|
Mesa redonda que tuvo
lugar en el marco de conferencia de ONU-Agua sobre agua y desarrollo sostenible
(del 15-17 de enero de 2015) en el Colegio de Abogados de Zaragonza
Fue el tema de la
exposición del jurista que escribe estas líneas,
Santiago Milans del Bosch, en
el evento paralelo organizado por el Colegio de Abogados de Zaragoza y la
Oficina de Naciones Unidas de apoyo a la Década del Agua “Agua para la vida”, la
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y ONGAWA
Ingeniería para el Desarrollo Humano y la Universidad de Zaragoza, y que ha
tenido lugar paralelamente a otras actuaciones que, igualmente en Zaragoza, se
celebraron en el marco de la conferencia de ONU-Agua sobre agua y desarrollo
sostenible (del 15-17 de enero de 2015).
El evento paralelo ha
tratado sobre la exigibilidad del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento a
través de vías jurídicas y no jurídicas (sociales y políticas), teniendo en
cuenta tanto criterios técnicos (accesibilidad, asequibilidad, etc.) como de
gestión (participación, transparencia, etc.); y el mismo ha tenido lugar en el
salón de actos del Colegio de Abogados en donde se impartió la conferencia
inaugural por parte de Leo Heller, relator especial de la ONU, a la que
siguieron las impartidas por Josefina Maestu, directora de la Oficina ONU-Agua,
el Decano del Colegio anfitrión, Antonio Morán, y el catedrático de Derecho
administrativo Antonio Embid.
Los conferenciantes,
entre los que destacaban diversos juristas de países latinoamericanos y, por
parte española el Presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y, entre
toros, el Abogado Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries, se hizo
referencia a este derecho humano y a diversos casos judiciales en los que se
puso de manifiesto la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
64/292, de 28 de julio de 2010 que reconoce este derecho humano, así como la
resolución 68/157, de 18 de diciembre de 2013, aprobada por consenso, y las
sucesivas resoluciones adoptadas en el Consejo de Derechos Humanos que han dado
lugar a un amplio y fructífero proceso de desarrollo legislativo y
modificaciones constitucionales en diversos países de América Latina.
Este proceso legislativo se ha
visto acompañado en algunos casos con adaptaciones de la práctica administrativa
y de gestión de los servicios de agua y saneamiento para garantizar el acceso y
dar cumplimiento a las nuevas obligaciones que se derivan de la existencia del
derecho. Pero además, la acción de los tribunales de justicia está siendo en
algunos casos fundamental para la implementación de dicho derecho hasta el punto
de que se podría estar hablando en algunos de ellos de la “judicialización de la
aplicación del derecho”, especialmente en lo que se refiere a los aspectos de
contaminación que limitan el acceso a un “agua segura”. Unido a este derecho
humano de acceso al agua y al saneamiento se habló del derecho a la seguridad
jurídica, de confianza en el ordenamiento jurídico, garantía del estado de
derecho, que evite la arbitrariedad por parte de la acción de los poderes
públicos en todo lo relativo a la forma de gestionar el abastecimiento para
todos mediante colaboración púbico-privada justa, transparente y eficaz que no
suponga, por quiebra de estos principios, perjuicio para el sistema de seguridad
jurídica y, a la postre, para los consumidores y administrados en general.
Se expusieron una serie de casos
paradigmáticos en América Latina y en Europa en los que se han dictado
resoluciones que ejemplarizan cómo se está aplicando el derecho, hasta dónde se
está llegando a través de los procesos judiciales y cómo se están dirimiendo
algunas de las cuestiones anteriormente citadas.
Fueron tres casos los expuestos:
el caso “Mendoza” en Argentina (Juez Lorenzetti), el caso del “Rio Bogotá” en
Colombia (Procurador Oscar Amaya) y, en lo que se refiere a la seguridad
jurídica en materia contractual, los del la Sala Tercera del Tribunal Supremo
(recientes sentencias de 23 de octubre y 5 de noviembre de 2014) con relación al
papel de garantía y eficacia de las resoluciones del órgano especial en materia
contractual, conforme manda la Directiva 2007/66/CE, referida al concurso
público para la gestión del suministro de agua en alta del Área metropolitana de
Barcelona a través de la red Ter-Llobregat, en los que el Alto Tribunal Supremo
desestima los recursos de casación interpuestos por una empresa del grupo
adjudicatario –adjudicación ilegal tras lo acordado por dicho Órgano especial en
materia contractual- y por la Generalidad de Cataluña, confirmando así dos autos
de las sala de lo Contencioso-administrativo de Cataluña (Sección 5ª) que
denegaron la suspensión cautelar de lo acordado por el citado Órgano
administrativo de recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que acordó el 2 de
enero de 2013 “excluida del procedimiento” al grupo liderado por Acciona Agua
por no cumplir con las bases del concurso (siendo así que un día antes, sin
esperar a esta resolución del OARCC que daba la razón al recurso especial
interpuesto por la Sociedad General Aguas de Barcelona, el gobierno de la
Generalidad firmó el contrato de suministro con dicha empresa, excluida por
resolución del órgano especializado e imparcial previsto en la ley catalana de
27 de julio de 2011).
Tras la exposición de estos casos
se siguió un debate con intervenciones sucesivas referidas a los mismos,
moderados entre otros por Mikel Nancisidor, del Ministerio A.E. |