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19 de ENERO de 2015

El derecho humano al agua y a la seguridad jurídica en el sector y en los consumidores

LAWYERPRESS

Por Santiago Milans del Bosch. Abogado en ejercicio. Especializado en Drcho Administrativo y derecho penal administrativo

 

Santiago Milans del Bosch. Abogado en ejercicio. Especializado en Drcho Administrativo y derecho penal administrativoMesa redonda que tuvo lugar en el marco de conferencia de ONU-Agua sobre agua y desarrollo sostenible (del 15-17 de enero de 2015) en el Colegio de Abogados de Zaragonza

Fue el tema de la exposición del jurista que escribe estas líneas, Santiago Milans del Bosch, en el evento paralelo organizado por el Colegio de Abogados de Zaragoza y la Oficina de Naciones Unidas de apoyo a la Década del Agua “Agua para la vida”, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano y la Universidad de Zaragoza, y que ha tenido lugar paralelamente a otras actuaciones que, igualmente en Zaragoza, se celebraron en el marco de la conferencia de ONU-Agua sobre agua y desarrollo sostenible (del 15-17 de enero de 2015).

El evento paralelo ha tratado sobre la exigibilidad del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento a través de vías jurídicas y no jurídicas (sociales y políticas), teniendo en cuenta tanto criterios técnicos (accesibilidad, asequibilidad, etc.) como de gestión (participación, transparencia, etc.); y el mismo ha tenido lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados en donde se impartió la conferencia inaugural por parte de Leo Heller, relator especial de la ONU, a la que siguieron las impartidas por  Josefina Maestu, directora de la Oficina ONU-Agua, el Decano del Colegio anfitrión,  Antonio Morán, y el catedrático de Derecho administrativo  Antonio Embid.

Los conferenciantes, entre los que destacaban diversos juristas de países latinoamericanos y, por parte española el Presidente de la Abogacía Española,  Carlos Carnicer y, entre toros, el Abogado Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries, se hizo referencia a este derecho humano y a diversos casos judiciales en los que se puso de manifiesto la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 64/292, de 28 de julio de 2010 que reconoce este derecho humano, así como la resolución 68/157, de 18 de diciembre de 2013, aprobada por consenso, y las sucesivas resoluciones adoptadas en el Consejo de Derechos Humanos que han dado lugar a un amplio y fructífero proceso de desarrollo legislativo y modificaciones constitucionales en diversos países de América Latina.

Este proceso legislativo se ha visto acompañado en algunos casos con adaptaciones de la práctica administrativa y de gestión de los servicios de agua y saneamiento para garantizar el acceso y dar cumplimiento a las nuevas obligaciones que se derivan de la existencia del derecho. Pero además, la acción de los tribunales de justicia está siendo en algunos casos fundamental para la implementación de dicho derecho hasta el punto de que se podría estar hablando en algunos de ellos de la “judicialización de la aplicación del derecho”, especialmente en lo que se refiere a los aspectos de contaminación que limitan el acceso a un “agua segura”.  Unido a este derecho humano de acceso al agua y al saneamiento se habló del derecho a la seguridad jurídica, de confianza en el ordenamiento jurídico, garantía del estado de derecho, que evite la arbitrariedad por parte de la acción de los poderes públicos en todo lo relativo a la forma de gestionar el abastecimiento para todos mediante colaboración púbico-privada justa, transparente y eficaz que no suponga, por quiebra de estos principios, perjuicio para el sistema de seguridad jurídica y, a la postre, para los consumidores y administrados en general.

Se expusieron una serie de casos paradigmáticos en América Latina y en Europa en los que se han dictado resoluciones que ejemplarizan cómo se está aplicando el derecho, hasta dónde se está llegando a través de los procesos judiciales y cómo se están dirimiendo algunas de las cuestiones anteriormente citadas.

Fueron tres casos los expuestos: el caso  “Mendoza” en Argentina (Juez Lorenzetti), el caso del “Rio Bogotá” en Colombia (Procurador Oscar Amaya) y, en lo que se refiere a la seguridad jurídica en materia contractual, los del la Sala Tercera del Tribunal Supremo (recientes sentencias de 23 de octubre y 5 de noviembre de 2014) con relación al papel de garantía y eficacia de las resoluciones del órgano especial en materia contractual, conforme manda la Directiva 2007/66/CE, referida al concurso público para la gestión del suministro de agua en alta del Área metropolitana de Barcelona a través de  la red Ter-Llobregat, en los que el Alto Tribunal Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por una empresa del grupo adjudicatario –adjudicación ilegal tras lo acordado por dicho Órgano especial en materia contractual- y por la Generalidad de Cataluña, confirmando así dos autos de las sala  de lo Contencioso-administrativo de Cataluña (Sección 5ª) que denegaron la suspensión cautelar de lo acordado por el citado Órgano administrativo de recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que acordó el 2 de enero de 2013 “excluida del procedimiento” al grupo liderado por Acciona Agua por no cumplir con las bases del concurso (siendo así que un día antes, sin esperar a esta resolución del OARCC que daba la razón al recurso especial interpuesto por la Sociedad General Aguas de Barcelona, el gobierno de la Generalidad firmó el contrato de suministro con dicha empresa, excluida por resolución del órgano especializado e imparcial previsto en la ley catalana de 27 de julio de 2011).

Tras la exposición de estos casos se siguió un debate con  intervenciones sucesivas referidas a los mismos, moderados entre otros por Mikel Nancisidor, del Ministerio A.E.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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