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En estas pasadas semanas, con los trágicos acontecimientos acaecidos en Francia,
Bélgica y otros lugares de la geografía europea, se ha desatado un enorme debate
sobre la seguridad nacional de los estados frente al terrorismo yihadista. Los
ejecutivos de varios de los países más importantes de la UE han anunciado y
aprobado algunas medidas en aras de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Así ha ocurrido en Francia, donde se ha habilitado la posibilidad de escuchas
policiales sin autorización judicial, o en Alemania, donde a los sospechosos de
formar parte de redes yihadistas, se les podrá retirar el documento de
identidad, a fin de que no puedan abandonar el territorio nacional germano.
En nuestro país, nuestro gobierno ya había anticipado algunas de esas medidas en
algunos de los recientes proyectos legislativos que han salido del Consejo de
Ministros.
Así el enésimo Proyecto de Reforma de la LECR, plantea abiertamente la supresión
de la autorización judicial para la intervención de las comunicaciones y las
escuchas policiales, en supuestos de urgencia. Esta reforma supone una
vulneración evidente del derecho fundamental a la intimidad y del secreto de las
comunicaciones, consagrado en el Art.18.3 CE; asimismo vulnera el contenido del
Art 55 CE, que establece claramente que una eventual suspensión de este derecho
fundamental, requiere de autorización judicial.
No conviene olvidar que el que fuera Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón, fue condenado precisamente por vulnerar este derecho fundamental, al
autorizar injustificadamente unas escuchas de los letrados con sus clientes
internos en centros penitenciarios. Muy negativamente al respecto, se han
pronunciado tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal, en sus respectivos informes
sobre este proyecto legislativo del gobierno.
La otra gran medida es la que se introduce a través del “nuevo código penal”,
cuyo proyecto ha sido aprobado recientemente por las cortes. En el que se
establece la posibilidad de que por parte de las FFyCC de Seguridad del Estado,
se introduzca software espía, comúnmente denominados troyanos, en los
ordenadores de supuestos delincuentes. Y ello sin el debido control judicial,
tal y como se ha planteado en esta reforma.
A esto se une la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del 16 de enero
pasado, del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, del que no se
conocen muchos detalles, salvo la creación de la figura de la “Situación de
interés para la Seguridad Nacional”, cuya declaración corresponde al Presidente
del gobierno. Se asegura desde el ejecutivo que en ningún caso supondrá merma de
los derechos y libertades fundamentales. Los antecedentes legislativos desde
luego no ayudan a confiar en que así vaya a ser.
En honor a la verdad, hemos de decir que este camino legislativo, no es original
de España, siquiera de los países de nuestro entorno. Tras el 11S, en EEUU se
aprobó un paquete de normas conocidas como “Patriot Act”, que otorgaba plenos
poderes a las autoridades policiales de aquel país, en la lucha antiterrorista,
dejando de lado los derechos y libertades fundamentales que la Constitución de
aquel país reconoce a sus ciudadanos. De ahí surgió el centro de detención de
Guantánamo, aunque el término más correcto sería el de limbo jurídico. Una
aberración para cualquiera que defienda el estado derecho y la democracia.
En el debate seguridad frente a libertad, se ha de ser cauteloso, dedicarle el
tiempo que requiere una reflexión de este calado, cuando afecta a muchas de las
libertades y derechos que tanto costó introducir en nuestro país. Los tiempos de
la política sin duda son otros, y los dirigentes europeos se han lanzado en una
carrera de medidas en pos de garantizar la seguridad nacional, olvidando que
dichas medidas son contrarias a las normas más sagradas de nuestros
ordenamientos jurídicos. Aquí hemos de reivindicar el valor del estado derecho,
del análisis de los juristas, de la propia democracia. Muy poco habremos ganado
si para combatir el terrorismo, cualquiera que sea su origen, renunciamos a los
derechos y libertades fundamentales, que es precisamente el objetivo de los
terroristas.
Nadie puede estar en contra de tratar de garantizar mayor seguridad para los
ciudadanos, de luchar contra aquellos que por no compartir los valores de la
libertad, la tolerancia y la convivencia, quieren atacar nuestros sistemas
democráticos. Es un noble objetivo, en el que todos estamos de acuerdo. Pero no
puede desarrollarse a cualquier precio. La mejor manera de combatir las ideas
fanáticas que incitan y promueven los actos terroristas, es con la ley en la
mano, con la fuerza del estado derecho.
La experiencia de nuestro país en ese sentido es excelente. Hemos sufrido
ataques de muchas clases de terrorismo, incluso hemos sufrido el mayor atentado
yihadista en suelo europeo. Y siempre se combatió con la fuerza del estado de
derecho, con la defensa de los valores democráticos. Con orgullo podemos afirmar
que los culpables de esos trágicos sucesos cumplieron, cumplen y seguirán
cumpliendo sus condenas, con la aplicación de las leyes por las autoridades
judiciales.
Sin renunciar ni un solo centímetro a los derechos y libertades fundamentales.
El camino que parece emprender el gobierno de nuestro país, puede terminar
conduciendo a una situación que ya fue predicha por George Orwell en su
fantástica novela “1984”.
Por ello, no podemos dejar de mostrar nuestro desacuerdo y total oposición a
cualesquiera proyectos legislativos que vulneren derechos y libertades
fundamentales, en pos de la seguridad nacional. «Aquellos que renunciarían
a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen
ni libertad ni seguridad», Benjamin Franklin. |