforma
del
Código
Penal
en
materia
de
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas.
Aún
falta
por
aclarar
alguna
incógnita,
propia
del
trámite
en
el
Senado,
pero
sin
duda,
vendrá
para
quedarse.
Dicha
reforma
sólo
será
un
paso
más
para
configurar,
de
manera
irremediable
en
España,
una
nueva
forma
de
gobernar
las
corporaciones,
a
través
de
la
cultura
del
buen
Gobierno
Corporativo,
del
cual,
lamentablemente,
hemos
adolecido
bastante
los
últimos
años.
La
reciente
entrada
en
vigor
de
la
nueva
reforma
de
la
Ley
de
Sociedades
de
Capital
en
materia
de
Gobierno
Corporativo,
la
Norma
ISO
Internacional
19600,
así
como
las
diversas
normas
internacionales
sobre
la
materia,
marcan
claramente
dicha
tendencia
y,
por
ello,
en
España,
quizás
se
acabará
algún
día
con
la
enraizada
cultura
ejercida
por
algunos
del
“todo
vale”.
Entrando
en
materia,
bajo
mi
punto
de
vista,
la
principal
novedad
de
la
reforma
viene
constituida
por
la
instauración,
por
fin,
de
una
eximente
de
responsabilidad
para
la
persona
jurídica,
complementando
el
sistema
de
atenuantes
vigente
hasta
la
fecha.
Esta
eximente
es
lo
que
se
ha
venido
a
conocer,
a
nivel
de
titulares
de
prensa,
como
los
Manuales
o
Protocolos
de
Prevención
de
Riesgos
Penales
(como
se
verá,
no
sólo
consiste
en
un
Manual).
La
eximente
de
responsabilidad
penal
que
la
reforma
instaurará
se
convertirá,
a
nivel
de
derecho
positivo,
en
la
vuelta
de
tuerca
que
faltaba
para
completar
el
sistema
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas,
vigente
desde
2010
con
la
reforma
del
Código
Penal
en
dicha
materia.
Esta
eximente,
junto
con
las
atenuantes
ya
existentes,
pretende
dotar
a
las
empresas
de
la
seguridad
jurídica
necesaria
en
aras
a
que
éstas
puedan
gestionar
eficazmente
tanto
su
sistema
de
prevención
de
riesgos
penales,
como
una
eventual
estrategia
posterior
de
defensa
corporativa.
Creo
sinceramente
que
la
reforma
ayudará
a
superar
las
incertidumbres
provocadas
por
la
Circular
1/2011
de
la
FGE,
según
la
cual,
los
programas
de
prevención
delictual
(compliance
guide)
muy
poco
o
casi
nada
importan.
Ahora,
el
legislador,
concede
a
las
empresas
la
oportunidad
de
"escapar"
de
dicha
eventual
responsabilidad,
siempre
que
los
compliance
guide
no
sean
meras
operaciones
de
maquillaje
formal,
libros
llenos
de
polvo.
Debe
existir
un
verdadero
sistema
de
gestión
de
riesgos
penales
(más
allá
de
un
manual
al
uso),
que
se
aplique
a la
práctica,
y
que
pivote
sobre
la
idea
del
"debido
control".
El
control
es
clave
para
la
eximente,
no
la
mera
existencia
de
un
Libro,
Guía
o
Manual.
El
derecho
penal
debe
averiguar
la
verdad
material,
y la
existencia
de
un
Manual
es
una
mera
formalidad.
Lo
que
se
investigará
en
los
procesos
penales
será
la
gestión
efectiva
del
“debido
control”,
y
para
ello,
será
sumamente
importante
la
documentación
de
procedimientos
y
controles,
en
aras
a la
debida
pre
constitución
de
pruebas
con
el
objetivo,
si
fuera
el
caso,
de
poder
ser
utilizadas
posteriormente
en
un
procedimiento
penal.
De
ahí
que
de
la
reforma
nazca
la
flamante
figura
del
compliance
officer,
segunda
novedad
relevante,
ligada
a la
idea
anterior
de
instaurar
un
sistema
que
a la
práctica
se
cumpla
y
funcione.
Mucho
se
ha
dicho
sobre
el
perfil
y
cualificación
del
compliance
officer.
