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El
Presidente
del
Tribunal
Constitucional,
Francisco
Pérez
de
los
Cobos,
ha
sido
el
encargado
de
pronunciar
el
discurso
inaugural
en
la
audiencia
solemne
de
apertura
del
año
judicial
del
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
(TEDH),
que
ha
tenido
lugar
este
viernes
en
su
sede,
en
Estrasburgo,
y a
la
que
han
asistido
representantes
de
las
más
altas
instituciones
judiciales
de
los
Estados
que
integran
el
Consejo
de
Europa.
Durante
su
intervención,
el
Presidente
del
Tribunal
Constitucional
ha
puesto
de
manifiesto
la “capital”
contribución
del
TEDH
en
la “construcción
y
desarrollo
del
sistema
europeo
de
protección
de
los
derechos
humanos”.
Esta
Institución
ha
convertido
en
realidad
la
Europa
que
soñaron
los
fundadores
del
Consejo
de
Europa
cuando,
el 4
de
noviembre
de
1950,
firmaron
el
Convenio
Europeo
de
Derechos
Humanos
y,
con
él,
“establecieron,
limitando
las
soberanías
nacionales,
una
jurisdicción
internacional
encargada
de
garantizar
el
respeto
por
los
Estados
firmantes
de
los
derechos
fundamentales
que
habían
reconocido”.
A
este
sistema
de
protección
de
los
derechos
humanos
tienen
hoy
acceso,
a
través
de
la
interposición
de
recursos
individuales,
800
millones
de
europeos.
También
ha
destacado
la
importancia
que
tuvo
la
jurisprudencia
del
TEDH
en
los
inicios
de
la
democracia
española.
Con
la
ratificación
del
Convenio
Europeo
de
Derechos
Humanos
por
España
en
1979,
las
sentencias
dictadas
por
el
Tribunal
de
Estrasburgo
se
convirtieron
en
un
referente
claro
para
la
interpretación
de
“derechos
tan
relevantes
como
el
de
igualdad
ante
la
ley
y no
discriminación,
el
derecho
a la
intimidad,
el
derecho
al
secreto
de
las
comunicaciones,
la
libertad
de
expresión,
el
derecho
de
reunión
y
manifestación,
el
derecho
a un
proceso
con
todas
las
garantías,
el
derecho
de
defensa
o el
de
presunción
de
inocencia”.
Con
el
transcurso
de
los
años,
y
gracias
al
papel
determinante
que
ha
desempeñado
el
Tribunal
Constitucional
en
la
recepción
de
ese
acervo
doctrinal,
la
influencia
del
TEDH
en
la
interpretación
de
los
derechos
humanos
se
pone
de
manifiesto
en
el
trabajo
diario
de
los
jueces
y
los
tribunales
españoles,
que
actúan
como
“eficaces
garantes
de
los
derechos
reconocidos
en
el
Convenio
de
Roma
y de
sus
Protocolos
adicionales”.
La
relación
entre
el
Tribunal
de
Estrasburgo
y
los
órganos
judiciales
españoles
ha
dejado
de
ser
unilateral
para
pasar
a
convertirse
en
un
verdadero
“diálogo
entre
tribunales”.
Uno
de
los
problemas
en
los
que
se
ha
puesto
de
manifiesto
esta
interacción
es
el
relativo
al
cumplimiento
de
las
sentencias
del
Tribunal
de
Estrasburgo,
una
cuestión
que
el
Convenio
de
Roma
no
aclara,
pues
“no
establece
la
forma
en
que
los
Estados
deben
ejecutar”
sus
resoluciones.
Desde
hace
más
de
dos
décadas,
“la
jurisprudencia
constitucional
española
ha
sido
beligerante
a la
hora
de
garantizar
la
ejecución
efectiva
de
las
sentencias
del
Tribunal
de
Estrasburgo”,
por
lo
que
de
alguna
manera
ha
ido
“subsanando”
las
“carencias”
de
la
legislación
en
esta
materia.
Finalmente,
el
Presidente
del
Tribunal
ha
reflexionado
sobre
“la
dimensión
multinivel
del
sistema
europeo
de
protección
de
derechos
humanos”,
que
hoy
es
“con
seguridad,
el
principal
desafío
al
que
nos
enfrentamos”.
La “complejidad”
de
este
sistema
viene
dada
por
la
superposición
de
distintas
declaraciones
de
derechos
(Constituciones
nacionales,
Convenio
Europeo
de
Derechos
Humanos,
Carta
de
Derechos
Fundamentales
de
la
Unión
Europea),
cada
una
de
las
cuales
está
“respaldada
por
la
jurisdicción
de
un
tribunal
que
se
presenta
como
su
máximo
intérprete”.
A
las
“inevitables”
discrepancias
jurisprudenciales,
se
suma
la “complejidad
procedimental”
derivada
de
la
posibilidad
de
interponer,
en
el
curso
del
mismo
proceso,
recursos
ante
diferentes
instancias.
Las
normas
vigentes
no
ofrecen
“pautas
claras”
respecto
de
las
distintas
posibilidades
que
se
presentan
al
ciudadano,
por
lo
que
deben
acometerse
las
reformas
necesarias
que
permitan
minimizar
la “sensación
de
incertidumbre”
que
puede
generar
el
sistema
multinivel.
Mientras
llegan
esas
decisiones,
el
Presidente
del
Tribunal
Constitucional
ha
abogado
por
que
los
actores
implicados
en
la
protección
de
los
derechos
humanos
sigan
apostando
por
el “diálogo”,
“el
conocimiento
recíproco
y la
empatía”
como
medios
para
resolver
posibles
fricciones.
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