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En el Código Penal encontramos un capítulo que aúna parte de las penas más
elevadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico-penal, siendo el mismo el
Capítulo III, del Título XVII, relativo a los delitos contra la salud pública.
En él podemos hallar condenas de penas privativas de libertad que llegan a los
doce años en caso de que el sujeto activo forme parte de una organización
criminal. A pesar de que, en la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de
22 de junio del mismo año, se rebajaron algunas de las condenas aplicables a
este grupo de ilícitos, las mismas continúan siendo unas de las más elevadas de
nuestra legislación.
No solamente se aprecian sanciones ejemplares sino también un notable
adelantamiento de las barreras de protección penal en este ámbito delictivo en
tanto que, está penado incluso el tráfico de precursores. Al tratarse de un
delito de peligro abstracto, tal y como ha ocurrido con otros ilícitos de esta
naturaleza, cuando el legislador considera que el bien jurídico a proteger es de
vital importancia, opta por realizar un adelantamiento de las barreras de
protección hasta el punto de tipificar actos preparatorios, como serían los
recogidos en el artículo 371 del Código Penal.
Éste sería el reflejo de la política de represión y sanción que se lleva a cabo
en nuestro país en el ámbito de los delitos contra la salud pública. Ahora bien,
la misma contrasta plenamente con la regulación implantada sobre los clubs de
cannabis en los que los socios pagan una cuota y diariamente pueden recibir una
cantidad, que oscila normalmente entre los 2 y 3 gramos, para fumársela en el
local o bien, en su domicilio.
En el plano internacional y europeo la realidad actual es muy diversa y en
algunos países se están planteando políticas de despenalización con la finalidad
de reducir el poder de las organizaciones de narcotraficantes. Estas nuevas
políticas se erigen como alternativas a la penalización al entender que esa
política sancionadora habría resultado inoperante. El ejemplo más claro lo
encontramos en Uruguay, país que se ha convertido en pionero en relación a la
despenalización de sustancias ilegales con la aprobación de la ley 19.172 sobre
marihuana y sus derivados.
Siguiendo el ejemplo holandés, precursor en el ámbito de la legalización de la
venta y la posesión de hasta 30 gramos de marihuana en el año 1976, Uruguay ha
implantado esta política de permisibilidad reglada pero salvando las lagunas que
presentaba el modelo holandés.
Los argumentos esgrimidos para la aprobación de la anteriormente citada ley
19.172 giraron en torno a la mejora de las condiciones de los consumidores los
cuales, según el propio criterio del legislador, no entrarían en contacto con
otras drogas de las tachadas como “duras” debido al hecho de que será el Estado
el encargado de la venta de la marihuana, evitando así el contacto con el
mercado negro. Asimismo, se consideró que se reduciría la demanda en los citados
mercados ilegales, pretendiendo de ese modo reducir el poder de las
organizaciones de narcotraficantes.
La regulación implementada por el gobierno uruguayo establece que tan sólo se
venderá marihuana a los ciudadanos uruguayos, que la producción de la misma
estará regulada por el propio estado y que cada ciudadano podrá únicamente
comprar 40 gramos al mes o bien, su equivalencia en plantas. Por otra parte, la
ley también contempla la posibilidad de cultivar hasta 6 plantas por persona, el
destino de las cuales debe ser siempre el autoconsumo así como, el
establecimiento de clubs de membresía con un número limitado de socios,
concretamente, entre 15 y 45 con la posibilidad de disponer de 90 plantas.
La misma estela despenalizadora se ha seguido en un país en ocasiones tan
conservador como es Estados Unidos. Los estados de Colorado y Washington
aprobaron recientemente el uso de la marihuana con fines recreativos abogando
así por la implantación de una política de tolerancia. Otro ejemplo más cercano
sobre el planteamiento de políticas despenalizadoras es el acontecido en el
Reino Unido. En este caso, pretenden dar un paso más allá y superar el clásico
debate sobre la despenalización de la marihuana, planteándose la legalización de
la venta de cocaína.
A finales del año 2013, el grupo parlamentario encargado de reformar la
legislación británica en el ámbito de drogas presentó al Parlamento una
propuesta de legalización parcial de la cocaína. Ésta se fundamentaba,
básicamente, en que si dicha sustancia estuviese legalizada produciría más
beneficios que perjuicios. Por otra parte, tal y como sucedía en el ejemplo
uruguayo, el control y la regulación del mercado disminuiría la presencia y las
ganancias de los narcotraficantes, considerándose que las políticas represivas
que eran de aplicación, no ofrecían los resultados deseados.
Cabe remarcar que, durante muchos años la cocaína fue legal en el Reino Unido
hasta que, debido a los excesos que se generaron, se acabó ilegalizando en el
siglo XX. El grupo parlamentario que redactó la propuesta afirmaba que mediante
el control de su distribución se evitarían tanto los excesos acontecidos en el
pasado como el control de esta sustancia por parte de los narcotraficantes.
Asimismo, defendían o justificaban esa nueva política ensalzando las virtudes
medicinales que posee la cocaína entre las cuales destaca su utilización para
combatir o paliar los dolores musculares, entre otros.
A la vista de la situación expuesta puede concluirse que algunos países
consideran que sus actuales políticas tendentes a la tipificación han resultado
infructuosas optando así por la introducción de la corriente diametralmente
opuesta. La consecución de los fines con los que nacen estas nuevas políticas
despenalizadoras podrá ser objeto de análisis dentro de unos años pero, por el
momento, tan sólo se trata del punto de partida de una nueva corriente en
materia criminológica. |