Hay
muchos
debates
ya
abiertos
sobre
si
es
mejor
que
dicha
figura
resida
dentro
de
la
organización
o
bien
sea
externalizada
su
función,
si
debe
ser
un
comité
ad
hoc,
o
bien
un
órgano
unipersonal.
A mi
entender
dependerá
siempre
del
tamaño
e
idiosincrasia
de
cada
organización.
Sin
embargo,
cabe
apuntar
que
la
llevanza
de
dicha
función
desde
dentro
de
la
organización,
y no
externalizando
la
misma,
puede
ser
recomendable,
habida
cuenta
las
ventajas
que
ello
supone
por
la
inmediatez
y
contacto
con
la
fuente
de
riesgo,
así
como
la
mayor
facilidad
para
gestionar
y
entender
la
organización
desde
dentro.
La
reforma
afectara
a
todas
las
personas
jurídicas
privadas
por
igual,
con
independencia
de
su
tamaño
y
estructura,
siempre
que
tengan,
por
supuesto,
personalidad
jurídica
propia.
El
debate
está
abierto,
y
muchos
pensarán
que
solo
las
grandes
empresas
son
las
destinatarias
“finales”
del
sistema.
Ello
no
es
así,
y de
hecho
el
legislador
es
consciente
de
que
cada
sistema
de
prevención
de
riesgos
penales
debe
ser
adaptable
a
las
necesidades
y
tamaño
de
la
persona
jurídica.
Por
ejemplo,
el
legislador
prevé
tal
situación
diferenciada
al
permitir
que
pueda
ser
el
Administrador
quien
asuma
las
funciones
de
compliance
officer,
en
aquellas
corporaciones
que
presenten
sus
cuenta
de
pérdidas
y
ganancias
abreviada
(art
31
bis,
apartado
3º
de
la
reforma).
Aventurándome
a
hacer
predicciones,
creo
que
perfectamente
podrán
(y
deberán)
existir
modelos
de
prevención
personalizados
y
ajustados
al
milímetro
a
cada
estructura
empresarial,
teniendo
en
cuenta
aspectos
como
las
posibilidades
económico-financieras
de
cada
corporación,
sector
en
el
que
opera,
pudiéndose
“amortizar”
(con
o
sin
ajustes)
muchos
de
los
controles
previamente
existentes
en
cada
una
de
ellas.
No
obstante,
para
ello
será
indispensable
siempre
llevar
a
cabo
un
concienzudo
análisis
previo
de
procedimientos
internos,
riesgos
y
controles,
para
que
el
sistema
pueda
ser
el
adecuado
y
eficaz
en
cada
organización,
y lo
más
importante,
pueda
servir
a la
postre
para
lograr
la
eximente
de
responsabilidad
penal
ante
un
eventual
proceso
judicial.
Finalmente,
considero
que
en
este
proceso
hay
que
ver
las
oportunidades,
y no
las
limitaciones.
Y la
reforma,
sin
duda,
permite
ver
oportunidades
de
mejor
gobierno
corporativo
para
las
personas
jurídicas.
En
este
sentido,
las
empresas
deben
hacer
una
reflexión
y
ver
el
doble
alcance
positivo
que
puede
llegar
a
tener
para
ellas
la
instauración
de
un
sistema
de
prevención
de
riesgos
penales:
1)
evitar
la
responsabilidad
penal
frente
a
terceros;
y 2)
evitar
ser
víctimas
del
fraude
penal
a
nivel
interno
de
la
organización,
que
en
los
últimos
tiempos
ha
alcanzado
cotas
altas
debido,
en
parte,
a la
ausencia
de
verdaderos
controles
en
el
seno
de
sus
organizaciones.
En
fin,
a
partir
de
ahora
tendremos
que
esperar
a
leer
con
atención
las
primeras
sentencias
que
se
den
en
dicha
materia,
con
el
objetivo,
entre
otros,
de
poder
ir
completando
e
interpretando
mejor
la
reforma,
dado
que
hasta
la
fecha
la
jurisprudencia
aún
no
ha
tenido
tiempo
de
pronunciarse.
Por
suerte
o
por
desgracia,
eso
dependerá,
como
siempre,
de
la
situación
procesal
de
cada
uno.
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