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26 de ENERO de 2015

Libertad versus seguridad

LAWYERPRESS

Por Carlos Doñoro Ayuso, vocal de la comisión ejecutiva de CEAJ y anterior presidente de AJA Alcala

 

Carlos Doñoro Ayuso, vocal de la comisión ejecutiva de CEAJ y anterior presidente de AJA AlcalaEn estas pasadas semanas, con los trágicos acontecimientos acaecidos en Francia, Bélgica y otros lugares de la geografía europea, se ha desatado un enorme debate sobre la seguridad nacional de los estados frente al terrorismo yihadista. Los ejecutivos de varios de los países más importantes de la UE han anunciado y aprobado algunas medidas en aras de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Así ha ocurrido en Francia, donde se ha habilitado la posibilidad de escuchas policiales sin autorización judicial, o en Alemania, donde a los sospechosos de formar parte de redes yihadistas, se les podrá retirar el documento de identidad, a fin de que no puedan abandonar el territorio nacional germano.

En nuestro país, nuestro gobierno ya había anticipado algunas de esas medidas en algunos de los recientes proyectos legislativos que han salido del Consejo de Ministros.

Así el enésimo Proyecto de Reforma de la LECR, plantea abiertamente la supresión de la autorización judicial para la intervención de las comunicaciones y las escuchas policiales, en supuestos de urgencia. Esta reforma supone una vulneración evidente del derecho fundamental a la intimidad y del secreto de las comunicaciones, consagrado en el Art.18.3 CE; asimismo vulnera el contenido del Art 55 CE, que establece claramente que una eventual suspensión de este derecho fundamental, requiere de autorización judicial.

 No conviene olvidar que el que fuera Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón,  fue condenado precisamente por vulnerar este derecho fundamental, al autorizar injustificadamente unas escuchas de los letrados con sus clientes internos en centros penitenciarios. Muy negativamente al respecto, se han pronunciado tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal, en sus respectivos informes sobre este proyecto legislativo del gobierno.

La otra gran medida es la que se introduce a través del “nuevo código penal”, cuyo proyecto ha sido aprobado recientemente por las cortes. En el que se establece la posibilidad de que por parte de las FFyCC de Seguridad del Estado, se introduzca software espía, comúnmente denominados troyanos, en los ordenadores de supuestos delincuentes. Y ello sin el debido control judicial, tal y como se ha planteado en esta reforma.

A esto se une la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del 16 de enero pasado, del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, del que no se conocen muchos detalles, salvo la creación de la figura de la  “Situación de interés para la Seguridad Nacional”, cuya declaración corresponde al Presidente del gobierno. Se asegura desde el ejecutivo que en ningún caso supondrá merma de los derechos y libertades fundamentales. Los antecedentes legislativos desde luego no ayudan a confiar en que así vaya a ser.

En honor a la verdad, hemos de decir que este camino legislativo, no es original de España, siquiera de los países de nuestro entorno. Tras el 11S, en EEUU se aprobó un paquete de normas conocidas como “Patriot Act”, que otorgaba plenos poderes a las autoridades policiales de aquel país, en la lucha antiterrorista, dejando de lado los derechos y libertades fundamentales que la Constitución de aquel país reconoce a sus ciudadanos. De ahí surgió el centro de detención de Guantánamo, aunque el término más correcto sería el de limbo jurídico. Una aberración para cualquiera que defienda el estado derecho y la democracia.

En el debate seguridad frente a libertad, se ha de ser cauteloso, dedicarle el tiempo que requiere una reflexión de este calado, cuando afecta a muchas de las libertades y derechos que tanto costó introducir en nuestro país. Los tiempos de la política sin duda son otros, y los dirigentes europeos se han lanzado en una carrera de medidas en pos de garantizar la seguridad nacional, olvidando que dichas medidas son contrarias a las normas más sagradas de nuestros ordenamientos jurídicos. Aquí hemos de reivindicar el valor del estado derecho, del análisis de los juristas, de la propia democracia. Muy poco habremos ganado si para combatir el terrorismo, cualquiera que sea su origen, renunciamos a los derechos y libertades fundamentales, que es precisamente el objetivo de los terroristas.

Nadie puede estar en contra de tratar de garantizar mayor seguridad para los ciudadanos, de luchar contra aquellos que por no compartir los valores de la libertad, la tolerancia y la convivencia, quieren atacar nuestros sistemas democráticos. Es un noble objetivo, en el que todos estamos de acuerdo. Pero no puede desarrollarse a cualquier precio. La mejor manera de combatir las ideas fanáticas que incitan y promueven los actos terroristas, es con la ley en la mano, con la fuerza del estado derecho.

 La experiencia de nuestro país en ese sentido es excelente. Hemos sufrido ataques de muchas clases de terrorismo, incluso hemos sufrido el mayor atentado yihadista en suelo europeo. Y siempre se combatió con la fuerza del estado de derecho, con la defensa de los valores democráticos. Con orgullo podemos afirmar que los culpables de esos trágicos sucesos cumplieron, cumplen y seguirán cumpliendo sus condenas, con la aplicación de las leyes por las autoridades judiciales.

 Sin renunciar ni un solo centímetro a los derechos y libertades fundamentales. El camino que parece emprender el gobierno de nuestro país, puede terminar conduciendo a una situación que ya fue predicha por George Orwell en su fantástica novela “1984”.

Por ello, no podemos dejar de mostrar nuestro desacuerdo y total oposición a cualesquiera proyectos legislativos que vulneren derechos y libertades fundamentales, en pos de la seguridad nacional.    «Aquellos que renunciarían a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad», Benjamin Franklin.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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